De todas las historias de la historia la más triste parece ser la de Ecuador. Hoy día un país devastado por la más profunda descomposición social de su historia. El pequeño país sudamericano se desploma por una crisis sanitaria, económica y moral sin precedentes.
El capítulo más nefasto de esta historia comenzó el 29 de febrero cuando se confirma el primer caso de Covid 19 en el país. Diecisiete días despues el gobierno decreta el estado de excepción como respuesta a la pandemia viral y adopta una serie de medidas algunas de las cuales tenía pendiente desde octubre pasado en el contexto de los acuerdos establecidos con el FMI. Entre algunos protocolos sanitarios internacionales el gobierno decreta medidas de carácter económico, demostrando haber encontrado en la pandemia el pretexto ideal para imponer medidas drásticas y antipopulares y sortear la reacción de repudio y movilización social como en octubre pasado.
Entrado el mes de abril el mundo contaba ya un millón de contagiados y Ecuador reconocía oficialmente 3.338 casos de coronavirus y 148 muertos. Sin embargo, la duda sobre las estadísticas crecía y el presidente Moreno hacia un llamado a “transparentar las cifras”. En medio de la crisis renuncia la ministra de Salud denunciando la falta de recursos y presupuesto oficial para enfrentar la emergencia. Se decía que la cifra de contagiados y muertos crecía de manera “exponencial” y el significado de la palabra quedó claro cuando empezaron a aparecer los cadáveres en las calles de Guayaquil y las familias más humildes tenían que conservar sus familiares muertos durante varios días en sus casas con alto riesgo de contaminación. Mientras oficialmente se hablaba de 40 muertos la prensa local reportaba que 100 cadáveres no se habían levantado en la ciudad. El encargado de la Fuerza de Tarea Especial creada oficialmente para recoger cadáveres reportaba haber recolectado 500 cuerpos en una semana y el gobierno hablaba de 119. El gobierno pedía a la gente quedarse en casa, los hospitales y funerarias estaban colapsados y los servicios de emergencia no respondían a los clamores de la población. Comenzaba una polémica acerca de que si había que quemar los cuerpos, si había que hacer autopsias o era prudente realizar velorios, traslados y funerales convencionales o en fosas comunes, según las medidas de bioseguridad implantadas por protocolos internacionales.
En un post del analista Alvaro Saenz se señala “Junio fue el mes del coronavirus no porque no haya habido otros momentos de alto crecimiento y de muchos fallecidos, sino porque se manifiesta una pandemia robusta, posicionada y que pervive pese a los esfuerzos de aislamiento. La humanidad, los gobiernos y los sistemas de salud saben a qué se enfrentan y, sin embargo, han optado por desentenderse de ella esperar una respuesta mágica en una vacuna y rendir culto a la economía de siempre”.
En Ecuador las medidas de bio seguridad como lavarse las manos, trabajar o estudiar en casa través de internet no tenían mayor sentido en un país con carencia de agua potable en vastos territorios, con la inconexión digital en la mayoría de las localidades rurales. En un país en donde la mitad de su población económicamente activa depende de trabajos informales, de venta de productos en las calles convertidas en focos de contagio. Cómo confinarse en viviendas inadecuadas sin aire acondicionado en la costa ecuatoriana, sin condiciones reales de aislamiento la cuarentena se convirtió en una forma de vida inaguantable y hasta mortal.
La pandemia desataba otra crisis: la económica con una país inactivo e improductivo. Se impuso la economía por sobre la salud de la población. Quedaba al descubierto la crueldad de un modelo económico neoliberal que nunca había previsto una crisis humanitaria, que redujo los recursos de la salud y la educación, mientras el gobierno nacional prefería pagar la deuda externa a destinar recursos para aliviar el drama ciudadano.
La pandemia desnudaba la verdadera realidad: las diferencias sociales, la carencia de valores éticos, la existencia de una estructura de delincuentes enquistada o asociada al Estado para delinquir con los actos más inverosímiles de corrupción nunca antes vistos: sobreprecio en la compra venta de fundas plásticas para transportar los cadáveres. Los subregistros impusieron su lógica matemática mientras el propio personal médico denunciaba la falta de control y seguridad para manejar la crisis mortuoria. Se impuso la falta de información, falta de protección al personal sanitario, altísima demanda en servicios de emergencia, y la falta de pruebas y recursos. “Fuimos a la guerra sin armas”, dijo una dirigente del gremio de enfermeras.
