La pandemia lejos de ceder terreno amenaza con convertirse en un mal endémico. Muy lejos de aplanarse la curva de contagios, los casos se multiplican fuera del control de las autoridades, mientras se especula con las estadísticas jugando con cifras de enfermos y muertos. Pero la pandemia ha develado otro males sociales en el país, según un informe de la realidad nacional de Milagros Aguirre que tiene por título Las siete plagas que el coronavirus destapa en Ecuador y que cuenta con el auspicio de Brot für die Welt (Pan para el Mundo), Berlín, Alemania. Según el documento la crisis pone al descubierto “las plagas de la corrupción, el clientelismo, el extractivismo, el racismo (en el país intercultural), la indisciplina, la indiferencia y la violencia de género además de la desconfianza en el sistema de salud, y que dejan ver un país cuya brecha social se hace cada vez más grande y cuya falta de empatía hará difícil salir de una crisis que no solo es económica sino que también es una crisis ética y ciudadana”.
El informe señal que cada semana un escándalo nuevo de corrupción empaña incluso las tareas que debieran ser puramente humanitarias. La pandemia ha destapado varios casos de corrupción que tienen que ver, también, con un sistema que lo permite, lleno de mecanismos que propician la trampa. Declaratorias de emergencia que facilitan las compras sin licitación, pero también prácticas usadas para vulnerar un sistema de compras públicas que se supone seguro pero que está lleno de vericuetos y que requiere de intermediarios que prestan facturas(con un 25% del valor del contrato) o facilitan información de subastas que tienen ganadores de antemano. Un sistema que, en resumen, ha normalizado prácticas corruptas. Para el 14 de mayo de 2020, la Fiscalía General del Estado ya contaba con 13 investigaciones por corrupción durante la pandemia. La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) denunció la existencia de 23 casos de corrupción en hospitales durante el periodo de mayo de 2019 a marzo 2020, por una suma de 32 millones y medio de dólares. Para terminar: uso indiscriminado e inmoral de carnés de discapacidad por parte de asambleístas y otros funcionarios públicos (703 funcionarios judiciales incluidos conjueces, agentes fiscales, notarios, defensores públicos, administrativos judiciales y de la Fiscalía), con el único fin de aprovecharse de descuentos y facilidades en la importación de vehículos que da la ley.
El voraz extractivismo es uno de los males del país que deja al descubierto la crisis. La pandemia no ha podido detener la sed de petróleo, el hambre de madera y la ambición minera y sus consecuencias. Los llamados sectores estratégicos no han parado durante la emergencia sanitaria y, al contrario, han traído consecuencias muy graves dentro de las comunidades. Pero no solo las actividades legales, como el petróleo y la minería, no se han detenido en tiempos de confinamiento. Algunas se han desarrollado con protocolos mínimos de seguridad (otras los han ignorado por completo, poniendo en riesgo a sus trabajadores y a las comunidades) y no solo eso: han cubierto necesidades de las comunidades que no ha cubierto el Estado.
El clientelismo (con miras a la campaña electoral). Los políticos con miras en las elecciones de 2021 han encontrado en la emergencia sanitaria un escenario propicio para hacer campaña. El primero, el propio gobierno, que puso a su Vicepresidente (el tercero en cuatro años) Otto Sonnenholzner, en la primera línea para enfrentar el Covid 19. Como presidente del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, el entonces vicepresidente (renunció el 7 de julio, para poder ser candidato a Presidente) recorrió el país entregando mascarillas, visitando hospitales, dando ruedas de prensa, atendiendo moribundos, entregando respiradores y dando sus condolencias a familias afectadas para aplacar en algo los reclamos por el desastre de la gestión funeraria en Guayaquil, durante el primer mes de la emergencia.
Racismo y discriminación. Durante la pandemia no han faltado alimentos en las ciudades. Eso no quiere decir que los campesinos agricultores, los mayores proveedores de alimentos del país, no se hayan enfermado. Al contrario, las cifras muestran que la población indígena y campesina en el país ha sido muy afectada por la pandemia. Comunidades enteras infestadas con el Covid 19, que han tenido que enfrentar prácticamente solas, los estragos de la enfermedad. En muchas comunidades indígenas y campesinas de la sierra, agricultores y comerciantes, en efecto, se han contaminado.
Falta de empatía e indisciplina. La orden de quedarse en casa era inviable para todos los ecuatorianos. Quienes tenían que salir a trabajar para llevar el pan a sus familias, argumentaban que “o nos mata el Covid o nos mata el hambre”. Para muchas familias ecuatorianas quedarse en casa no es una opción. No sin ayuda. Y, salvo entregas de alimentos, al principio de la pandemia, el Estado no ha garantizado que puedan quedarse en casa. Más bien han sido las organizaciones no gubernamentales las que han llegado a lugares remotos con asistencia humanitaria, alimentos e incluso pruebas y medicamentos. La falta de empatía limita las acciones solidarias, discrimina y profundiza las diferencias.
Los casos de violencia de género en esta particular circunstancia, comenzaron a hacerse públicos a las dos semanas de iniciada la emergencia sanitaria y la cuarentena. En abril, al mes del confinamiento, llegaban tantas llamadas y alertas que los organismos como Fiscalía y Defensoría del Pueblo habilitaron sus páginas web para denuncias en línea y solicitudes de auxilio. Desde ese día, hasta los primeros días de junio 3.073 personas ingresaron formularios por estos casos. De acuerdo al portal Ecuador Chequea el ECU-911 ha recibido 38.012 llamadas de emergencia por violencia intrafamiliar y violencia psicológica, sexual y física contra la mujer o miembros del núcleo familiar desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 22 de julio 155 llamadas diarias.
Desconfianza en el sistema de salud. “No quiero ir a un hospital porque saldré de ahí con los pies por delante”. Esa frase repetida por el común de los ecuatorianos, ilustra la desconfianza de la sociedad ecuatoriana frente al sistema de salud público. Quien tiene recursos prefiere acceder a la salud privada, antes que ingresar a un hospital público. Eso, en casos de coronavirus, puede costar entre 70 y 100 mil dólares.
Esa falta de confianza en el sistema de salud influye en las cifras que manejan las autoridades pues muchos enfermos de Covid no son parte de la estadística, no han sido sujetos de pruebas. Lo mismo sucede con la mortalidad registrada, que, seguramente, será mucho más alta que lo que dicen las cifras oficiales. Se reportan cerca de 20 mil muertes más dentro de los parámetros de la mortalidad normal, es decir, las cifras oficiales multiplicadas por cuatro. Ante la desconfianza en el sistema sanitario no queda sino el efecto placebo de algunos compuestos no probados científicamente que se venden de manera camuflada además de la sabiduría popular y la fe: “Dios dirá”.
Lea el informe completo en revista Rocinante de agosto.
