Un hecho que evidencia la descomposición social que vive Ecuador es que las pantallas de los televisores destilan sangre cada día, por decir lo menos, convirtiendo las notas de crónica roja en la única noticia posible o publicable. TC Televisión es el canal estatal que en gran medida emite escenas de violencia cotidiana mostrando en sus espacios informativos matinales, diarios y vespertinos imágenes de asaltos, crímenes, robos, accidentes, corrupción como el menú televisivo cotidiano, sin que aparentemente existan noticias positivas que informar.
Ecuador carece de una instancia que controle contenidos televisivos que se emiten, de manera que la prensa no tiene una normativa que filtre o regule las emisiones de la criminalidad que asola al país. Y resulta más inverosímil aun, cuando es la prensa estatal u oficial, la que promueve con mayor frecuencia las escenas violentas en sus notas de crónica policial o judicial, secundada por la competencia de cadenas privadas como Ecuavisa, Teleamazonas y otros.
El zapping a vuelo de pájaro por las estaciones de televisión ecuatorianas, muestra escenas de operativos que descubren laboratorios y pistas de aterrizaje clandestinos, cargamentos o embarques de cientos de toneladas de droga como cocaína o marihuana, entre otras, confirmando que Ecuador es país productor de estupefacientes. De igual modo, las escenas enseñan cómo los crímenes del sicariato cometidos en las calles de las ciudades ecuatorianas son el acontecer de cada día en reyertas de ajustes de cuenta o disputas territoriales entre mafias urbanas. La guerra entre las bandas de los Choneros y Lagartos ya es clásica en Guayaquil. Los espacios rurales también son escenario de crímenes y asaltos a transportes en carreteras y chaquiñanes interprovinciales. Las víctimas son por lo general pasajeros y choferes de buses o taxis que hacen recorridos por las rutas de la delincuencia vial.
La corrupción y el crimen organizado parecen haberse tomado el país. En el ámbito político la crónica judicial satura las pantallas con detalles de actos dolosos, como el reparto de cargos públicos, manejo ilegal de cuotas de poder y tráfico de influencias en instituciones del Estado, del ejecutivo y legislativo. En ministerios como el de Salud y en la Asamblea Nacional tiene lugar el festín de puestos, negociados y entrega de coimas, delitos que incluyen el sobreprecio en compras de insumos médicos para afrontar la pandemia, robo de medicamentos. Y el crimen por silenciamiento de autores y testigos de hechos delictivos, como ocurrió con el israelita Shy Dahan, asesinado en la cárcel de Guayaquil no es un hecho aislado, vinculado a la misma tipología de esos delitos. El caso del ciudadano extranjero además reveló cómo las mafias controlan la “seguridad” a cambio de fuertes sumas de dinero en la penitenciaria del litoral, con la presunta anuencia de su propio director hoy detenido para investigación. La Fiscalía detalló que hasta el momento se procesan 68 noticias de delito, de las cuales 34 se originaron en Guayas, 17 en Pichincha, 9 en Esmeraldas, 4 en Los Ríos, 1 en Santa Elena, 1 en Azuay, 1 en Sucumbíos, y 1 en El Oro. La institución ha reportado 819 procesos de indagación fiscal, mientras la Asamblea Nacional tiene pendiente varios juicios políticos contra los ministros de Finanzas, de Gobierno y un miembro del CPCCS por supuestas irregularidades. Solo en el poder legislativo existen más de 60 parlamentarios en proceso de investigación por excesos en sus funciones.
Un análisis de contenido de las emisiones al aire de la televisión ecuatoriana demuestra que sobre el 90% del espacio está dedicado al crimen organizado, acciones de sicariato, tráfico de drogas, asociación ilícita, corrupción estatal, con diversas escenas de manifiesta violencia. Lo inconcebible es que estos hechos son mostrados con tono descriptivo, sin tamiz o contextualización, lo que termina en una apología del delito. Al mismo tiempo la profusión de hechos delictivos, a través de los espacios de la prensa amarillista o de crónica roja, pone en evidencia la ineficacia del ministerio de Gobierno y Policía encargado de armonizar la convivencia en la sociedad. La falta de incidencia de una función que debe garantizar gobernanza, armonía social, coordinación con sectores políticos y precautelar la paz ciudadana es evidente, con riesgo de convertirse el país en territorio de nadie. Más temprano que tarde.
