Si hay una frase que describe el estado de descomposición social y política a la que ha llegado el Ecuador, es que estamos tocando el fondo. La corrupción que abruma a la nación no es la simple crisis de la moral, se ha convertido en la moral de la crisis. Es una forma de ser, hacer y deshacer en el país. Vivimos un estado de criminalidad que se refleja en cada acción u omisión institucional que compromete diversas instancias de la organización social en un crimen de Estado.
Existe una tendencia a enfocar el tema de la corrupción como un hecho meramente moral o económico. Reduccionismo que no explica el fenómeno y no permite ver sus raíces y posibilidades de erradicación. El problema de la corrupción se ha convertido en una prioridad de sobrevivencia social, un problema estructural que muestra la contaminación que existe en el esqueleto de la nación, un virus que mutó en su ADN. Esto cuesta decirlo, porque antes de constatarlo fuimos los primeros en rechazar la sentencia de Amnistía Internacional que nos ranqueaba a Ecuador como “el cuarto país más corrupto de América y uno de los más corruptos del mundo”. Y aunque para muchos la pandemia de la corrupción nacional es asintomática, imperceptible o exagerada, los síndromes están a la vista. Robos que van desde la simple ratería hasta la asociación ilícita para delinquir en las más altas esferas del poder, pactos políticos que confirman rutinarias connivencias para burlar la voluntad del pueblo, traicionarlo o imponerle designios en contra de sus derechos e intereses.
Citamos algunos criterios expresados en nuestro libro Decapitar a la Gorgona: ¿La corrupción una moral de la crisis? (2000). En ese texto junto a prominentes ecuatorianos reflexionamos la idea de que si haber nacido ecuatoriano es ser, consustancialmente, corrupto. Hipótesis que seguimos negando, pero que es preciso demostrarla, cito: “La corrupción en la literatura ha sido estigmatizada por diversos calificativos, a saber: La corrupción es el impuesto más cruel. Una lógica de aprovechamiento personal o de grupo que ha penetrado las instituciones, menoscabando su credibilidad y eficiencia, determinando un tipo de relación entre el individuo y el Estado. La corrupción es una forma de recuperación por inversiones o favores realizados a quienes logran captar la administración pública. La corrupción es la venta de la autoridad. La corrupción es el gobierno de la cleptocracia. La corrupción es la compra del poder”.
Cualquiera sea la definición que ensayan autores que han tratado el tema, la corrupción es un hecho político, en la soledad del poder absoluto todo puede suceder. La corrupción ejerce una velada dictadura al controlar indirectamente los mecanismos del Estado. Es también un programa económico destinado a la obtención de dinero fácil y rápido, por tanto, a la consagración de la propiedad privada indebida. Es un gesto moral que adopta la forma de un pecado social irredimible, de un dogma. La corrupción es causa y efecto de la descomposición de la democracia formal. Acusa el propio fracaso del Estado capitalista en cuanto al rol que le corresponde en la sociedad como entidad de poder. Si aceptamos que el Estado ya no es el organismo regulador de la vida social y que el libre mercado y la transacción desigual de bienes cumplen esa función, entonces, ¿qué nos hace pensar que los concurrentes a ese mercado no escatimarán esfuerzos por captar, a como dé lugar, la hegemonía sobre el resto de la sociedad? ¿En qué pilares se afirma el bien común, cuando ya no existen referentes que regulen la obtención y el usufructo del patrimonio social? ¿Quién puede asegurar que el libre albedrío económico garantiza los consensos mínimos necesarios para actuar con sentido colectivo? La ley de la selva, hasta donde sabemos, asegura la supervivencia del más hábil, no del más solidario. El orden social no responde a las leyes naturales en sentido estricto. Las especies animales se extinguen precisamente por la depredación de que son objeto. La corrupción es una suerte de depredación que no respeta a los sujetos ubicados en los estratos más débiles de la pirámide social.
En la batalla por la obtención del poder, la ausencia de propuestas y proyectos políticos basados en principios deja el campo libre para que el dinero reemplace a las ideas y a las plataformas programáticas concretas. Se busca la adhesión mediante favores por quienes ven la política como una inversión recuperable por la vía de la corrupción, y no como la lucha por determinados ideales. Así, el poder económico viabiliza al poder político y el control sobre los aparatos del Estado vuelve más rentable los negocios privados en el “toma y daca” del ejercicio del gobernante. La corrupción en tal sentido, se perfila como un fenómeno directamente proporcional al supuesto fin de las ideologías. A menor vigencia de valores ideológicos que identifiquen una ética frente a la cosa pública, mayor corrupción.
La corrupción es un hecho ideológico. La presunta muerte de las ideologías que preconizan algunos, tiene de maligno el abandono de una visión de futuro, conlleva en sí la muerte de todas las utopías. Si el hombre deja de pensar la sociedad que anhela, si abandona un paradigma social de porvenir, se vuelve fácil presa de un pragmatismo que no da cabida a preceptos éticos y donde la única lógica social que prevalece es la apropiación de bienes, sin importar los medios para alcanzar este fin. De este modo, la práctica corrupta exacerba el conflicto social porque hace más pobres a los pobres y más ricos a los ricos, profundiza la concentración indebida de la riqueza, reproduce un poder cada vez más omnímodo y opresivo.
