Las imágenes de un video que se hicieron virales en redes sociales muestran cómo un efectivo de Carabineros, policía uniformada antimotines chilena, empuja desde un puente a un joven de 16 años que se manifestaba en las inmediaciones del río Mapocho que cruza la ciudad de Santiago. La escena muestra cómo el manifestante cae desde el puente y queda inconsciente en el lecho del río con múltiples contusiones en el cráneo y fracturas de sus extremidades inferiores. La nueva acción represiva y criminal de un funcionario de Carabineros de Chile volvió a provocar gran indignación en contra de la institución policial y una crisis política de envergadura, que se vio agravada por las engañosas declaraciones oficiales de la Policía y mentiras emitidas desde La Moneda, casa de gobierno chilena.
En el Congreso se activó una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez y una demanda de destitución del general director de Carabineros, Mario Rozas. Según versiones de prensa el enojo social se produjo por las contradicciones, engaños y confusiones de parte de altos oficiales policiales, que se sumaron a anteriores episodios de montajes y de mentiras. Ante estos hechos la Fiscalía decretó la detención del carabinero acusado de arrojar a un joven al río Mapocho, acto represivo que indica que los uniformados persisten en prácticas criminales. En un acto de repudio social cientos de personas coparon la Plaza de la Dignidad, y condenaron la represión de la policía uniformada y del gobierno de Sebastián Piñera.
La policía habló de una “filtración mal intencionada de imágenes y personas que mentían” al denunciar la acción del policía que empujo al joven al lecho del río, pero no se trató de filtración porque la imágenes fueron grabadas por la cadena TeleSur y varios celulares de testigos. El agravante se dio cuando esas mismas imágenes muestran al joven inconsciente en el agua sin recibir socorro policial. La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones PDI, realizó peritajes e investigaciones y concluyó, junto a la Fiscalía, que ante estas evidencias el carabinero Sebastián Zamora Soto, podía ser acusado de presunto delito de homicidio frustrado. La versión policial desmintió los hechos: “quiero recalcar muy fuertemente sobre un video, imágenes que andan por las redes sociales, donde dicen que supuestamente Carabineros habría arrojado a un menor de edad al lecho del río Mapocho. Quiero desmentir rotundamente este tipo de situación, por ningún motivo Carabineros arrojó a esta persona al lecho del río”, afirmó el teniente coronel Rodrigo Soto oficial de las Fuerzas Especiales, dotación a la que pertenece el efectivo inculpado. Una vez investigadas las evidencias y filmaciones Soto tuvo que retractarse, y manifestó que “este lamentable accidente se produjo en un contexto intenso de detención de personas que causaban desórdenes. (…) y el carabinero que aparece en el video está claramente identificado (…) para mí el funcionario intentó detenerlo al joven, pero la persona pierde el equilibrio y cae”. Como ocurrió con Carabineros en muchos episodios pasados, la policía uniformada chilena no reconoció el acto represivo ni la mala acción del funcionario policial. No es la primera vez que ocurre un hecho represivo donde están involucrados carabineros de Fuerzas Especiales. Hay testimonios de prensa de jóvenes que dicen haber sido “empujados o arrojados al río Mapocho durante manifestaciones”. Es el caso de Pablo Marín, un hombre de 38 años, quien en febrero de este año fue víctima de un episodio similar al ocurrido este viernes. Indicó que “hace ocho meses, cuando me tiraron al Mapocho, decidí presentar la denuncia para que hubiera constancia y no volviera a pasar una cosa semejante. Lo terrible es que volvió a pasar. La diferencia es que esta vez lo vio todo el mundo”, expresó Marín.
Crisis política
Estos hechos represivos policiales han desencadenado una crisis política en Chile, poniendo en entredicho al gobierno nacional. Desde las esferas del poder se ha manejado indebidamente la comunicación con versiones presuntamente inexactas y contradictorias. El ministro del Interior, al igual que el vocero de La Moneda, dijeron que se habían contactado con la familia del joven agredido y que pusieron a su disposición todo el apoyo que se entrega en estas circunstancias. Pero la madre del joven, Daisy Alvear, dijo que era mentira lo expresado por Víctor Pérez y Jaime Bellolio, que no se habían contactado con la familia. “Mentira, el gobierno miente. Nadie del gobierno se ha comunicado conmigo”, dijo la madre del joven hospitalizado con fracturas y TEC cerrado. A Piñera se le volvió a pedir que saque de su cargo al director de Carabineros Mario Rozas, a quien se sitúa como principal responsable institucional de hechos delictivos y criminales protagonizados por la policía uniformada el último año. En tanto, el ministro del Interior, Víctor Pérez, podría enfrentar relativamente en poco tiempo una acusación constitucional por el episodio de este fin de semana, y tendría que asumir su responsabilidad política e institucional por los actos desmedidos de parte de Carabineros. Mientras que diversos sectores parlamentarios se mostraron favorables a no aprobar el presupuesto de la institución policial para el año 2021.
El Programa de Psicología Social de Memoria de la Universidad de Chile emitió un comunicado donde se señaló que lo ocurrido este viernes “no constituye algo aislado”. Se apuntó que “se trata de una política de Estado, que persigue y castiga la disidencia política a través del uso de la violencia represiva”. Se llamó a asumir las responsabilidades penales y políticas y se emplazó al gobierno y fuerzas políticas a “mostrar la firme voluntad de terminar con la impunidad” ante tantos hechos de violaciones a los derechos humanos.
Nuevamente Carabineros compromete al gobierno chileno en un problema político donde en el centro del debate está la violación de derechos humanos, con denuncias que acusan a la administración de Sebastián Piñera de no promoverlos, ni respetarlos. Este entramado represivo policial ocurre a dos semanas del plebiscito que definirá si se cambia la Constitución excluyente y represiva, heredada de la dictadura militar de Augusto Pínochet de la que también formó parte la institución policial chilena entre los años 1973 y 1990.
Video con evidencias
