El peor escenario que puede darse en la política es cuando la participación ciudadana se vuelve un simulacro con restricciones que limitan la expresión plena de la democracia. Y peor aun es cuando los afectados no se percatan debidamente a tiempo de que esto sucede y se obnubilan con un discurso optimista en medio de una amenaza evidente.
Recientemente el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador eliminó del Registro Permanente de Organizaciones Políticas a Fuerza Compromiso Social del progresismo, por un supuesto incumplimiento de disposiciones en el trámite de inscripción. Según el Consejo, la eliminación del movimiento se «realizó bajo estricto apego al Código de la Democracia, una vez cumplido el debido proceso de descargo y el derecho a la defensa”. No obstante, el movimiento Revolución Ciudadana, que tenía como brazo electoral a la «lista 5», ha asegurado que esa decisión obedece a una supuesta intención del CNE y del Gobierno por «proscribir la tendencia correísta en el país».
En un comunicado el movimiento manifestó: “El CNE eliminó del registro electoral 24 horas antes de que se convoque oficialmente al proceso electoral –de manera ilegal y vulnerando los derechos de participación política- a Fuerza Compromiso Social, principal organización política del país”. Sin embargo, el CNE ha afirmado que su decisión obedece a unas observaciones formuladas por la Contraloría sobre inconsistencias en el número de adherentes presentados por el movimiento para su inscripción. En el caso de Fuerza Compromiso Social, de los 174.700 registros de adherentes presentados al menos 19.257 habrían presentado inconsistencias, lo que le alejaba del mínimo establecido de 174.199 adscritos, el 1,5 por ciento de la votación correspondiente al año 2014. Esta acción del CNE se inscribe en un proceso de depuración del registro permanente de movimientos y partidos con la retirada de los sancionados.
La democracia ecuatoriana va en retroceso y tiene, cada vez menos, capacidad de convocatoria de la ciudadanía, con menos credibilidad, con una capacidad cada vez más baja de movilizar a la población. Se correr riesgo en el país de que se ponga en evidencia de que las mayorías están en cualquier lugar menos en la institucionalidad política formal o que ambas cosas no coinciden, en todo caso, lo que expresa la actividad política formal no coincide con lo que expresa la voz popular. La soberanía no está en instituciones como el CNE, y menos en la Asamblea Nacional, que es un espacio que viene haciendo crisis hace mucho rato por falta de credibilidad y solvencia ética.
¿Cómo se resuelven los fenómenos electorales? Son procesos que hay que resolverlos y resolverlos bien. El país no ve que eso esté sucediendo de cara a lo que está proponiendo la ciudadanía exigiendo participación.
En la medida que uno entiende que ese orden democrático está en crisis, y eso lo dice mucha gente, incluso gente que no es de izquierda, lo dicen sectores de la derecha, lo que hay que preguntarse es cuáles son los aspectos políticos y sociales de esa crisis. Se ve el agotamiento de ese orden social neoliberal, y esa crisis económica viene acompañada de una crisis política y social.
Que pasando la pandemia las cosas se van a aquietar, se van a resolver. No se ve muy claro. Ahora, si viene un estado de movilización callejera como el iniciado en octubre del año pasado, miles en las calles del país, no lo sabemos. Estamos ante el peligro, efectivamente, de que el momento electoral ordene, o intente ordenar, la movilización social.
Hay un clamor en las calles y en los espacios virtuales de participación que es suficientemente claro de lo que la gente -incluido médicos y posgradistas- y que no se está escuchando. Porque la movilización social es, en tal sentido, tremendamente desafiante para la política. El legislador Pabel Muñoz, denuncia el hecho de que se esté violando uno de los principios fundamentales de la democracia: “El tema es grave, todos los demócratas defienden el estado de derecho, la democracia, las elecciones y que todos los que tienen el derecho de participar así lo puedan hacer. Debe ser motivo de escándalo nacional e internacional lo que se viene haciendo con RC en términos de participación política. Aquí hay un claro deseo de persecución política cuando se quiere eliminar una fuerza política por injerencia de la Contraloría que nada tiene que ver en materia electoral”. Como ejemplo señala que anteriormente a Alianza País no le dieron los formularios para inscribir el movimiento Revolución Ciudadana, porque dijeron que era un eslogan de Alianza País. En el segundo intento se les negó los formularios cuando trataron de inscribir el movimiento de la Revolución Alfarista, y se les dijo que Eloy Alfaro era liberal y no podía representar a un movimiento de izquierda. Ya se viene preparando una construcción mediática de la realidad diciendo que el binomio Arauz-Rabascall no podría inscribir. Se trata de impedir votar por quienes expresan en las encuestas su preferencia electoral, concluye Muñoz.
El país corre el riesgo de que el proceso electoral ecuatoriano no resuelva la forma en la que las mayorías sociales encuentren una canalización efectiva de su participación en este proceso que debe ser democrático. El peor escenario que podemos tener en Ecuador, es la posibilidad de que la institucionalidad política haga todo de forma tal de que este proceso electoral se convierta en un simulacro finalmente.
