Hay realidades reveladas por la pandemia que no podemos o no queremos ver por la opacidad de la información que los medios nacionales ocultan. Esta realidad queda expresada patéticamente en la frase: El virus oscurece aún más la prostitución. Esto ocurre en Quito en barrios en donde la pobreza camufla otros dramas. Un reportaje difundido en diario El País pone al descubierto la dramática situación de las trabajadoras y trabajadores sexuales en la capital ecuatoriana del sector de La Tola que, impedidos de trabajar en las calles por la pandemia, sobreviven por la solidaridad del Proyecto Transgénero.
Ana Almeida y Marco Bolaños son dos activistas del proyecto que acuden en ayuda de las trabajadoras sexuales proporcionándoles víveres, alimentos, protectores faciales, útiles de aseo personal y comida para mascotas. En la Tola conviven dos grupos transexuales como familias en hogares compartidos que antes de la pandemia «vivían del trabajo sexual o de lo que ganaban en alguna peluquería. Sus ingresos diarios fluctuaban entre los 25 y 40 dólares, pero no trabajaban todos los días». Hasta esos hogares llegan Ana y Marco que se vinculan con el grupo formando parte de una patrulla de defensores de los derechos humanos que hace recorridos nocturnos para combatir el abuso policial contra las trabajadoras sexuales.
En otro sector de la ciudad, La Mariscal, Johana La Diva líder de un grupo de trabajadores sexuales en la zona, llamó a la patrulla: “Necesitamos ayuda, no podemos salir a trabajar y nos estamos muriendo de hambre”, le dijo a Ana por teléfono. Ana acudió con comida que compró con su propio dinero, luego creo una red social en Facebook, Puente Solidario, y reunió una tonelada y media de comida, 200 equipos de aseo y 15 mil dólares que fueron entregados por una ONG.
“Necesitamos ayuda, no podemos salir a trabajar y nos estamos muriendo de hambre”, ese fue el llamado de las trabajadoras sexuales de La Tola. Cuando la ayuda solidaria llegó las transexuales hicieron una fila para recibir la ayuda, todas llevaban mascarillas y vestían trajes ceñidos que antes usaban para su trabajo callejero. La visita solidaria ocurre dos o tres tardes a la semana, ocasión en que Ana y Marco llevan alimentos y implementos de aseo en paquetes de comida que incluyen carbohidratos, grasas y proteínas. A veces hacen algunos para la población venezolana y colombiana que incluyen harina para hacer arepas. “Lo hacemos por puro activismo, no hay nadie que nos pague, con la misma donación ponemos para la gasolina. Nos gusta ser solidarias en estos tiempos”, cuenta Ana.
Al principio, la asistencia era solo para las transexuales, pero se extendió a otros colectivos que también se dedican al trabajo sexual en Quito, que no está permitido, pero es tolerado. Hay más de 700 personas en este gremio en la capital ecuatoriana, según el Sindicato de Trabajadores Sexuales de Quito, que nació en 2019 y busca la legalización de su actividad. La mayoría trabaja en las calles y parques de la ciudad, y con las medidas estrictas de confinamiento no pudieron seguir con su actividad.
La representante de una organización de trabajadoras sexuales, Mónica Colobón, 39 años, manifiesta que su situación es difícil: “Todas somos cabezas de hogar. Yo, por ejemplo, mantengo a mis cuatro hijos y dos nietos. Además hay mujeres de la tercera edad, en mi organización tengo a cinco de más de 70 años, una está ciega y así tuvo que salir a ver quién le regalaba comida”.
El drama se acrecienta porque las trabajadoras sexuales no reciben apoyo del gobierno: “Las trabajadoras sexuales no aplicamos para el bono del Estado, siempre nos deniegan, o nos dicen que nos van a llamar y nada”, dice Mónica. De 700 trabajadores sexuales en Quito, la mayoría desarrolla su actividad en calles y parques, y con las medidas de confinamiento no pudieron seguir trabajando. Un 30% de las trabajadoras sexuales tiene VIH y necesitan una alimentación especial, sostiene la activista. Finalmente, se trata de ayudar a las diversidades sexo genéricas que están fuera de las ayudas oficiales.
El Municipio de Quito entregó dosis de alimentos en dos ocasiones, pero las trabajadoras sexuales tuvieron que ir a recogerlos, hacer una fila de varias horas y, en algún caso, esperar hasta que la prensa registrara la donación. El primer paquete incluyó una lata de sardina, media libra de tallarín, una funda de garbanzos, una leche en polvo y una gelatina; el segundo tenía un rollo de papel higiénico, una botella de leche, una gelatina y una libra de arroz.
Los hombres también viven un drama por la falta de trabajo en la cuarentena. Para los que se dedican a la actividad sexual la situación es grave. Goover es una asociación de trabajadores sexuales que existe desde hace 14 años, sus miembros describen lo que ocurre: “Nosotros trabajamos usando hoteles, pero estos ya no funcionan, y eso es un problema. El alquiler se convirtió en un dolor de cabeza para todos, se acumularon meses”, cuenta el portavoz de la asociación, un venezolano, de 36 años, que pide ocultar su nombre.
Unos veinte socios activos de Goover recibieron ayuda de la Prefectura de Pichincha consistente en cestas de alimentos con frutas y verduras que les sirvieron para calmar el hambre por unas dos semanas. Un empresario, además, les donó bananos y víveres, y un cliente fijo del portavoz venezolano les ayudó con movilización para llevar las donaciones a los muchachos. Los miembros de Goover dicen que antes de la pandemia percibían entre 200 y 400 dólares para mantener a sus numerosas familias que incluyen parejas, padres e hijos. Antes de marcharse, Ana y Marco se hacen una fotografía con las trans para colgar en el Facebook y seguir apelando a la solidaridad.
Al final del día una jornada más de solidaridad prolonga la subsistencia de un sector olvidado en tiempos malos, ecuatorianas y ecuatorianos invisibilizados por que la pandemia ensombrece aun más la pobreza y la prostitución.
