Ya se ha comprobado en los hechos: La guerra es la política por otros medios. Escaramuzas militares al tenor de un conflicto bélico implementado por las fuerzas armadas de un país contra los contingentes militares de otro país, bajo un estado de guerra. Eso es lo que normalmente conocemos por guerra invasiva o en defensa de la soberanía territorial.
¿Pero qué sucede cuando la “guerra”, como expresión de la política por otros medios, se desata en contra de la sociedad civil por las fuerzas del orden de un mismo país?
La literatura sociológica nos ha dejado en claro el rol que cumplen los organismos de seguridad nacional, aparatos represivos del Estado conformados por las FFAA, Policía y agencias de inteligencia. Estas instituciones son el brazo armado del Estado en una democracia formal de la sociedad actual. Y están dispuestos para hacer un uso progresivo de la fuerza bajo ciertos preceptos legales contemplados en los códigos penales. En esta función social los organismos represivos del Estado, supuestamente, están supeditados al poder civil. Pero no a cualquier instancia civil, sino a aquellas respetuosas de la vida democrática bajo cuyo imperio los derechos humanos deben ser debidamente observados.
En la medida en que el conflicto social se agudiza, vemos cómo los organismos del orden actúan con desproporcionado uso progresivo de la fuerza, llegando a la aplicación de métodos terroristas policíacos contra la población civil, en meros actos de brutalidad policial.
Organizaciones de derechos humanos han definido la brutalidad policial como “el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas represivas”. El término “brutalidad policial” se usa en ocasiones para referirse a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por la policía. Puede incluir palizas, insultos racistas, tortura, homicidio ilegítimo o la actuación indiscriminada de agentes de represión de disturbios en manifestaciones.
El uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede, en el peor de los casos, tener como consecuencia la privación del derecho a la vida. Cuando es innecesario o excesivo, puede constituir tortura u otros malos tratos, además, viola los derechos a no sufrir discriminación, a la libertad y la seguridad, y a la igualdad de protección ante la ley.
El abuso progresivo de la fuerza policial tiene diversas causas. En los países con altos índices de homicidios a manos de la policía suele darse una combinación de factores, como legislación inadecuada, discriminación racial o de otra índole, inseguridad o conflicto, e impunidad arraigada. Los gobiernos que pisotean sistemáticamente otros derechos humanos, como la libertad de expresión y de reunión pacífica, se convierten en autores y encubridores de la violencia cuando suelen autorizar respuestas de mano dura por la policía ante protestas y manifestaciones.
En investigaciones académicas se define a la policía como una de las instituciones a cargo del “monopolio de la violencia legítima”. Este uso monopólico de la fuerza es nada más que “legal”, no necesariamente legítimo. Por lo tanto, “violencia policial” abarca todos los casos que la ley comprende como “uso policial de la fuerza”. El problema radica en que la ley nunca define de manera precisa dicho uso. Al contrario, la ley se refiere al uso policial de la fuerza en tres casos generales: Empleo de la fuerza en defensa propia bajo amenaza al policía, detención violenta de un delincuente en un delito cometido en flagrancia y uso de la fuerza por orden judicial emitida por un juez.
El uso de la fuerza por la policía será ilegítimo si la fuerza ha sido gravemente desproporcional al objetivo de la intervención policial. En tal caso se convierte en abuso progresivo de la fuerza policial. Considerando que los policías actúan como miembros políticos de una comunidad, son corresponsables de las decisiones bajo el mando de quienes evalúan si la sociedad en la que viven es susceptible de respaldar o rechazar lo que están haciendo, al margen de la legitimidad que se les otorga. La filosofía radical de hoy en día insiste en generalizar el poder estatal con expresiones como “el permanente estado de excepción” en el que se pierden los derechos civiles a manos de los organismos represivos del Estado.
Existe un lugar social específico en el que tiene lugar la violencia policial ilegítima, según apuntan los organismos de derechos humanos. Se trata de “un lugar bastante exiguo y sumamente injusto”, porque las víctimas más probables, personas en los niveles más bajos de la sociedad o que están en la periferia del espacio público, son los ocupantes más improbables de este espacio.
