Según el Observatorio de la Dolarización que dirige el economista Andrés Arauz, la Ley de apoyo Humanitario no contribuye a mejorar la recuperación económica y la verdadera insistencia de su aprobación da muestras de las intenciones de generar una concentración económica y bancaria, a partir de los componentes vinculados a las leyes de quiebra de empresas. Se trata de una ley que provoca un impacto pernicioso en el sistema financiero, si es que vivimos una “desregulación laboral y legitimización de los despidos”, que hará que las personas incumplan sus obligaciones con la banca y genere mayor incertidumbre.
La carga tributaria no debería significar un impuesto al sueldo de las personas naturales ni al capital de las empresas, sino “al patrimonio familiar” concentrado en pocas familias en el país. Arauz, en entrevista con diario El Mercurio, sugiere un gravamen al patrimonio familiar que existe dentro y fuera del país, que son recursos que ya salieron del flujo económico y solo es acumulación familiar de algunos privilegiados. El proyecto de ley contempla gravámenes a los inmuebles de las empresas que actúan en “paraísos fiscales”, pero solo a sus inmuebles cuando debió establecer gravámenes para el capital que permanece en esos países considerados paraísos para ocultar dinero que sale del país eludiendo impuestos en territorio nacional.
El economista Arauz señala que el SRI recaudó durante el mes de abril 70 millones de dólares por concepto de impuesto a la Salida de Divisas del país que corresponde al 5% de los montos sacados fuera de Ecuador. Para que se entienda mejor, eso significa que salieron al exterior el mes de abril 1.500 millones de dólares. Comparado con esa cifra, el SRI recaudó 77 millones de dólares el mismo mes por concepto del 12% del IVA de importaciones, lo que quiere decir que se realizaron importaciones por el orden de los 750 millones de dólares, es decir, la mitad de la cantidad de dinero que salió de Ecuador. ¿Cómo podemos mantener nuestra liquidez nacional si sale más plata de la que ingresa al país? Arauz complementa la cifra afirmando que en bancos internacionales existen 5 mil millones de dólares en divisas que salieron del país.
La cifra llamó la atención de la prestigiosa revista norteamericana The Financial Time, que en su editorial institucional, es decir, compartida por todo su Consejo Editorial publicó “El FMI no debe financiar la fuga de capitales del Ecuador”, y que si este organismo multilateral le va a prestar dinero, que ese dinero no salga al exterior.
Grupos económicos y familias pudientes ecuatorianas siempre han argumentado que no traen dinero al país porque no existe “seguridad jurídica”, y luego tienen que pagar impuestos para sacarlo al exterior. No deja de ser una argumento falaz, porque Ecuador no ha tenido durante su historia, sino desde hace poco tiempo, un impuesto a la salida de divisas. En la década de los años 90 la fuga de capitales provocó la más grave crisis económica nacional con la quiebra de bancos, que a través de sus operaciones of shore sacaron dinero al exterior. El resultado fue el congelamiento de los depósitos de millones de ecuatorianos, crisis que además costó al Estado más de 6 mil millones de dólares en salvataje bancario.
Frente a la aguda crisis económica agravada por la pandemia, Ecuador debe repatriar los 5 mil millones de dólares que no más de mil familias sacaron del país; introducirlos en la economía, financiar la emergencia sanitaria y empezar a recuperar la situación económica.
Hasta que aquello ocurra Arauz sugiere al ministro Martínez conseguir un sobregiro de las reservas depositadas en el Banco Central para hacer un copago del Estado a los sueldos de trabajadores informales, según su situación económica, y trabajadores de empresas pequeñas en problemas. Esa es una solución que adoptó Canadá, Dinamarca e Inglaterra, echar mano a los dineros en sus bancos centrales para aliviar la situación de los trabajadores. Cuestión de sensibilidad social y voluntad política.
