La Asamblea Nacional en un acto de autodepuración legislativa censuró al asambleísta Daniel Mendoza por “haber incurrido en prohibiciones establecidas en la Ley de la Función Legislativa relacionadas con tramitar, recibir y administrar recursos del presupuesto del Estado”. Mendoza está vinculado con la trama de corrupción en la construcción del hospital básico de Pedernales, en la provincia de Manabí.
El acuerdo legislativo adoptado por 123 votos, luego de un informe de una Comisión Multipartidista, incluye la exigencia al presidente Lenin Moreno de remover a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, porque reconoció en su comparecencia a la Comisión investigadora “haber recibido sugerencias de nombres por parte del ex asambleísta D. Mendoza que fueron designados para ejercer cargos públicos”. La exigencia se hace extensiva al presidente de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo, quien en un plazo de 48 horas deberá convocar al CAL y dar trámite a las solicitudes de juicio político que se encuentran pendientes de calificación.
La exigencia deja en suspenso la pregunta básica ¿Por qué no se exigió antes una investigación seria imparcial y a fondo, por parte de la Fiscalía General del Estado, a todos los involucrados en el gobierno nacional, la Asamblea Nacional y demás instituciones públicas y sector privado involucrados en los escándalos de corrupción en la salud pública? El informe de la comisión investigadora es un punto de arranque para no dudar en señalar y formular los cargos pertinentes a quien corresponda.
El principal implicado -Mendoza- está señalado de haber recibido dietas e ingresos diferentes a los que le confiere su cargo de asambleísta, por ofrecer, tratar y disponer de recursos del presupuesto general del Estado. Mendoza habría actuado “sin límites y con excelsa y notoria ambición”, según el informe. Con la confesión de Daniel Mendoza, supuestamente, la ministra de Gobierno habría entregado el manejo de hospitales en Pichincha, Guayas, Santo Domingo, Manabí, Sucumbíos, Santa Elena, El Oro, Cotopaxi, Bolívar y Napo.
Las conversaciones de Romo con Mendoza develarían una supuesta colocación de funcionarios públicos recomendados por el exasambleísta a la ministra de Gobierno. En una entrevista, Romo no niega los diálogos, pero dice que eso no constituye delito. Romo, insiste en señalar que ella es la denunciante en el caso relacionado con la construcción del hospital básico de Pedernales, que desconoce si Mendoza está involucrado, aunque admitió que mantuvo varias reuniones con el denunciado: “Yo nunca he dicho que no me conocía, al contrario, yo tengo relación y diálogo con todos los legisladores. Y esos diálogos son diálogos cordiales, educados. Si, contesto muchas veces por mensaje porque no alcanzo a responder el teléfono si estoy en una reunión. Eso de ninguna manera demuestra la participación en un delito”, dijo.
El presidente Lenin Moreno acudió en respaldo de la ministra Romo, a quien convocó a su despacho pare decirle que nadie la mueve del ministerio de Gobierno, y escribió en su cuenta de Twitter: “@mariapaularomo cuenta con mi confianza y apoyo. Mi agradecimiento por sus actuaciones siempre apegadas a la ley y al sentido del deber con el país y el Gobierno. Ella es víctima de acusaciones inventadas que NO nos distraerán de nuestra meta: construir un mejor #Ecuador”.
Con este nuevo desplante presidencial, Moreno demuestra no importarle abrir otro frente de conflicto con la Asamblea Nacional, instancia que pide su comparecencia dentro del proceso de investigación que se desarrolla en contra del legislador Eliseo Azuero “por gestionar cargos públicos y manejar fondos del presupuesto del Estado destinados a la construcción del hospital de Pedernales”.
La Comisión Multipartidista de la Asamblea Nacional señala, además, en su informe que el ex asambleísta Mendoza recibió y dispuso ilegal e ilegítimamente de recursos del Estado destinados a la construcción de un hospital para Pedernales, en un injustificable acto de corrupción. Mendoza respondió que se lo acusa de manera infundada, y en lo relacionado con el hospital de Pedernales precisa que esta acción depende del Ejecutivo, por lo tanto, quienes deben responder por el buen uso de los recursos y la construcción de dicha casa de salud son los funcionarios competentes.
Con dicho informe legislativo la Fiscalía tiene trabajo, lo mismo que la Contraloría, ambas instancias deberán investigar lo que el caso amerita conforme sus competencias, para establecer responsabilidades pertinentes. El informe legislativo establece que Mendoza incurrió en una “falta de control de las actividades realizadas por Jean Carlos Benavidez, su ex asesor, al no haber denunciado ni controlado las irregularidades del funcionario bajo su subordinación”. Benavidez está detenido y procesado por su presunto vínculo con una red de corrupción en Manabí en el cometimiento de actividades ilegales como “ofrecer, tramitar y recibir recursos del Estado” en sus horas laborables. Hechos que la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de Manabí estableció con el decomiso de dinero presuntamente proveniente de sus actividades ilícitas. Mendoza niega todo señalando que la acusación de la comisión legislativa es infundada, cuyos miembros actúan en calidad de fiscales o jueces con fines de obtener réditos electorales, dijo. Mendoza dirige los hechos en otra dirección y señala que en el caso del hospital de Pedernales, esta acción depende del Ejecutivo y “quienes deben responder por el buen uso de los recursos y la construcción de dicha casa de salud son los funcionarios competentes”.
El acto de “depuración legislativa” no debe quedar como un mero golpeteo de pecho. La investigación sobre los hechos de corrupción relacionados con la construcción del hospital de Pedernales, cuya trama formaría parte de la entrega de hospitales a cambio de apoyo legislativo al gobierno, se debe inscribir en la acción fiscalizadora que debe ejercer por ley la Asamblea Nacional. Como se suele decir en los círculos políticos, ”caiga quien caiga”.
