Ya no es noticia que Ecuador vive el peor momento de su vida política y social. El grado de corrupción y descomposición es tal, que muestra a la nación en manos de mafias político-delincuenciales organizadas que controlan instancias claves del poder: instituciones oficiales y no oficiales, organismos de control, redes de negocios ilícitos, estructuras de sicariato y cárceles. Todo un entramado de ilegalidad puesto al servicio de actividades económicas ilícitas amparadas en el tráfico de influencias, reparto de cuotas de poder, intimidación, justicia cooptada y crimen organizado.
La crónica de prensa -teñida de rojo y amarillo- cotidianamente muestra detalles de juicios por asociación ilícita, corrupción pública y privada, asesinatos, fugas, etc. al estilo de las clásicas películas sobre las mafias que se repartían territorios en actividades del tráfico de drogas y licores ilícitos, armas, salas de juegos ilegales, etc., solo que ahora el control territorial es por mantener la hegemonía sobre instituciones del Estado, empresas públicas, centros de compras, hospitales, aduanas, eléctricas, etc. Con el agravante de que, actualmente, para mantener el control de dichas actividades y asegurarse complicidad, el silencio y la impunidad, se recurre al crimen mediante el sicariato organizado que actúa impunemente a la luz del día asesinando, secuestrando y extorsionando.
La novedad, no tan nueva, es que además un sistema judicial se ha funcionalizado a la delincuencia adaptándose a sus prácticas y necesidades de impunidad. Ahora el delincuente descubierto se declara “confeso y colaborador” de la justicia, mediante ese sospechoso mecanismo judicial de la “colaboración efectiva”, es decir el soplonaje, de invención norteamericana, mediante el cual el criminal obtiene hasta un 90% de reducción del castigo penal a cambio de delatar a sus cómplices y encubridores. Así, la delación sistemática reemplaza a la investigación procesal y el crimen encubre al crimen. Se ha llegado al extremo que cuando el soplonaje no funciona al sistema judicial para obtener información, entra en acción el sicariato para mediante amenazas hacer hablar o silenciar mediante asesinato a los implicados.
Como trasfondo, o actor intelectual, actúa el sistema político ecuatoriano que se funcionaliza con la complicidad de presidentes, vicepresidentes, funcionarios, ministros, asesores, secretarias, etc., que hacen de la vista gorda y que practican la corrupción como la forma de ser y de hacer política. El país está en manos de mafias propiciadas desde las esferas del poder, y hoy asistimos a una guerra entre dichas mafias por el control territorial del delito, por el silencio, en definitiva, por la impunidad. Y todo esto ocurre con un legislativo que no fiscaliza, un contralor que no controla, una fiscalía que no actúa y jueces que se venden al mejor postor. Entonces no es casual que no exista ningún funcionario de este gobierno investigado.
Un ciudadano de nacionalidad israelí, Shy Dahan, fue asesinado en la celda 20 en el área consular de la Penitenciaría del Litoral, en la vía a Daule. Según un reporte policial, la víctima junto a otro recluso de la misma nacionalidad implicados en redes de corrupción hospitalaria y falsificación de documentos, estaban a punto de ser trasladados a la cárcel de Latacunga para mayor resguardo pero fueron atacados por reclusos. En redes sociales su abogado, Héctor Gabriel Vanegas, dijo que «hay una mafia que está dispuesta a todo para que su accionar quede impune». Le faltó dar nombres y apellidos.
Sin embargo, el crimen del israelí S. Dahan en manos “desconocidas”, que es un secreto a voces sobre quienes pueden ser los autores intelectuales y materiales, apunta en una dirección. Solo basta preguntarse a quién beneficia la muerte y el silencio de los dos extranjeros. Mientras tanto, la ministra de gobierno calla y otorga. En entrevista televisiva M. P. Romo afirma que no puede dar nombres, que no puede referirse al tema por ser parte reservada de una supuesta investigación a la que el país no tiene acceso, pero que la prensa en un cotidiano inventario muestra todos los días en pantalla detalles grabados en celulares. Vicios de una justicia funcionalizada, adaptada a la medida de oscuros intereses políticos.
¿Será necesario que corra más sangre para conocer la verdad en boca de quienes deben decírsela al país? ¿Qué espera el gobierno para dar cuenta a la ciudadanía, transparentemente, de estos sucesos y sus responsables? ¿Cuál es el temor? ¿Quién manda en Ecuador? ¡Qué dura tarea para un presidente con coraje y con voluntad política que se disponga sanear el país y recuperarlo del control de las mafias! ¡Qué compleja tarea desmontar este entramado inédito de corrupción que no es una práctica aislada, sino la razón de ser del poder!
La corrupción se ha convertido en la forma de ser de la política practicada por delincuentes sin escrúpulos que no dudan en matar para silenciar. Pero son tan burdos que dejan evidencias en celulares, mails, computadoras y diversos dispositivos electrónicos, etc.
Llegó un punto en que la política ya no es solo el mecanismo para fomentar, mantener y recuperar negociados inherentes al poder, como es el control de aduanas, sectores energéticos, instituciones, hospitales, ministerios, cargos públicos, etc. Ahora esos negocios son la razón de ser de la política y el crimen organizado la forma de controlarlos territorialmente. El país asiste perplejo e impotente al diario espectáculo de una práctica política y judicial en manos de las mafias, sin la menor posibilidad de recuperación a no ser que se ponga en práctica un proceso transformador que eche por tierra todo lo mal establecido, para lo cual son necesarios nuevos actores, nuevas voluntades, y acaso, nuevas generaciones. Las próximas elecciones tal vez sean el pálido reflejo de una guerra entre mafias por la impunidad en el poder. Solo un proceso revolucionario puede cambiar al país de la descomposición a la recomposición.
