Un secreto a voces difundido entre el pueblo estadounidense hace crecer la desconfianza ciudadana en el sistema de salud norteamericano, impuesto por un modelo político social considerado discriminatorio. La pregunta que todos se hacen en el país del norte es cómo Estados Unidos, el país más rico y poderoso de la historia del mundo, también es el número uno en infecciones y muertes por COVID-19.
La pregunta tiene respuesta en las acciones y omisiones del gobierno de los Estados Unidos ante la pandemia, que muestra como resultado una realidad indignante para muchos norteamericanos: Los ejecutivos de farmacéuticas se están llevando millones de dólares, mientras los estadounidenses pobres y sin seguro de salud tienen que valerse por sí mismos.
Una asesora de coronavirus de la Casa Blanca, Dra. Deborah Birx, advirtió que “el virus se extendió de forma extraordinaria, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas. Para todos los que viven en una zona rural, no son inmunes ni están protegidos contra este virus”. La respuesta oficial fue que Trump calificó a Birx de “patética”, y al cabo de seis meses el presidente estadounidense no haya presentado ningún plan nacional para detener la propagación del virus que está cada día en alza en el país del norte.
La principal preocupación de Trump ha sido la rápida reapertura de las escuelas y de la actividad económica, mientras las colas para realizarse las pruebas diagnósticas se extienden cada vez más y se alarga el tiempo de espera de los resultados, hasta más de dos semanas, volviendo las pruebas inservibles y haciendo imposible el rastreo de contactos y el aislamiento de personas contagiadas.
Ante esta preocupante situación la Asociación Estadounidense de Universidades Médicas publicó un documento que es una “Hoja de ruta para establecer un enfoque nacional ante la pandemia”. En este informe se insta al gobierno de Donald Trump a recurrir a la Ley de Producción de Defensa para combatir la inadmisible escasez de equipos de protección personal, suministros de pruebas de diagnóstico y fármacos terapéuticos. De igual modo, la asociación hace un llamado “para abordar el problema del racismo sistémico y otras inequidades que existen en el sistema de salud estadounidense, así como para un aumento masivo de fondos para la debilitada infraestructura de salud pública”.
El intento es por lograr una distribución “más justa, equitativa y rápida” de una vacuna segura y efectiva cuando este disponible, a nivel nacional y mundial. No obstante existen dudas sobre este cometido porque quien comanda la Casa Blanca es un “negador de la ciencia” más ocupado del ranking televisivo y su reelección presidencial que en dar soluciones a la mayor pandemia que está asolando a los EE.UU.
Trump se ha convertido en el benefactor de las corporaciones multinacionales repartiendo millones de dólares a las grandes compañías transnacionales farmacéuticas, supuestamente para desarrollar vacunas. La cifra fue conocida, según la organización Public Citizen el programa de Trump en apoyo a las farmacéuticas asciende a 6.000 millones de dólares, dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes.
No es casual que este plan gubernamental, cuyos únicos beneficiarios son las empresas privadas, sea considerado “una llamativa falta de transparencia”. Este secreto a voces tiene otras revelaciones: los ejecutivos de las compañías farmacéuticas se están llevando al bolsillo millones de dólares gracias a la participación accionaria que tienen en las empresas, mientras que los estadounidenses pobres y sin seguro de salud están desamparados por el mal llamado “libre mercado”
Los norteamericanos exigen una cosa concreta que consiste en expandir el programa Medicare al sistema nacional de seguro de salud para personas mayores de 65 años de edad y que cubra a todos los estadounidenses desde el nacimiento. El programa Medicare para Todos que supone independizarlo de la situación laboral y la riqueza, representa un ahorro de billones de dólares en la tarea de salvar vidas.
Según investigaciones médicas en los EE.UU las personas pobres y las personas de color tienen más probabilidades de morir de COVID-19, también tienen más probabilidades de no tener seguro o tener un seguro insuficiente. Esto explica porqué la cantidad de personas sin seguro de salud o con seguro insuficiente está en aumento, ya que más de 54 millones de personas han solicitado el seguro por desempleo desde el inicio de la pandemia en marzo.
El clamor ciudadano así lo confirma. Una encuesta reciente realizada a mitad de la pandemia mostró un apoyo cercano al 80% para el Medicare para Todos. La población estadounidense aprobó recientemente iniciativas electorales que proponen la expansión del programa Medicaid contemplada en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio, pasando por encima de sus respectivos gobernadores y legislaturas estatales republicanos. La seguridad social se ha convertido para los norteamericanos en un tema prioritario, asi lo han comprendido luego de las acciones y omisiones del gobierno de Trump frente la pandemia. Es un asunto de vida o muerte.