Mientras la burocracia respondía “sin normativas ni sentido común”, como constató la periodista Milagros León. Ecuador se convirtió en el ejemplo internacional del mal manejo de la crisis. El otrora país de la bonanza, del crecimiento económico, del ejemplo social, quedaba al desnudo. La mortalidad cubría la “prosperidad” que había sido un espejismo. Se reveló el país de la inequidad, de la informalidad laboral con más del 50% de la fuerza laboral en la indefensión social. El pais se volvía ingobernable. Crecía la indisciplina ciudadana ante las medidas de aislamiento social impuesto por el gobierno. El régimen respondía con represión callejera, incidentes, golpes y cárcel.
Lo peor estaba por venir
La pandemia reveló otro rostro del verdadero país, la “nueva normalidad” estaría marcada por las más insólitas conductas humanas. En medio de la carencia de liderazgo se imponía el oportunismo político, en tanto el Estado hacia brillar por su ausencia las políticas públicas en campos tan sensibles como la salud, educación, cultura, entre otros aspectos de la vida nacional. Frente a la orfandad del país se impusieron las mafias oficiales y privadas que se habían apoderado del sistema de salud a cambio de apoyo electoral al gobierno, dedicadas a actos de corrupción en las esferas de la salud pública. Con el sistema hospitalario en sus manos, viejas mafias costeñas se dedicaron al contrabando de insumos médicos y a la compra y venta de estos insumos a los hospitales del Estado con escandaloso sobreprecio en la proveeduría de fundas para cadáveres, mascarillas, alimentos, equipos médicos, etc. Y en el extremo de la podredumbre humana una élite delincuencial vinculada a las esferas del poder se dedicaron en medio de la pandemia a traficar con carnés de discapacidad para beneficiar a miserables ecuatorianos que se valieron del documento obtenido para importar vehículos de lujo y hacer su repudiable negocio. Una pléyade de políticos, asambleístas, empleados públicos, gobernadores, alcaldes y deportistas habían sido “discapacitados” o simulaban discapacidad con el protervo fin de hacer un lucrativo negocios de importar vehículos de alta gama al país y beneficiarse de los derechos de los verdaderamente discapacitados. Como telón de fondo a la corrupción oficial incontrolable, la política emergía como la más innoble de las prácticas, con oportunistas calculadores, servidores públicos en campaña, opositores tramando mil aventuras electorales, etc. La política convertida en simulacro y la tragedia en caldo de cultivo electoral.
La nueva normalidad tenía denominadores comunes: Un modelo político social basado en los privilegios y la exclusión, ausencia de valores y referentes humanistas, feudalismo político y caudillismo local, falta de consolidación de un Estado nacional que imponga políticas publicas más allá de los gobiernos de turno, voracidad de los grupos económicos herederos del régimen hacendado, rezagos feudales en la cultura nacional, populismo regionalista y ausencia de liderazgos nacionales.
Los casos emblemáticos
Sobreprecio en hospitales del IESS
Bajo el régimen actual se consolidó la “entrega de hospitales a mafias” en Guayaquil. Una amplia red de proveedores contrabandistas de insumos médicos, que se dedicaron a vender con sobreprecio fundas para cadáveres, ropa de trabajo, alimentos, medicamentos, mascarillas, etc. a los centros de salud de la seguridad social del país. El escenario de estas fechorías eran los hospitales del IESS: Hospital General Los Ceibos y Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil y H. Eugenio Espejo del Ministerio de Salud en Quito. Además, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos donde vendieron alimentos con sobreprecio. Como efecto de la corrupción caía el presidente del Directorio del IESS, Paul Granda, oficialmente remplazado por Jorge Wated, quien presidió la Fuerza de Tarea para la recolección de cuerpos de fallecidos en Guayaquil. Como una muestra de que la corrupción tiene nombre y apellido, la justicia ecuatoriana emitió órdenes de captura, con fines investigativos, contra el exasambleísta Abdalá Bucaram Pulley; su esposa, Gabriela Pazmiño Pino; y su hermano, Mishel Bucaram Pulley. Las boletas de aprehensión fueron emitidas desde la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas. Estas solicitudes de detención se dan tras varias semanas de investigación a la familia Bucaram, en el marco de una indagación sobre casos de corrupción en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Muerte del prefecto del Guayas Carlos Luis Morales acusado de actos de corrupción
Sobre Morales pesaba una investigación abierta por la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias. Alrededor del ahora fallecido Prefecto se habría tejido una red de corrupción que involucraba empresas fantasma. Los médicos no pudieron atender a Morales cuando cursaba un infarto cardiaco porque “tenía un grillete electrónico en el tobillo”, y el policía que lo custodiaba se negó a romper el dispositivo porque no tenía una orden judicial para ello. El PSC le había quitado su apoyo y Jaime Nebot dijo: “Morales me fallo éticamente”.
