Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla una vez como tragedia otra vez como farsa. En los anales de la historia popular el 10 de octubre se inscribe como memoria de la jornada más violentamente represiva de la rebelión de octubre del 2019, protagonizada por el pueblo ecuatoriano. Las protestas que dejaron un saldo de 10 muertos, docenas de heridos y detenidos fue la respuesta popular en contra de un modelo político económico impuesto por el gobierno de Lenin Moreno. Las manifestaciones tuvieron lugar entre el 3 de octubre y el 13 de octubre, a raíz de que el gobierno ordenó eliminar el subsidio a los combustibles. Tras 11 días de protestas, el gobierno y el movimiento indígena acordaron derogar el decreto ejecutivo 883 y elaborar otro en conjunto, el cual, hasta el momento, no se ha concretado.
Sobre los acontecimientos de octubre-de 2019 existen informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, de una comisión multipartidista de la Asamblea Nacional, de la Defensoría del Pueblo y de asociaciones de familiares de las víctimas. Todos coinciden en condenar el comportamiento de los aparatos policiales y militares bajo la dirección de los ministerios de Gobierno y de Defensa que actuaron en las calles con unidades antimotines y que, según dichos informes, incurrieron en graves excesos en el uso de la fuerza represiva.
La CIDH visitó Ecuador del 28 al 30 de octubre, entrevistó 439 personas y registró el testimonio de 380 personas que dicen ser “víctimas de violaciones a los derechos humanos y de otras afectaciones”. Entre las conclusiones del informe, la CIDH sostiene que el principal motivo del paro nacional fue el decreto 883 —que eliminaba los subsidios a los combustibles— y la falta de diálogo del gobierno de Lenín Moreno con los manifestantes. El documento fue publicado el 14 de enero de 2020 e incluye 11 recomendaciones para el Estado ecuatoriano. El informe además pide que se investigue el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de policía y fuerzas de seguridad, así como su actuación en el uso indiscriminado de gases lacrimógenos para controlar las protestas. El informe responsabiliza a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de presuntamente cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”. Entre las recomendaciones la CIDH pide respeto y garantía del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Pide también establecer un plan de acción inmediata y de reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias. En el informe también se mencionan las pérdidas económicas de varios sectores productivos, los saqueos y los ataques a edificios e instituciones. El gobierno de Ecuador mostró inconformidad respecto a la evaluación del informe de la CDIH que catalogó de “subjetiva”.
Por su parte, la Asociación de Víctimas del Paro Nacional Inocencio Tucumbi -uno de los indígenas fallecido a manos de la policía durante las protestas- entregó un pedido a la Corte Constitucional del Ecuador para la desclasificación de documentos de los hechos del paro nacional de octubre de 2019, considerados “reservados, secretos y secretísimos”. El hijo de Inocencio Tucumbi y otras víctimas del paro, personas que quedaron con lesiones permanentes como la pérdida de un ojo, dijo que junto con la asociación plantearon una demanda internacional contra el Estado ecuatoriano para que haya reparación para las víctimas.
Los trabajadores de la prensa protagonizaron su propio episodio de violencia ante la represión policial de la que fueron objeto algunos reporteros de medios impresos y audiovisuales. Un testimonio de la represión quedó registrado en imágenes callejeras de policías golpeando a camarógrafos y fotógrafos. El material gráfico fue censurado, nunca se publicó en las páginas de la prensa mercantil e iba a ser recogido en una edición de un colectivo de fotógrafos que tampoco llegó a circular públicamente. Cristina Vega fotoperiodista de la Agencia de Prensa Independiente API, que desarrolló su trabajo durante todos los días del paro, logró registrar imágenes impresionantes de periodistas caídos y reprimidos a patadas y golpes de toletes en las calles quiteñas por efectivos de la Policía Nacional. «Hubo represión el primer día hacia compañeros colegas fotoperiodistas de los diarios El Comercio, de La Hora y de la agencia API que estuvimos allí. Tomé una foto de periodistas agredidos. Deje de hacer fotos para ayudarles pero les cayeron encima y les pateaban. El momento que ven que estoy haciendo esas fotos viene un policía y me empuja en el pecho durísimo, no me caí porque me golpeó contra otro policía. Nosotros les pedíamos: !somos prensa, paren por favor!», narra Cristina.
Para conocer la historia hay que romper el silencio político, mediático y social para poner fin a la complicidad e impunidad en torno a los hechos represivos de octubre pasado. Las jornadas de octubre son expresión del descontento popular frente a un modelo neoliberal políticamente impositivo, económicamente injusto y socialmente excluyente, considerado agotado. La memoria de estos acontecimientos debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de un cambio estructural de nuestra sociedad.
No puede haber gobernabilidad sin una conciencia que conduzca a consensos y unidad nacional en torno a la interpretación de los hechos de octubre 2019. Es urgente, justo y necesario saldar las cuentas de octubre sin odios ni revanchas. Pero amerita hacer justicia con las víctimas mortales, heridos y detenidos que arrojó la protesta y sancionar política y judicialmente a los responsables que están cobijados en el los ministerios de Gobierno y de Defensa. Esta reivindicación de los derechos populares debe formar parte de la agenda de aspirantes presidenciales dispuestos a transformar en la práctica el Ecuador de la memoria herida de octubre.
MATERIAL CENSURADO EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS
