El hecho de que en el pasado Informe a la nación –del 24 de mayo- el presidente Lenin Moreno no haya siquiera mencionado a la cultura y los patrimonios es patético. Pero también es muy decidor. Es la evidencia, clara y precisa, de la poca o nula importancia que su gobierno ha dado a la cultura. Y peor aún a los patrimonios. Este año, el 2019-2020, debe ser para la cultura el peor de la historia. Una crisis económica inducida que precarizó, como nunca, el sector cultural. Y que con la pandemia y la emergencia sanitaria se profundizó a niveles dramáticos.
Hay un signo que ha marcado la gestión cultural en estos dos últimos años; los permanentes recortes a los presupuestos de las entidades de cultura y patrimonio, lo que ha generado que los servicios culturales sean cada vez más deficientes y los presupuestos de inversión de las instituciones culturales se hayan reducido al mínimo. Instituciones públicas de cultura y patrimonio que sobreviven, sin ningún margen para generar proyectos y peor cumplir con los mandatos de la Ley orgánica de cultura y patrimonio.
La gestión del ministro Juan Fernando Velasco se ha caracterizado por el incumplimiento a su propia promesa de posesión; “cumpliré la Ley de cultura, cueste lo que cueste.” Y éste es quizá el hecho más relevante de su gestión: el permanente incumplimiento a los mandatos de la Ley, que tuvieron su punto culminante cuando, mediante decreto ejecutivo 1039, del 8 de mayo, se fusionó el Instituto de fomento, innovación y creatividades, IFAIC, y el Instituto del cine y el audiovisual, ICCA, violando no solo la Ley orgánica de cultura sino la propia Constitución. En la reunión sostenida, vía zoom, con el sector audiovisual, el ministro evadió las respuestas, mostró desconocimiento del sector y argumentó que él no es quien debe determinar si la fusión es legal o no. Los colectivos del audiovisual afirmaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.
En verdad, en este último año de gestión, no hay acciones destacables de beneficio directo para actores y gestores patrimoniales ni para la institucionalidad patrimonial. Incluso, hay que decirlo, durante los más de 110 días de la emergencia sanitaria, el Ministro Velasco no solo que incumplió sus ofrecimientos -200 dólares para los artistas a través del programa Desde Casa; y 60 dólares a través de un bono del MIES, para los artistas más vulnerables, sino que excluyó –una vez más- a los portadores de saberes, muchos de los cuales viven en la indigencia.
Así mismo, el Plan de contingencia presentado es tardío y poco práctico, con unas bases de sus fondos concursables absurdas y por fuera de la realidad, a tal punto que, por la presión de los actores culturales, el Ministerio tuvo que modificarlas.
Durante este periodo de tres años de gobierno, no se ha terminado de conformar, peor consolidar, la institucionalidad del Sistema nacional de cultura. Y quizá este sea el principal problema y el motivo por el cual incluso, ciertos sectores, han llegado a proponer la desaparición del Ministerio. Si en el campo de la cultura, de las artes, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, como Ente rector, no ha generado políticas públicas, lo mismo ha sucedido en el tema de los patrimonios. La Ley orgánica establece numerosos mandatos, pero ninguno se ha cumplido. Una vez más, el Ministerio y la gestión de Juan Fernando Velasco nos quedan debiendo. Es necesario mencionar que el capítulo correspondiente a los patrimonios, es quizá no solo el más amplio sino el mejor sustentado en la Ley. Incluso, en este capítulo de la Ley orgánica, se incluyen definiciones (ausentes en temas de gestión cultural) composición y ámbitos del Subsistema de memoria y patrimonio.
La ley orgánica establece la creación de Redes nacionales para integrar el Subsistema de memoria y patrimonio. Así, por ejemplo, no se ha conformado la Red de Museos, incluidos los arqueológicos, presididos por el Museo Nacional (Art. 35). No se ha conformado la Red Nacional de Archivos (Art. 38). No se ha conformado la Red Nacional de Bibliotecas, presidida por la Biblioteca Nacional (Art. 41). Y tampoco se ha cumplido con la disposición de que los GADS pasen a administrar bibliotecas públicas comunitarias, del antes denominado Sistema nacional de bibliotecas públicas, SINAB.
La Aurelio Espinosa Pólit, que es la biblioteca archivo del depósito legal del libro, no recibe los recursos necesarios por lo que ha debido recortar su personal al máximo y está a punto de cerrar. No se ha conformado la Red nacional de sitios arqueológicos y paleontológicos, aunque el INPC ha avanzado en el modelo y plan de gestión y necesita recursos para su implementación. Tampoco se ha cumplido con la obligación, para los GADS, de contar, “en el plazo de un año”, con promover y financiar el inventario de sus bienes culturales y patrimoniales a través del Sistema de información cultural. Además, los gobiernos locales, como sabemos, por la pandemia trasladaron los escasos recursos de cultura a solventar la emergencia sanitaria.