La política convertida en calculadora electoral y baratillo de ofertas.
Jaime Nebot, lider del PSC renuncia a la postulación presidencial y su decisión podría implicar “una división del voto de centro-derecha en 2021”. Aunque el paso al costado del líder socialcristiano dé un mayor espacio y flexibilidad de alianzas a ese partido de la derecha con sectores de su tendencia o de centro. Nebot hizo una movida de ajedrez perfilándose como el promotor de una consulta popular que pretende “volver el protagonismo al pueblo” para provocar cambios constitucionales y así mover el tablero político. Su gesto tiene más relación con el propósito de fortalecer su partido en las elecciones para la Asamblea Nacional.
Entre los postulantes confesos está el banquero Guillermo Lasso que ha ofrecido “un proyecto de esperanza para lograr prosperidad” con “un buen administrador” capaz de “crear riqueza con trabajo”. Es su viejo discurso remozado en la forma.
En las últimas horas, Otto Sonnenholzner, actual vicepresidente, mostró intenciones electorales luego de haber actuado como opción electoral durante toda la crisis sanitaria. Otto dijo que “comenzará a trabajar su camino hacia una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2021”, con la finalidad de “unir al país no por ideologías, sino por objetivos”. El régimen tampoco descarta una carta electoral posible en la ministra de Gobierno Maria Paula Romo.
Los comicios del 2021 contarán con la participación del correismo -con Correa o sin él. Aun cuando no se conoce con certeza el nombre del o los candidatos. Rafael Correa ha manifestado que si lo dejan ser candidato se postulará a la Vicepresidencia del país. Correa enfrenta procesos judiciales con sentencia no ejecutoriada por un caso de presuntos sobornos y otro juicio por el supuesto “secuestro de Fernando Balda”. Entre los nombres que se han mencionado como posibilidades presidenciales para el correísmo, están el de Pierina Correa -hermana del expresidente-, Xavier Lasso -exfuncionario del correísmo-, y Marcela Aguiñaga, -exministra del gobierno anterior y actual asambleísta.
El movimiento indígena, pese a sus divisiones, podría marcar la agenda electoral. Leonidas Iza, uno de los líderes visibles del paro de octubre, dijo, estar dispuesto a construir una plataforma nacional con todos los sectores sociales, incluido el correísmo. Pero en las últimas horas Lourdes Tibán declaró que Pachakutik y la CONAIE están dispuestos a una alianza con sectores sociales y sectores políticos de izquierda, sin el correismo, para terciar en las elecciones con un candidato propio y un proyecto político que llamó “del buen vivir”.
Tráfico de carnets de discapacidad.
En medio de un clima pre electoral, la corrupción gana espacio en el país con hechos insólitos. La justicia tiene entre manos denuncias de incorrectas asignaciones y uso de carnets de discapacidad, mediante tráfico de influencias y corrupción oficial en el ministerio de Salud. La ley señala como delito el uso de certificados de discapacidad sin serlo. La sanción implica de cinco a siete años de cárcel, según el articulo 388 del COIP. El país ha visto con repudio e indignación cómo políticos, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos asambleístas y hasta deportistas que han declarado discapacidad para beneficiarse de los derechos de los discapacitados como importación de vehículos liberados de impuestos. Mientras tanto miles de ecuatorianos realmente discapacitados no pueden obtener el carnet por falta de causales según el Ministerio de Salud o por no tener 1.300 dólares para comprarlo a funcionarios miserables y corruptos enquistados en ese organismo del Estado que ha reconocido haber emitido 2.281 carnés de discapacidad de manera ilegal. Según el CONADIS Consejo Nacional de Discapacitados existen en el país 485.000 personas registradas con alguna discapacidad.