Muchos, por no decir todos, los gobiernos ecuatorianos debieron colgarse una banda presidencial en el pecho con la frase: Mi Poder en la Corrupción. En lo que concierne al régimen de Lenin Moreno, no es la excepción, porque el problema actual es que, tanto gobierno como oposición, prefieren no tocar la corrupción estructural. La corrupción no es solo pequeñas raterías, delitos de comisaría; hay una estructura en el Estado arraigada en la cultura y fruto de ella, un problema ideológico de una sociedad que sacraliza la propiedad privada.
En entrevista para Ecuavisa, el periodista y activista Fernando Villavicencio, señala que el cometimiento de actos de corrupción oficial en el sistema de salud pública que estalló estos días es heredado y que, en este gobierno, data más de dos años a la fecha con impunidad de los organismos de control. Antes del colapso sanitario hay varios síntomas de corrupción dentro del sistema de salud, hospitales del IESS, compra de equipamiento, contratos de construcción, compra de medicina, convenios de pago, reparto entre los mismos amigos y familiares que participan en los concursos. Denominador común de un sistema estructurado para estos atracos: “en más de dos años se confirma que una estructura criminal que gobernó y gobierna se tomó el sistema público de salud, hospitales de la seguridad social y del ministerio de Salud. Se materializó un acuerdo político del gobierno del presidente Moreno con caciques, caudillos políticos de Guayaquil quienes tomaron control de los hospitales y generaron todo este sistema delictivo, es decir, cuando el coronavirus llega al Ecuador ya encuentra un sistema hospitalario completamente devastado e infestado por la corrupción. Contraloría abrió un examen especial, un informe con responsabilidad penal ¿dónde está ese informe de hace más de un año? Si la Contraloría y Fiscalía hubiesen actuado a tiempo, si la Secretaría Anticorrupción, si el Gobierno hubiesen actuado, las consecuencias letales del virus no serían las que estamos viviendo. Estamos hablando de la creación de miles de empresas de cartón (…) estas empresas fueron creadas de la noche a la mañana, que venden hamburguesas, cebiches, estudios jurídicos, esas empresas son las que proveen los medicamentos para los hospitales. Los contratos están ahí, en los hospitales del Ministerio de Salud con las evidencias presentadas de un pacto político con los partidos que están dominando la Asamblea Nacional. Los hospitales de Manabí, Portoviejo, Guayaquil, entre otros, fueron repartidos a los asambleístas (…) Cuando un gobierno es acusado de corrupción, ese gobierno conforma una secretaria anticorrupción, es una muestra más de corrupción. El proceso de fiscalización es parte de la corrupción. Este es un gobierno necrótico, robar a los muertos es algo que nunca hemos visto. Pero estamos cogiendo a las sardinas, a los bocachicos, mientras los tiburones se escapan. Los grandes responsables de la corrupción no son los que firman o dan los informes en las comisiones de contratación de la seguridad social, están más arriba, todo el Consejo Superior del Seguro Social debe ser procesado penalmente, todos los ex gerentes del IESS, de los hospitales. Y quienes armaron el acuerdo político con los legisladores para repartirse (…) Estamos hablando miles de millones de dolares. Estamos viviendo una escuela de formación de delincuentes de cuello blanco”, concluye Villavicencio.
La corrupción es hermana de la impunidad y ese parentesco queda sacralizado desde el poder. El gobierno no ha sido capaz de recuperar lo robado. La promesa de la “cirugía mayor” contra la corrupción no se ha cumplido. En un Estado de derecho se requiere de una Fiscalía incorruptible y de una Contraloría independiente del poder. Una pregunta de fondo es, ¿para qué necesitan el Estado, para volverlo más obeso, para destruirlo? Hay que ver la capacidad que tiene el gobierno y el Presidente Moreno de administrar ese Estado y permanecer en el poder. En algunos sectores no se descarta la prerrogativa del Presidente Moreno de aplicar la «muerte cruzada» y de disolver la Asamblea Nacional y hacerse con todos los poderes, para hacerlo tiene plazo hasta el 24 de mayo. O al revés, la opción de la Asamblea de deponer al Presidente. Habrá que dilucidar qué pactos existen al respecto entre gobierno y oposición para que ocurra lo uno o lo otro. Habrá que ver si en esta coyuntura deciden dejar impune a «un Estado delincuente» o irse a su casa con igual impunidad. Habrá que ver qué rumbo toma la moral de la crisis. Toma la forma de la caridad humanista entre los ciudadanos, del paternalismo estatal o de complicidad del Estado con los grandes grupo de poder económico transfiriendo el peso de la crisis al pueblo. O acaso tome el camino del cuestionamiento hecho desde Bruselas, insinuando que el Estado disminuya el gasto en armamentismo, reduzca el presupuesto de Defensa y destine esos dineros para salir de la crisis en lugar de pedir dinero a empresas al borde de la quiebra o a trabajadores hambreados y sin trabajo.
La política es la capacidad de hacer que las cosas sucedan. Frente a la corrupción hay que dar una respuesta política dentro de un estado de derecho, sopena del riesgo que se convierta en un estado de hecho, con una ciudadanía que termine desconociendo esta perversa dinámica política corrupta y haga que se vayan todos para intentar encontrar una salida a la decomposición social que vivimos y que amenaza con devorarnos como país. La corrupción no es la crisis de la moral, es la moral de la crisis que impone su propia visión del mundo y que enturbia nuevas opciones de pensar, de vivir y de crear una nueva heredad para nuestros hijos.
