Por Fander Falconí
El virus del COVID-19 irrumpió en medio de una crisis ambiental sin precedentes y de una recesión internacional no resuelta desde el 2008-2009. El Covid-19 podría ser solo la primera de una nueva oleada de enfermedades zoonóticas despertadas por la presión ejercida por el capitalismo sobre la Naturaleza.
La pandemia provoca ya un fuerte impacto en la salud de las personas, la economía, el empleo y la cohesión social. 1.600 millones de estudiantes, que representan el 90% de la población estudiantil global, se han visto afectados por el cierre de escuelas y universidades en 192 países, de acuerdo a datos de la UNESCO (UNCTAD, How COVID-19 is changing the world: a statiscal perspective, 2020).
Las tecnologías digitales permiten paliar el impacto de la pandemia en el proceso educativo. Sin embargo, CEPAL (América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales, 2020) advierte que el aumento del uso de las tecnologías digitales puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto acceso a las mismas entre los países y las personas. En el año 2017 más del 80% de la población tuvo conexión a Internet móvil en Chile, Brasil, Costa Rica y Uruguay; sin embargo, ese promedio disminuyó al 30% en Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua. Casi un 60% de la población estaba conectada a Internet móvil en Ecuador. De otro lado, se presentan fuertes desigualdades en la tasa de conectividad. La brecha entre los quintiles más ricos y los más pobres es mayor en Honduras (58 puntos porcentuales) y Perú (60 puntos), y menor en Chile (22 puntos) y Uruguay (17 puntos). Ecuador tiene una brecha de conectividad de cerca de 30 puntos porcentuales entre los quintiles más ricos y los más pobres, según la misma fuente.
Por tal motivo, no es posible y tampoco es deseable pretender que las tecnologías digitales solucionen problemas educativos derivados del confinamiento. Y no se puede pasar por alto otra situación: en el sector rural, como en el caso ecuatoriano, no todos tienen disponibilidad de equipos móviles o computadoras y la capacitación informática es limitada. El analfabetismo digital (falta de conocimientos de nuevas tecnologías, inexperiencia en el uso de computadoras, etc.), aunque se ha reducido, aún afecta a 1 de cada 10 personas entre 15 y 49 años (Encuesta Nacional de Empleo y Subempleo, INEC, 2017), en particular a las mujeres y al sector rural (2 de cada 10 personas).
Las brechas en el uso de tecnologías digitales podrían aumentar las distancias entre la educación pública y la privada, lo cual es negativo. Además, el traslado mecánico de contenidos educativos a las plataformas educativas exacerba problemas pedagógicos relacionados con la forma de impartir los conocimientos en el aula (clases magistrales con escasa interacción entre estudiantes y profesores), y con la sobrecarga de los miembros del hogar en las tareas educativas. El tema de fondo es enfrentar el modelo pedagógico educativo.
En el Ecuador, el debate del uso de las tecnologías digitales ocurre en un contexto de recorte presupuestario a las universidades y a la educación pública. La educación no puede tratarse como cualquier gasto innecesario que debe ser recortado de un plumazo. En la mayoría de las sociedades, la educación se mira primero desde la óptica de a rentabilidad social, con una perspectiva de mediano y largo plazo. Su presupuesto no puede ser tratado, desde el ministerio de economía, como una hoja contable con sumas y restas a conveniencia, más allá de que afecta un principio constitucional al ser una inversión que debe ser creciente en el tiempo. La educación genera capacidades humanas y estimula la superación de las personas.
El 12 de mayo, la Corte Constitucional, mediante resolución No. 34-20-IS/20, acogió un pedido de las universidades y dispuso al ejecutivo que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias. Así, se logró frenar la reducción del presupuesto a la educación superior.
En el caso de la educación media, la suspensión del bachillerato internacional, del servicio de atención familiar para la primera infancia y de los programas de educación básica de jóvenes y adultos son crasos errores. El bachillerato internacional (BI) ha sido una de las intervenciones más costo- efectivas (alcanzar un objetivo al menor costo posible) en educación. En 2017, se hizo una rigurosa evaluación del BI, con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y se demostró que tuvo un impacto positivo en el aprendizaje de lenguaje y matemáticas y en el aumento de la matrícula. En otras palabras, si la idea del ajuste era lograr eficiencia, se hizo todo lo contrario. Otros programas afectados fueron el programa de educación a adultos (alfabetización y post alfabetización, como Todos ABC), que tanto éxito tuvieron por el orgullo personal y la movilidad social que generaron. La imagen conmovedora del último hielero del Chimborazo, Baltazar Ushca, al escribir por primera vez su nombre, puso en primera plana la importancia de la educación para adultos mayores.
Para enfrentar las distintas crisis (ambiental, económica y de salud), se debe priorizar la inversión en salud y educación, y luego el pago de la deuda externa.
