Como un robo a la democracia calificó el ex presidente Rafael Correa la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE, de eliminar al movimiento nacional Fuerza Compromiso Social y de ese modo impedir a la oposición participar en las próximas elecciones de febrero del 2021. “Nos roban nuevamente la democracia”, dijo Correa en su cuenta de Twitter y al mismo tiempo denunció a Diana Atamaint, presidenta del CNE, José Cabrera Z. (PSC), Enrique Pita (CREO), Esthela Lanchimba (PAIS) Y Luis Verdezoto C., haber cedido a las amenazas y presiones políticas de Pablo Celi y de la ministra de Gobierno María Paula Romo.
Según los denunciantes este nuevo intento por impedir la participación electoral del correísmo afecta a la primera fuerza electoral pluripersonal de Ecuador que en las pasadas elecciones seccionales del 2019 obtuvo el 11.21%. Según Correa los funcionarios del CNE que adoptaron la decisión de impedir la participación de Fuerza Compromiso Social, están cediendo a las presiones del gobierno de Lenín Moreno. El ex mandatario declaró: “No tendrán dónde esconderse, ustedes serán responsables jurídicamente nacional e internacionalmente por robarle la democracia a los ecuatorianos”.
La maniobra política consumada en el CNE tiene relación con la exigencia de que se deba inscribir personalmente las candidaturas en el CNE. Esta disposición requiere de una reforma del Código Civil para abolir los poderes especiales y generales y que las personas puedan hacer actos o contratos a través de poderes. El representante de la UNES Unión por la Esperanza, Leonardo Berrezueta dijo que “ese reglamento es absolutamente inconstitucional”, y que solo se quiere poner “cortapisas no solo a la participación del ex presidente Rafael Correa, sino de otros miembros del movimiento”.
La democracia no puede ser limitada en su expresión electoral, sea por la vía legal o por resoluciones administrativas del Consejo Nacional Electoral, CNE. La limitación al libre ejercicio democrático atenta contra el derecho constitucional que tiene todo ecuatoriano libre de impedimento legal de presentarse como candidato a cargos de representación colectiva. La vigilancia popular y la movilización ciudadana es la única garantía para que estos derechos sean respetados.
