El gobierno se derrumba atrapado en sus propias contradicciones internas. Esta vez Lenin Moreno enfrenta la eventual renuncia de la vicepresidenta Ma. Alejandra Muñoz, en caso de que el presidente no vete el Código Orgánico de la Salud, COS. La funcionaria ha dicho sentirse “incomoda” por la falta de veto presidencial a dicha ley. Muñoz está desubicada en el gobierno y con su chantaje al presidente presionándolo bajo amenaza de renuncia, y oposición al COS, demuestra una inconsistente conducta como segunda autoridad nacional y como ciudadana.
El Código Orgánico de Salud es una norma legal que aglutina más de 40 leyes, decretos y reformas relacionadas con el sistema sanitario en el país. En el COS se garantiza el acceso a la salud, de forma universal, permanente, oportuna, eficaz, eficiente, de calidad, de manera integral a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Entre los puntos polémicos el cuerpo legal señala: Quien acuda a un centro médico deberá recibir atención y se debe mantener la confidencialidad de la información o del tratamiento prestado. En la norma se garantiza el acceso a los métodos anticonceptivos sin discriminación, por lo que los establecimientos públicos de salud deberán entregarlos a quien lo requiera; así como proporcionar información sobre ellos. Se prohíbe a los profesionales negarse a prescribir, implantar, aplicar o realizar el procedimiento anticonceptivo elegido por las y los usuarios, a menos que existan razones médicas para ello. También se señala que se facilitarán programas y servicios de planificación familiar, con el objetivo de decidir cuándo y en qué momento tendrán hijos. Esto se hará sin necesidad de consentimiento de terceras personas. Además, se garantizará la atención inmediata y no se criminizará a las mujeres por emergencias obstétricas, como abortos espontáneos.
Moreno tiene 30 días para decidir si veta o no el COS, y en uno u otro caso la ciudadanía debe exigir argumentos sólidos al presidente que deberá exponer porqué adopta tal o cual posición frente a una ley que busca proteger la vida de la mujer al tratar como urgencia obstétrica un caso de aborto en curso o producto de una violación.
Las presiones que está recibiendo Moreno provienen desde dentro y fuera del gobierno. Sectores conservadores se dirigen al presidente haciéndole sentir su rechazo al Código Orgánico de la Salud aprobado el 25 de agosto pasado. La Iglesia manifestó que entregará observaciones del COS al Ejecutivo para que “conozca las faltas leves, graves y muy graves que se contemplan en el Código de Salud, aprobado en Ecuador”. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana y grupos provida cuestionaron el contenido del Código Orgánico de Salud aprobado por la Asamblea Nacional, en lo relacionado con el aborto, el uso de anticonceptivos a temprana edad, la objeción de conciencia y el derecho a la identidad sexual. Los obispos hacen cinco observaciones al proyecto y piden el veto parcial a la ley porque a su criterio promueve el aborto de una manera ambigua o indeterminada como emergencia obstétrica. La doctrina católica puede sostener una posición antiaborto por razones confesionales, pero no puede interceder o pretender injerencia ante la acción del Estado. Esta intromisión surge inspirada en un anacrónico moralismo que pretende contaminar las decisiones políticas gubernamentales.
El banquero Guillermo Lasso, precandidato presidencial, en carta abierta emitida el 28 de agosto, pidió al presidente Lenín Moreno vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud aprobado por la Asamblea Nacional. Lasso argumenta en su carta que el COS “ignora el derecho a la vida del niño por nacer” y “afecta la dignidad de los profesionales médicos”, porque abre un “espacio para la impunidad del crimen del aborto que puede ser provocado y llevado a condición de emergencia obstétrica”.
En redes sociales se expresan opiniones que buscan protagonismo en un debate que debe tratarse sin moralismos, considerando los derechos de la mujer y la responsabilidad que le compete al Estado en el tema. El presentador de televisión Carlos Vera escribe en su cuenta de Twitter: “Si la Vicepresidenta Ma. Alejandra Muñoz renuncia por sentirse ”incómoda” al no vetar el Presidente @lenin el COS, Código Orgánico de Salud, la comprendo y respaldo. Se puede convivir con un gobierno donde hay corrupción pero no con uno que fomenta acabar la vida”.
Estas posturas desconocen que hace más de un siglo existe en Ecuador la separación de la Iglesia y del Estado y que, por tanto, en los asuntos gubernamentales no tiene nada que hacer el clero. La política contaminada de moralismos hace olvidar que en Ecuador existe un Estado laico y de derecho que gobierna desde la Constitución y no desde las creencias o actos de fe personalísimos. Más allá de que todo ciudadano tiene derecho a manifestar su opinión, el país no avanza hacia una sociedad más racional y justa si los moralismos contaminan la política y las decisiones de Estado se adoptan a partir de dogmas fundamentalistas.