Un joven negro que vive en una zona negra, no tiene prácticamente ninguna posibilidades de acusar de ejercicio ilegítimo de la fuerza a ningún policía en Estados Unidos. Desde las calles de Quito o Santiago de Chile, hasta las favelas de Río de Janeiro, el uso ilegítimo de la fuerza por la policía puede terminar en muerte, lesión y ruina. Las estadísticas lo confirman. En 2019, la policía de Río de Janeiro mató a 1.810 personas, una media de cinco al día. De octubre de 2019 a enero de 2020, la policía de Irak mató a unos 600 manifestantes. De 2015 a 2018, más de 500 personas murieron en Jamaica por disparos de la policía, que también disparó e hirió a más de 300. Unas 1.000 personas mueren cada año a manos de la policía en los EE.UU.
Recientes hechos en América confirman el incremento indiscriminado del abuso policial en la región. En los EE.UU un agente de policía en Kenosha, en el estado de Wisconsin, disparó por la espalda a un hombre negro en presencia de sus hijos cuando se encontraba en las inmediaciones de su coche y se disponía a entrar en él. La víctima fue identificada como Jacob Blake.
En Colombia, luego de la muerte de un abogado en manos de policías y la viralización de las imágenes, las calles de Bogotá viven violentas protestas que ya han cobrado al menos 13 víctimas. Un grupo de 58 policías es investigado en ese país por abrir fuego durante las protestas que estallaron el 9 de septiembre, tras el homicidio del hombre a manos de dos policías.
En Chile, la violencia policial se ha incrementado desde las protestas de octubre del 2019. Fabiola Campillay, trabajadora agredida por Carabineros, tras lanzarle una bomba lacrimógena en el rostro, tuvo que ser internada de urgencia en la UCI, debido a que sufriera un dolor en el cráneo y posteriormente comenzara a derramar liquido por su nariz. El Capitan Patricio Maturana fue quien lanzó una bomba lacrimógena en el rostro a Fabiola Campillay, causándole múltiples lesiones, entre ellas la ceguera de ambos ojos. El policía solo tiene arresto domiciliario. La violencia policial en Chile está relacionada con la protesta social y las demandas raciales. De hecho, desconocer las raíces históricas del conflicto fue una estrategia usada por varios actores civiles en Chile para deslegitimar las reclamaciones territoriales y manifestaciones de los Mapuches. En octubre pasado la policía perpetró palizas callejeras, torturas y violación sexual a manifestantes. El Reporte de Violencias a Cuerpos Disidentes Sexuales en el Pre, Durante y Post Estado de Emergencia de Sebastián Piñera, registra 62 hechos de violencia cometidos por las agentes de orden y seguridad desde octubre de 2019 a marzo del 2020.
En Ecuador, la violencia y abuso policial no cesa desde las jornadas de protesta social de octubre pasado. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) divulgó en esa oportunidad a través de su cuenta de Twitter: «Rechazamos el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en contra de manifestantes. Exigimos a la ministra de Gobierno, María Paula Romo que se investigue este tipo violencia y que pare la represión». La violencia policial en Ecuador escaló e incluso periodistas, camarógrafos y fotógrafos que fueron agredidos por miembros de la Policía y por algunos manifestantes. Las manifestaciones de octubre en rechazo a las políticas oficiales registraron muertos por caídas desde puentes y manifestantes golpeados por bombas lacrimógenas lanzadas a quemarropa. El saldo de víctimas por abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad y hechos de violencia cometidos por manifestantes durante las protestas que tuvieron lugar del 3 al 13 de octubre de 2019, es de 11 personas fallecidas, de las cuales al menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas de seguridad. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, tiene un juicio político pendiente en la Asamblea Nacional por estos hechos. Romo será interpelada por la actuación policial en octubre.
No obstante, en la actualidad en el país no cesa la brutalidad policial. Defensores de los Derechos Humanos de Ecuador denunciaron el domingo pasado el caso de abuso policíaco registrado en la ciudad de Guayaquil, donde elementos de seguridad golpearon a un hombre hasta dejarlo inconsciente. En un mensaje colocado en su cuenta de la red de Twitter, Sybel Martínez, representante del Consejo de Protección de Derechos, difundió el video de la golpiza tomado por una persona sin identificar y obtenido por una radioemisora local y que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes, además, se ve a un policía que abre fuego contra un vehículo desde el que se estaba filmando la escena de brutalidad. Este hecho reciente debe ser incorporado al juicio político a la ministra de Gobierno frente al cual tiene que dar respuesta como responsable del organismo policial.
Una sociedad sin respeto por los Derechos Humanos es una sociedad incivilizada, en la que no se puede permitir la guerra indiscriminada desatada por los organismos represivos en contra de la sociedad civil.
Violencia policial
