El pueblo le llama pasar de agache, es decir salir inadvertido frente a una situación apremiante. Algo parecido ocurre con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sometida por cuarta vez a un juicio político sin que hasta ahora la Asamblea Nacional reúna los votos necesarios para destituirla de su cargo, amenazado por acusaciones de corrupción en el caso del reparto de hospitales a cambio de apoyo parlamentario al régimen, e incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre pasado cuando la policía utilizó contra los manifestantes bombas lacrimógenas caducadas lo que provocó pérdida de vidas y heridos entre los protestantes.
Esta vez la ministra de Gobierno esgrime su palabra contra la de testigos protegidos que comparecieron ante la Comisión de Fiscalización parlamentaria a rendir su testimonio de haber sido reprimidos y maltratados físicamente por elementos policiales durante las manifestaciones de octubre pasado. Los tres testigos, convocados por la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo, hicieron un largo relato de cómo sufrieron apremio en manos de la policía a cargo de M.P. Romo.
El pedido, solicitado por el parlamentario José Serrano, se dio en el marco del juicio político que se sigue en contra de Romo, y fue emitido por Julio Aníbal Flores Ron; Nicole Alejandra Villafuerte Lascano; y, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, quienes afirmaron ser víctimas de agresiones físicas por parte de elementos de la policía con riesgo sus vidas. J. A. Flores acusó a la entidad policial de intento de homicidio, luego que fue conducido herido de bala a una casa de salud y que de esa acción policial es responsable M. P. Romo. El testigo manifestó que no tiene evidencias fílmicas ni documentos que demuestren que la orden provino del ministerio de Gobierno y que la acción fue ejecutada por policías, no obstante, su testimonio fue receptado por los investigadores. N. Villafuerte dijo que está procesada por la Fiscalía y que la ministra de Gobierno es responsable de los hechos violentos al frente de la Policía Nacional. J. Urresta relató cómo mientras participaba en un cacelorazo durante el paro de octubre pasado recibió una bomba lacrimógena que dispara un policía a pocos metros de distancia, impactando en su ojo izquierdo que perdió por el golpe. Luego de estos hechos Urresta dijo que fue abordada por una emisaria de la ministra M. P. Romo que le entregó una citación para asistir al edificio de la Plataforma gubernamental donde narró su versión de los hechos. Dijo además que Romo le había preguntado “qué es lo que quería y que cuánto quería” y que su respuesta había sido que solo necesitaba un debido proceso legal y que sea la investigación jurídica la que rinda cuentas en todos los casos. Luego de ese episodio, Romo habría concluido la reunión con Urresta que actualmente es activista defensora de los Derechos Humanos, y que posteriormente -dijo- fue víctima de amenazas ella y su familia, perseguida e intimidada por la Policía Nacional y que tiene grabaciones en las que la ministra Romo la acusa de mentirosa y que esta acusación debe sostenerla ante la justicia ordinaria.
Tras su declaración, los tres testigos tienen derecho a exigir reparación al Estado en términos económicos y el resarcimiento de los daños psicológicos y a su honra y buen nombre. Los testigos pasaron a ser víctimas protegidas por la Fiscalía para salvaguardar su integridad física y moral, en tanto, la ministra de Gobierno, Maria Paula Romo, una vez más, se apresta a sortear su responsabilidad en estos hechos frente a una justicia política y penal que no debe permitir que nadie pase de agache por debajo de las galletas.
