El informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre la situación de la región para el 2020 emitido a comienzos de año, fue la crónica de un colapso anunciado. Las previsiones serían lapidarias, el continente en sus proyecciones mostraba la crisis económica y social más fuerte que ha experimentado la región en varias décadas, que pone de manifiesto las debilidades estructurales de su economía cuyo PIB iba a descender en un 9,1%, la mayor caída desde que se tiene antecedentes hace 120 años. El producto por habitante descendería un 9,9% retrocediendo a los niveles mostrados en el año 2010. Luego vino la pandemia y el informe de la CEPAL mostraba que estas debilidades redujeron las posibilidades de enfrentar adecuadamente la crisis, en países en los cuales existen sistemas de salud precarios y poco equitativos, altos porcentajes de informalidad laboral y sistemas de protección social limitados. Es decir, no fue la pandemia la que agudizó las contradicciones capitalistas sino todo contrario, el sistema socio económico vigente fue el que exacerbó el drama latinoamericano de la epidemia del coronavirus. Frente a esta realidad el organismo internacional instó a los países a dejar de lado las políticas de ajustes fiscales y recomendó efectuar planes fiscales y monetarios en magnitudes superiores a los aprobados en los últimos meses.
La caída del producto interno bruto en la región sudamericana comenzó el primer trimestre, antes de que empiece la pandemia debido a contracciones en las demandas internas y externas. Un factor determinante fue la contracción en la que ya se encontraba China durante los primeros meses del año. En el caso de Ecuador, nuestro país ya había iniciado el tortuoso descenso de su economía desde hace tres años con una fase de debilitamiento económico agudizado por decisiones erróneas del gobierno central adoptadas en el marco de las sugerencia del FMI, que nunca dieron resultados favorables a la región. Y esto es notorio observarlo en la repercusión que tienen las recetas fondomonetaristas en la economía popular, fruto de que el consumo privado de la región, en general, tuvo un componente de demanda muy golpeado. La CEPAL señala en su informe que “se ha producido un acelerado deterioro del gasto en los hogares como resultado del contexto de confinamiento obligatorio establecido por las autoridades en muchos países, el aislamiento social voluntario de las personas y la detención de muchas actividades no prioritarias”. Se produjo, además, una contracción en la inversión y el descenso de los ingresos familiares agudizado por la cuarentena.
A la crisis interna de cada país hay que sumarle los impactos negativos externos. Las exportaciones, que dependen de fenómenos globales caerán en un 23%, en tanto, las importaciones con mercado internos contraídos, lo harán en un 25% en la región. La CEPAL augura para América Latin que los términos de intercambio promedio caerán este año en un 4,7% en la región. Según el organismo internacional el choque negativo se concentrará en aquellos países exportadores de hidrocarburos y los exportadores de alimentos y metales se verían menos afectados. En Sudamérica los términos de intercambio se deteriorarán hasta en un 8% de manera general.
El déficit público experimentará un ascenso en la región al 8,4%, debido a que los ingresos fiscales se reducirán, porque son proporcionales al nivel de actividad económica, en este caso deprimida. Los últimos datos de recaudación tributaria para la región son del 2018 y su nivel alcanzó el 23% del PIB. El desafío, según CEPAL, “no es aumentar la presión tributaria, sino hacerlo en forma progresiva, con el propósito de que el sistema tributario también contribuya a disminuir las desigualdades”.
En lo referente al endeudamiento externo promedio de los países de la región, que al final del 2019 estaba en un 46% del PIB, se elevará. Se conoce que los ingresos globales de América Latina siempre han sido insuficientes para cubrir las erogaciones públicas, lo cual conduce inevitablemente a un déficit en el manejo de los ingresos fiscales, según afirman los especialistas. Ejemplo de ello es que en la última década los ingresos de nuestros países no han podido solventar el crecimiento del gasto público, lo cual aumentó con la crisis obligándonos al endeudamiento externo como en un círculo vicioso.
El escenario delimitado por CEPAL coincide con la visión que tiene el Banco Mundial acerca de la región latinoamericana, en donde en el año 2020 se producirá la mayor concentración de miseria desde que se tiene registros. El Banco Mundial señaló en su informe bianual de pobreza extrema que el 2020 está afectando entre 703 y 709 millones de personas. La estimación efectuada antes de desatarse la pandemia era que en el año en curso sería de 615 millones. Por tanto, la crisis aumentó su número en un rango entre 88 y 114 millones de pobres y se trata del mayor incremento desde 1990. En esta situación se encuentran quienes perciben menos de US$ 1,90 diarios. “Los nuevos pobres son más urbanos, están mejor educados y tienen menos posibilidades en la agricultura que los que vivieron en la pobreza extrema antes del Covid-19”, señala el documento. El analista David Malpass, comentó: “los países pobres tienen pocos estabilizadores y cuentan con sistemas sanitarios y redes de protección débiles. Para ellos no hay ninguna vía rápida para revertir la reducción de sus ventas a las economías avanzadas o al colapso del turismo y las remesas. (…) tenemos que movernos con urgencia y conseguir una reducción significativa en el balance de los países más asediados. Bajo el sistema actual -concluyó-, cada país, da igual lo pobre que sea, debe lidiar con cada prestamista. Y los acreedores cuentan habitualmente con los abogados mejor pagados de Estados Unidos y el Reino Unido y hacen difíciles las reestructuraciones.”
Frente a este panorama llama la atención la obsesión de ciertos analistas económicos en nuestro país que frente a la proyección de que la economía ecuatoriana se contraerá en un 10%, se rompen el cuesco repensando las mismas fórmulas de siempre que nos han llevado a profundizar la crisis de pobreza: reducción del gasto público, despidos masivos, aumento de impuestos al consumidor, como el IVA, y reducción de impuestos selectivos para empresarios como el de la salida de divisas, flexibilización de las normas laborales mediante reformas que conculcan derechos de los trabajadores, es decir, todas medidas dictadas por el FMI a cambio de un nuevo endeudamiento con el organismo multilateral.
Esto hace pensar que los análisis escapan al ámbito técnico y se adentran en el pantanoso terreno movedizo de la política. Recientemente el ex ministro de Economía y Finanzas ecuatoriano, Richard Martínez fue elegido como “el ministro de Finanzas del año en la región”, por el periódico GlobalMarkets. El medio es una publicación ideada para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y se distribuye en las reuniones de estos entes. Sin duda, un reconocimiento político por su gestión económica acorde con los intereses del fondomonetarismo internacional.
Es hora de pensar en recuperar un sentido de soberanía nacional. Los acuerdos de este gobierno con el FMI “no comprometen al futuro gobierno”, declaró el candidato presidencial banquero, Guillermo Lasso, y con esa declaración de guerra pretende ponerse el parche antes de la herida. Es de elemental sentido común que el entreguismo del actual régimen no debe ser heredado por el futuro gobierno, cualquiera que este sea, si no queremos condenarnos a una crisis sin salida merced a los artilugios de siempre.