Lo mismo, lamentablemente, debemos decir del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, de los usos, costumbres, creencias, representaciones, expresiones, conocimientos, etc. que “son inherentes que cada sociedad y comunidad que los reconocen como propias de su identidad cultural.” Estos patrimonios son los más sensibles y, por tanto, los mas vulnerables y en riesgo. Y debemos incluir en este en este punto, a los patrimonios vivos. Es decir, a nuestros abuelos y taitas que guardan una gran sabiduría y conocimientos ancestrales. A pesar que la propia Ley orgánica establece, en el art. 81, el mandato para que los GADS y el INPC cuenten con “un registro digital permanente y actualizado de los patrimonios inmateriales,” aún no se cuenta con ese registro. Y lo que es más, se debería ya contar con medidas de protección y salvaguarda; con los respectivos protocolos y reglamentos, como manda la Ley. Cuando el terremoto de Manabí y Esmeraldas, en 2016, se hizo evidente la necesidad de contar con ese registro, pero muy poco o nada se ha avanzado.
Lo que si vale la pena mencionar es el funcionamiento de la Comisión de lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales, creada en el gobierno anterior, que ha permitido la repatriación de importantes bienes, como el caso de las 400 piezas y 10 mil fragmentos de la cultura Valdivia, que estaban en la universidad de Calgary, a través de un convenio de investigación con la Universidad San Francisco. Sin embargo, hay que señalar que en estos años no se han iniciado nuevos procesos de repatriación de bienes que fueron trasladados al exterior de manera ilegal.
Los patrimonios fílmicos, sonoros, audiovisuales, digitales, así como los patrimonios etnográficos y fondos documentales archivísticos se encuentran en riesgo por falta de recursos. Los continuos recortes a sus precarios presupuestos están a punto de ahogarlos. Solo la pasión y la entrega de quienes, desde hace años, trabajan por su preservación los mantiene a salvo. Tal es el caso, por citar un ejemplo, de la Cinemateca Nacional. O lo que sucede con el penoso deterioro de una gran cantidad de bienes que se encuentran en diversos repositorios, como por ejemplo el caso del los instrumentos del museo Pedro Traversari, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.
Otro punto importante son las “famosas” declaratorias patrimoniales que se han convertido en un instrumento político. Así no tengan competencias, la Asamblea Nacional y el Parlamento Andino emiten declaratorias con un claro afán clientelar. El propio Ministerio de Cultura antepone el proselitismo a las necesidades técnicas. Se realizan declaratorias pero no se asignan recursos económicos que permitan ejecutar los planes de salvaguarda. En periodos electorales se reparten declaratorias a lo largo y ancho del país. Y lo que es mas grave, se montan tarimas para los candidatos oficiales.
En este periodo de emergencia sanitaria el Ecuador ha perdido valiosos patrimonios vivos y saberes en distintas comunidades del país; en Valdivia, Picoazá, y en la Amazonía. Este es el caso, por solo citar dos ejemplos, de Don Alfonso Cachiguango, de la agrupación Ñanda Mañachi; Humberto Cotacachi, de Charijayac; en la provincia de Imbabura; y don Ambrosio Tigrero, el último testigo del rapto del monolito de San Biritute, en la comuna de Sacachún. Se marcharon sin que se haya podido preservar su memoria para el resto de generaciones. Tampoco se ha avanzado lo suficiente en los patrimonios modernos y contemporáneos. El registro de estos bienes casi no existe a nivel nacional, y solo en Quito se ha logrado avanzar -con retrasos y tropiezos- y establecer las notificaciones respectivas a los propietarios de esas edificaciones. En tanto, las presiones inmobiliarias son cada vez mas fuertes; una gran cantidad de inmuebles son derrocados por sus propietarios o por los municipios. Funcionarios públicos de alto nivel que están mas preocupados por liberar inmuebles de la protección patrimonial antes que de preservarlos.
Los inmuebles patrimoniales en el Ecuador siempre están en peligro; cada semana se producen colapsos y derrocamiento en todas las provincias del país. Basta mirar lo que sucede en el Centro histórico de Quito. Mas del 95% de esos bienes se encuentran en manos privadas. Solo cuando el extinto Ministerio Coordinador de Patrimonio creó el programa SOS Patrimonio se establecieron ayudas directas para que los propietarios privados puedan acceder a recursos para mantenimiento y protección de sus inmuebles, y puedan, si era necesario, cambiar su uso, para establecer emprendimientos vinculados al patrimonio. Pero ya en el Ministerio de Cultura, el programa SOS Patrimonio simplemente desapareció. Las competencias patrimoniales pasaron, en febrero de 2015, a los gobiernos locales.
