El pueblo chileno se dispone este 25 de octubre Aprobar o Rechazar una nueva Constitución. En ese camino que hará decidir a los chilenos el destino del país, el proceso ha entrado en la etapa previa final con intensificación de la campaña. En sus aspectos formales logísticos, el plebiscito debería convocar a más del 60% de los casi 15 millones de empadronados porque, según analistas, de no alcanzar un 40% de convocatoria, sería ilegítimo. Para que eso no ocurra se están garantizando condiciones de protección y cuidado de la salud de las personas, teniendo en cuenta la situación de pandemia. Se exige uso adecuado de la mascarilla, portar lápiz azul propio para marcar la papeleta, cumplir horario especial para mayores de 60 años, sanitización de lugares de sufragio y presencia de facilitadores para evitar aglomeraciones.
La legitimidad del resultado del plebiscito es un aspecto notable, puesto que además de elegir la opción de hacer una nueva Constitución para Chile, se elige al organismo que redactará ese documento. Las opciones son dos: que sea una Convención Constitucional, integrada cien por ciento por representantes de la ciudadanía o una Convención Mixta, integrada en un 50% por legisladores y 50% por ciudadanos. Y no es solo cuestión de porcentajes, se trata de que la clase política cuenta con la desconfianza ciudadana, entonces los chilenos prefieren que sean los ciudadanos quienes redacten la nueva Carta Magna. Así lo demuestran las encuestas. Un 60% está a favor de Aprobar una nueva Constitución, y que la redacte la Convención Constitucional.
En términos políticos hoy en Chile, surge con igual importancia que la legitimidad del proceso, la unidad de las fuerzas en disputa que posibilite consensos. Los chilenos tienen claro que el problema de la unidad no es solo tener un enemigo común, sino que exista un punto al cual converger o por el cual consensuar. Y ese punto dependerá, según analistas en el país del sur, de las hegemonías que se construyen en la izquierda. Luego de que los partidos de oposición al gobierno de Sebastián Piñera no lograron ponerse de acuerdo en una primaria para las candidaturas de alcaldes y gobernadores, quedó en evidencia que la imposibilidad de las alianzas se produjo porque aun los concurrentes no han hecho una evaluación de los gobiernos de la Concertación que gobernó Chile después de la dictadura militar de 17 años. La Concertación estaba integrada por los partidos Demócrata Cristiano, Radical Socialdemócrata, diversas fracciones del Partido Socialista de la época, sumados el MAPU Obrero Campesino, el Partido Liberal y otros movimientos de la década de los 80. Posteriomente integraron la Nueva Mayoría, que incluye al Partido Comunista y el Movimiento Amplio Social, entre otros.
Luego del estallido social de octubre pasado, una frase parece resumir ese periodo postdictadura que debe ser evaluado: “no fueron 30 muertos fueron treinta años”, los que provocaron el estallido. Para dejar en claro que el malestar empezó al día siguiente que se fue la dictadura de Pinochet que impulsó las políticas neoliberales, lo que una gran mayoría de los chilenos cuestiona es por qué en democracia esas políticas no se revirtieron y se siguió gobernando con la misma Constitución, y las mismas lógicas económico sociales heredadas del pinochetismo.
Lo que se debió evaluar en Chile son la política de consensos, las privatizaciones y concesiones, las políticas en materia de educación, salud o pensiones, el espacio que se le dio al movimiento sindical, las políticas macro y los tratados de libre comercio, los derechos medioambientales, etc. Los partidos que gobernaron en la Concertación defienden su gestión, igual que los representantes rezagados de la dictadura militar, a partir de eventuales logros económicos y dicen que en esos tiempos no era posible hacer más que pactar con la derecha para posibilitar la insipiente democracia recuperada.
Ahora puede ser tarde y contraproducente hacer la evaluación del gobierno de la Concertación porque podría provocar más división en la oposición al régimen actual chileno, y la prioridad es la unidad para enfrentar el plebiscito y ganarlo. No queda otra opción que la unidad para derrotar a la derecha y ese debe ser el objetivo de las fuerzas de izquierda en Chile que debe convocar a todos. No obstante, es necesario denunciar el mercantilismo de los derechos sociales y la ausencia de un Estado que pudiera ayudar a contrapesar el gran poder del empresariado chileno. El desafío hoy en Chile es derrotar todo aquello que gobernó durante 30 años con la reglas de la dictadura.
Hay un factor que es claro: la política de los consensos ya no fue capaz de estabilizar la amplia desigualdad que vive el país. Existe la incerteza de que si la unidad de los partidos de la ex Concertación reagrupados tiene razón de ser, entonces el error es de la izquierda y corre el riesgo de volver a ser una fuerza política marginal de la sociedad chilena, y el país vuelve a la política de lo que fue. En cambio, unirse en torno a los ex partidos de la Concertación es un riesgo ante los votantes desencantados con ese conglomerado que gobernó al país desde 1990 al 2000 y del 2006 al 2012.
El plebiscito del 25 de octubre dará la dimensión de las nuevas fuerzas de derecha y de izquierda en Chile. Por ahora hay que resolver la unidad sin una bomba de tiempo en el bolsillo. Y como se sabe, entre los chilenos el problema de la unidad va más allá de tener un enemigo común para saber por qué se converge en esa unidad. Eso se sabrá cuando los chilenos decidan por un país que viene o por el país que fue.