El escándalo surge cuando al calor de investigaciones por irregularidades en la compra de medicamentos se descubre que varios sospechosos impostores habían importado vehículos con deducción de impuestos debido a su condición de discapacitado. Entre los nombres que emitió la justicia constan los de Daniel y Noe Salcedo, así como los funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil César Rodríguez Fontecilla y Carla Cárdenas. También fueron mencionados los nombres de los alcaldes de Babahoyo, Carlo Germán Gaibor y de la Maná, Hipólito Carrera Benites que habían importado vehículos en los últimos cinco años. En la Asamblea se menciono los casos de los legisladores Macia Arregui, Israel Cruz, Ramón Terán y Fabricio Villamar quien manifiesta tener discapacidad auditiva e importó una camioneta en enero de este año para destinarla a trabajos agrícolas. También se mencionan en los registros los nombres de los esposos de Elizabeth Cabezas, Javier Vaca y de Wilma Andrade, Marco Morales que importaron carros de alta gama. Y en casos más insólitos se citan los nombres de Juan De Howitt, director del Centro de Inteligencia Estratégica y el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas que obtuvo su carnet de discapacitado en el año 2007.
Ese es el primer cabo de un ovillo que se desenredará cuando se investigue a todos los legisladores y se revise caso por caso los carnés otorgados para verificar su legitimidad. Mientras tanto la indignación ciudadana crece con mayor razón entre quienes se le ha negado el carnet aduciendo no cumplir con los requisitos.
En este contexto de crisis la ciudadanía se ha formado ya una imagen de cómo el gobierno viene manejando la emergencia permitiendo o no impidiendo actos repudiables de corrupción. Según una encuesta difundida por CEDATOS, el 78.1% de los ecuatorianos desaprueba lo actuado por el presidente de la República Lenin Moreno, en general. Respecto al trabajo del Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, en el manejo de la crisis: el 49,3 % ha aprobado su gestión, mientras que el 42,8 % lo desaprueba. En cuanto a la credibilidad, el 48,8 % sí cree en su palabra; mientras que, el 42, % no lo hace.
En este contexto de descomposición social y politica la comunicación oficial del gobierno trata de tapar el sol con un dedo. Según un análisis de Oscar Bonilla “La opacidad, o falta de transparencia, caracteriza la conducta política del morenismo y se expresa en el uso de los recursos extremos de un tipo de comunicación coherente con los sentidos fascistas y operaciones empíricas y situacionales empleados en el candoroso, aunque paradójicamente ladino, manejo de la comunicación gubernamental, que acude al ocultamiento, la distorsión de los hechos, la instalación y diseminación de post verdades, el falseamiento de los datos relativos a la crisis sanitaria, y se torna en un intento angustioso de proteger a un gobierno que agoniza asfixiado por la ineptitud y la corrupción que cabalga en todas sus entidades y que infecta prácticamente todas las instituciones del Estado”.
Una comunicación en manos de marketineros que pretenden sacar del escenario de crisis a los funcionarios que consideran con algún potencial político o aquellos que requieren “lavar su imagen” como los ministros de Gobierno, el propio vicepresidente y presidente y el cuestionado frente económico.
Se trata del intento de “los estrategas y técnicos de la comunicación morenista, de servir a los mandatos de los patrones de la partidocracia que los llevaron al gobierno, y su esfuerzo por resguardar y edulcorar la acción de los culpables del cataclismo que ha logrado anclarse en los estratos fundamentalistas de los usuarios y provocadores de las redes sociales del bando de la derecha, para ser casi automáticamente desmantelado por las marejadas de datos, pruebas documentadas, denuncias, demandas, exigencias y protestas de hombres y mujeres castigados por los impactos de esa crisis y cada vez más indignados por el tratamiento de una situación económica fabricada por el neoliberalismo aun antes de la llegada del COVID”.
En tanto “los medios de comunicación de masas convencionales y hegemónicos, han sido sometidos a las actuales condiciones de la lucha política pre electoral e instrumentalizados por los intereses de los poderes económicos que pugnan por el establecimiento de nuevas relaciones de poder. Siguiendo sus propios cánones mercantilistas, que se establecen al margen de los dictados de la diletancia comunicacional del régimen, estos medios han ingresado, como lo han sido desde su origen aunque en forma aún más descarnada, a las arenas de la disputa inter burguesa en condición de sujetos políticos”, concluye Bonilla.
No es extraño entonces que en triste rol “la comunicación gubernamental sólo observa y aplaude o calla y lloriquea ante la exposición pública” de las miserias de un país descompuesto.