Pero muy pocos municipios las han asumido, a pesar de que esto les permite también acceder a recursos. Y los Municipios grandes, como Quito, Guayaquil o Cuenca, reciben, por esas competencias patrimoniales, recursos del presupuesto del Estado pero lo invierten en otros temas. El Municipio de Quito recibe cada año 90 millones de dólares, pero desde la administración de Mauricio Rodas, solo se invierte en patrimonio 21 millones de dólares. El Municipio de Guayaquil, recibe cada año más de 40 millones, pero los utiliza para otros temas. A pesar de este claro incumplimiento de la ley, el Ente rector ha sido incapaz de, como le corresponde, exigir que esos recursos sean invertidos en proyectos patrimoniales.
En estos tres años, en la ciudad de Guayaquil se han vuelto comunes los derrocamientos de los pocos inmuebles patrimoniales con que cuenta la ciudad. Y lo más indignante es que el autor de esos atentados es el propio Municipio. Así, derrocaron la piscina municipal y vaciaron la Casa del Cacao, a vis y paciencia de las autoridades patrimoniales. La construcción de la aerovía provocó un gran atentado al mural de Araceli Gilbert que se encuentra en el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es la propia municipalidad la que maltrata a una de sus más importantes artistas visuales. Y otra vez, a vista y paciencia de las autoridades patrimoniales. En estos días, siempre con el pretexto de la austeridad, se anunció el cierre de la Empresa de Ferrocarriles, que administra uno de los patrimonios mas emblemáticos de los ecuatorianos: el tren trasandino, el más difícil del mundo; el tren de Alfaro. Un bien patrimonial que no solo genera identidades sino que dinamiza las economías locales a lo largo de la ruta del tren. Un bien patrimonial, recuperado por el Estado en el gobierno anterior, que ahora el presidente Lenin Moreno quiere concesionarlo como parte del modelo neoliberal privatizador. El Ministro de la cultura y los patrimonios ha guardado silencio.
La gestión del Ministro Juan Fernando Velasco, ha estado marcada por la omisión y la polémica antes que por una eficiente gestión. Es el caso de la decisión de trasladar las reservas patrimoniales y documentales del Ministerio, que se encuentran en el edificio Aranjuez –que sufre afectaciones estructurales- al edificio UNASUR en la Mitad del Mundo. Las organizaciones y colectivos patrimoniales y de historiadores han manifestado su oposición al traslado y han remitido comunicaciones que no han recibido respuesta. El 26 de junio el Ministerio hace público el informe técnico y comparativo de las diversas alternativas, en el cual se concluye que la mejor opción es UNASUR. EL 19 de junio el Ministerio solicitó a Cancillería la entrega del edificio para proceder al traslado a un costo de 296 mil dólares. Varios historiadores han calificado al informe presentado como “sesgado, con serias deficiencia técnicas y contradicciones.”
Pero además, no debemos olvidar que la cláusula cuarta de la escritura de donación de los terrenos del Gobierno de Pichincha a Cancillería, establece expresamente: “en caso de que la Cancillería no destine el inmueble que recibe en donación, en laconstrucción, y puesta en funcionamiento de la sede administrativa y Secretaríageneral de la UNASUR, se revertirá su dominio a favor del Consejo provincial dePichincha”. En este sentido, la Prefecta de la provincia, Paola Pabón, remitió –el pasado 17 de septiembre de 2019- una comunicación a Cancillería, en la cual solicita una reunión con el Canciller para tratar este tema.
Lo recortes presupuestarios a las instituciones culturales y patrimoniales no solo que han generado despidos sino que han dejado en cero las posibilidades de inversión, de investigación y hasta de mantenimiento. Museos y espacios patrimoniales cada vez más débiles y precarios que funcionan con mínimo personal y sin ninguna opción degenerar proyectos vinculados con la comunidad. Centros culturales, museos y otrosespacios culturales privados que no tienen posibilidades de reabrir luego de laemergencia y, lamentablemente, permanecerán cerrados, sobre todo en las comunidades de Santa Elena y Manabí.
Del mismo modo, el gobierno anunció el despido de 600 guarda-parques del Ministerio del ambiente asignados a los parques nacionales y áreas protegidas. Este personal es fundamental para la conservación y preservación de los ecosistemas biodiversos del país. A esto se suman también los recortes presupuestarios que ponenen riesgo nuestros patrimonios naturales.
Por todo esto, queda claro que es momento de exigir el cumplimiento y aplicación de la Ley orgánica de Cultura y Patrimonio. No es momento de desmantelar las instituciones culturales. No es momento de seguir destruyendo todo lo público. Por el contrario, es momento de implementar los mandatos de la Ley para tener un sectorcultural y patrimonial organizado, articulado y con funciones y responsabilidadesclaras y específicas; con redes y tejidos nacionales; con acceso transparente ydemocrático a los recursos; con circuitos de circulación y distribución de bienes yservicios culturales y patrimoniales. Ya es tiempo de terminar con la precariedad y entender que la cultura y los patrimonios son esenciales para la vida y para la sociedad y, por tanto, merece dignificarse el trabajo cultural y patrimonial.
