Iniciado el último tramo del gobierno de Moreno persiste la insistencia del régimen en aplicar políticas económicas alineadas a las recomendaciones del FMI que en la práctica dura y pura contradicen los intereses de sectores populares y medios de la sociedad ecuatoriana: impuestos, ausencia de créditos asequibles, precarización laboral, tributos encubiertos de contribuciones humanitarias, etc. Esto obliga a repensar en la inexistencia de una justicia redistributiva que en tiempos de pandemia ha repercutido negativamente en la estrategia del gobierno, dada la ausencia de acciones preventivas y oportunas que pudieren haber mitigado los riesgos de contagio o la implementación de dispositivos de protección social en medio de la crisis humanitaria.
De allí que el modelo por el cual el gobierno formula las políticas sociales enfrenta críticas de diversos sectores ante la desproporción de una catástrofe que puso en evidencia la crisis estructural de dicha fórmula de desarrollo, caracterizada por la pobreza, el aumento del desempleo y las desigualdades sociales en Ecuador. La vulnerabilidad social queda al descubierto por la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, acrecentada por la pandemia.
No deja de ser preocupante que el régimen no logre identificar la causas de la crisis, peor sus soluciones, y persista en medidas draconianas para el pueblo, apelando a más impuestos, anticipo de tributos, sin el menor atisbo de acudir en ayuda efectiva a los sectores más necesitados.
Todas las medidas mentalizadas por el equipo económico del gobierno pasan por la especulación financiera, la gimnasia bancaria que está presente en el debate público como si no hubiere otras alternativas que definitivamente el gobierno no quiere contemplar. Esta línea de acción sugerida por el FMI no rompe con la estructura de privilegios existente en el país que corresponde a la lógica neoliberal de que la crisis la paguen los que menos tienen.
Estas estrategias fondomonetaristas surgen en un contexto latinoamericano negativo, según Cepal: la caída del PIB para la región se proyecta en un -9.1%, lo que acarreará pérdida de empleos y disminución de ingresos de los hogares. La tasa de desocupación regional alcanzaría al 13,5%. En ese contexto se proyecta un aumento significativo de la pobreza extrema en América Latina que podría alcanzar a los 231 millones de personas, es decir el 37,3% de la población.
Sin lugar a dudas este contexto internacional impactará severamente en Ecuador, dada las particularidades del país con escasa capacidad de inversión en políticas y programas con enfoque en derechos. Este es el momento clave para reformular el diseño de políticas públicas con enfoque social, desde nuevas estrategias de desarrollo más inclusivas y contemplativas de derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Hoy más que nunca amerita que los recursos de la politica social pongan en el centro de su preocupación las necesidades humanas. Es un imperativo ético recuperar el valor histórico de la política pública universal y solidaria.
