Que la verdad os hará libres, no siempre se cumple. Los ecuatorianos que actualmente guardan prisión por diversos casos de judicialización política están en la capacha por decir la verdad, al menos su verdad, frente a una justicia de ojos vendados, oídos tapados y boca presta para juzgar y condenar. Hay ciertas verdades que develan mentiras y mentiras que son tales cuando se las incuba en una verdad. En la ciencia social cabe la pregunta ¿Cuál es el criterio de verdad? y por lo general se considera que debe ser la praxis.
Que en ese pragmatismo, creemos, radica el criterio de verdad, suele ser un mito. No siempre los hechos son percibidos como referentes de realidad. Es relativo aquello de que si presentamos los hechos tal y cual son, las personas lograran obtener conclusiones armónicas o no contradictorias con los hechos. Nada más lejos de la realidad. La teoría cognitiva afirma que las personas no actúan conforme lo que perciben o sostienen en teoría. Existe una disonancia cognoscitiva que hablaba León Festinger, que explica cómo intentamos mantener la consistencia interna de nuestras creencias y de las ideas que hemos interiorizado. En psicología, el término disonancia cognitiva se refiere a la desarmonía interna que percibe quien tiene, al mismo tiempo, dos pensamientos que están en conflicto, o por un comportamiento que entra en conflicto con sus creencias. Por ejemplo, una persona con valores y creencias morales inculcadas desde su infancia puede verse envuelta en acciones que él mismo rechazaría (guerras, muertes, torturas), por lo que se ve motivada a adoptar nuevos valores que justificarían su actitud.
Esta teoría explicaría los fallos de jueces de cortes sentenciosas que hacen que la verdad de un individuo lo conduzca directo a la cárcel. En el país hay conocidos ejemplos de reos condenados por falta de pruebas, es decir, por ausencia de un criterio de verdad basado en la praxis. La disonancia cognitiva del tribunal que sentenció a una persona inocente incide el momento de forjar evidencias y torcer el curso de los porfiados hechos.
Recientemente fue declarado inocente del delito de peculado, el ex funcionario del gobierno anterior, Fernando Alvarado, que se desempeñó como Secretario Nacional de Comunicación. La Fiscalía afirmó en su acusación que Alvarado, en ese cargo, habría cometido el delito, supuestamente, al inobservar normas en la contratación de personal y proveedores de la institución, y lo vinculó a los ex subsecretarios Pablo Yánez, Galo Pacheco, y al gerente de Gota Azul, Carlos Bravo.
Los jueces, Iván León y Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, determinaron la inexistencia del delito de peculado en el llamado caso Secom y declararon la inocencia de los cuatro procesados, al tiempo que dispusieron el levantamiento de “toda medida personal y real” en su contra. Para los jueces, no se especificó en concreto el peculado en beneficio propio de los juzgados o de otras personas, en la contratación de un camarógrafo que debía monitorear a los medios opositores y elaborar productos audiovisuales para las sabatinas de Rafael Correa. No obstante, el juez Iván Saquicela expresó su disconformidad con el fallo de sus colegas y estimó equivocado el criterio de mayoría. La Fiscalía indicó a través de un comunicado en Twitter que apelará al dictamen de los jueces, mientras las reacciones no se hicieron esperar y saltaron a la palestra quienes se oponen al fallo. El periodista Jorge Ortiz expresó que «tenían (los funcionarios del correísmo) todo el poder y asistían a un festín sobre los fondos públicos».
La persistente presencia de elementos obsesivos con la idea de llevar a la cárcel a funcionarios del ex régimen, pese a la evidencia del criterio de verdad establecido en la práctica, es otra disonancia cognitiva de nuestro sistema de justicia funcionalizado para forjar «las verdades» de la política revanchista.
