Mauricio Pozo, nuevo ministro de Economía y Finanzas, es uno de los rostros visibles del neoliberalismo económico criollo. El ex ministro de Lucio Gutiérrez dijo sentirse “cómodo con la invitación” de Lenin Moreno de reemplazar a Richard Martínez en la cartera de Estado y prometió dar “continuidad y fortaleza al programa económico de la administración anterior”. La perspectiva prometida no es nada nuevo. Pozo destacó el acuerdo con los tenedores de bonos logrado en agosto de 2020, previo pago de los intereses de la obligación a inicios de la pandemia. Los bonos son papeles que entrega un Estado a inversionistas privados para financiar los gastos públicos y, a cambio, paga una tasa de interés a un plazo determinado. El Ministerio de Finanzas no pagó solo $ 324 millones del capital de los bonos 2020, sino que también cumplió con el pago de los intereses de este tramo de deuda y que ascendían a $ 17 millones más. En total el pago realizado el 24 el marzo pasado fue de $ 341 millones. El pago de los bonos 2020 ha estado marcado por la polémica. La Asamblea había pedido no realizar el pago, mientras el Gobierno ha sostenido que si no se hubiese hecho esta cancelación hubiésemos caído en default, lo que habría bloqueado futuro financiamiento del exterior, tanto de multilaterales como de China. Con la pandemia, Ecuador tuvo dificultades para hacer frente a sus pagos y planteó una re-negociación de las condiciones para dar un alivio a la caja fiscal.
Pozo prometió fortalecer el programa económico del anterior ministro Martínez y anunció un próximo “diálogo nacional para llegar a consensos básicos en reformas que el Ecuador requiere”, reajustes que se harán independientemente de los acuerdos alcanzados por Ecuador con el FMI. El organismo internacional condicionó al país a cumplir con una serie de sugerencias a cambio de aprobar una nueva deuda de 6.500 millones de dólares. Entre las condiciones el FMI impone a Ecuador aumentar el impuesto al valor agregado IVA, del 12% al 15%, terminar con la devolución de 92 millones del IVA a los jubilados y suspender la excensión del IVA a las universidades. Se trata de recetas ya conocidas del ideario neoliberal que están siendo cuestionadas desde los sectores sociales por considerarlas antipopulares.
Lo significativo es que tanto las promesas de Pozo como las imposiciones del FMI, no cuentan con el tiempo necesario para ser realizadas en este régimen y tendrán que ser asumidas por un próximo gobierno al que Moreno prometió “dejar un mejor país del que recibió”, y que en la práctica deja más endeudado del que se hizo cargo en mayo del 2017. Pozo dijo al respecto que el próximo gobierno podrá decidir qué es lo mejor, tomando en consideración que se debe intentar mantener las metas del programa actual. Incluso para reiterarlo mantuvo en sus cargos a los viceministros de Economía y Finanzas, Esteban Fierro y Fabián Carrillo.
Pozo que fue Ministro de Finanzas en el gobierno de Lucio Gutiérrez entre 2003 y 2004, está reiterando la línea aplicada por ese régimen considerado “entreguista” a los designios internacionales de EE.UU y del FMI. La política económica del régimen del coronel Gutiérrez con Mauricio Pozo a la cabeza no mostró nada nuevo, por el contrario, respondió a la más ortodoxa expresión de la corriente de pensamiento dominante en las últimas décadas en Latinoamérica. Dicha estrategia no se agotó y en diversos casos no funcionó, y que fue diseñada desde mediados de los años ochenta en el llamado “Consenso de Washington”. La misma que ha sido reiterada en las cartas de intención y acuerdos firmados con el FMI a través de la historia, en los que además del alza de los combustibles y de los servicios públicos, se compromete en forma explicita hasta el congelamiento de las pensiones jubilares para lograr flujos de inversiones y capitales. Así, el gobierno de Gutiérrez optó por la medida de incrementar el precio a la gasolina extra (de 1,12 dólares por galón a 1,27 dólares) y de la súper en 30 centavos de dólar hasta alcanzar 1,75 dólares por galón. Otras opciones contemplaron el aumento del precio del gas de uso doméstico, una reforma tributaria económica urgente para crear un impuesto a los vehículos, otro a las utilidades de las empresas, eliminar las exenciones arancelarias para 1.750 rubros o productos de importación y bajar los gastos de los ministerios en un 10%. Los justificativos de estas medidas siempre apelaron al argumento manejado en el discurso de la debacle fiscal, que tampoco es nada nuevo en Latinoamérica, filosofía impuesta por el Consenso de Washington para el continente sudamericano. De modo que el cambio de ministro de Economía y Finanzas, no representa sino el primer día de lo mismo.
