Parece obvio decirlo, pero en este momento dos disciplinas que tienen algo en común influyen definitivamente en la sobrevivencia humana, la medicina y la economía. Y lo que tienen en común es que, en palabras simples, de lo que suceda al interior de los hospitales y de las empresas depende la vida de los ecuatorianos. Y lo paradójico, es que ambos rubros, la salud y el trabajo, como su gestión inherente son un derecho de los ciudadanos y no un negocio. En la práctica el orden social en el que nos ha tocado en suerte vivir, no siempre lo visualiza en esos términos y aquellos derechos inalienables del ser humano terminan transándose como una mercancía.
Estos días no se habla otra cosa que no sea de los resultados que se obtengan en medicina y en economía, como dos gestiones humanas que nos harán sobrevivir en la crisis o sucumbir en ella. Y para despejar ese enorme interrogante ideas van e ideas vienen, opiniones objetivas y subjetivas; desde la ciencia hasta la religión han omitido su criterio. Y por cierto, aquella disciplina, la más incierta de todas que es la política, dicta sentencia. Y lo hace revestida de economía política y sus relatividades, o de fe en los absolutos. Y si hay algo que nos enseña la pandemia es que todo es relativo, o se ha vuelto relativo, precario, transitorio e impredecible. Y es allí donde naufraga todo intento humano de querer llegar a puerto seguro.
Una de las afirmaciones más dogmáticas del actual gobierno es haberse proclamado “gobierno de los empresarios”, que es una manera eufemística de decir que es “el gobierno de todos”; y en la práctica, entrar en evidente contradicción con los intereses de las empresas y de los trabajadores. Y esta última afirmación la hacen ciudadanos y empresarios de diversos sectores. Opiniones que, en última instancia, se ventilan al momento en la Asamblea Nacional al calor de la discusión de la “ley de ayuda humanitaria”. El tema de fondo es discutir el futuro vital de las personas, el que depende de lo que suceda en salud y economía, y ya sabemos lo que está pasando en los hospitales desbordados de las víctimas de la pandemia, pero no sabemos con certeza qué sucede o sucederá con las empresas que han resistido inactivas más de un mes y medio de cuarentena.
Los expertos en economía ofrecen versiones apocalípticas acerca del futuro empresarial en el país con predicciones catastróficas como que la mitad de las empresas ecuatorianas, el 50%, tiene una capacidad de resistencia sin producir de 33 días, y nos enteramos cuando han transcurrido más de 45 días de improductividad laboral. Y otra cifra apocalíptica, el 75% de las empresas están enfrentando graves problemas, sin importar su tamaño. Y los problemas tienen que ver con el capital y por tanto con el trabajo, por disminución dramática de las ventas de sus productos y servicios. El Comité Empresarial Ecuatoriano indica que, según cifras del SRI, la caída de las ventas locales o de exportación asciende a 3.384 millones de dólares. Y que aquellas empresas ubicadas en la región amazónica e insular, reducen su capacidad de resistencia a 20 días. Y ha cobrado vigencia una fórmula implacable: a falta de ventas, de la mano de la iliquidez vienen los despidos laborales. Y esto es a nivel local alarmante. Un informe del BID menciona que si esta crisis sigue sin solución la cifra de perdidas será de 137 mil plazas de trabajo. Como una consecuencia inmediata es que este panorama hace a los empresarios oponerse a la Ley de Ayuda Humanitaria, porque el gobierno “de los empresarios”, según dicen, camufla detrás de esa propuesta un impuesto para el sector, imposible de tributar en estos momentos.
Según opinión del experto tributario, Mario Vásconez, el solo anuncio de que el aporte empresarial humanitario en lugar de ser sobre el año 2018 sería sobre el del 2019, produjo en la práctica una disminución de 500 millones de dólares en la recaudación del Impuesto a la Renta en el 2020. En otras palabras se pretende recaudar 430 millones por la contribución, pero eso se va a perder al haber caído la recaudación del IR.
Los empresarios y sus analistas visualizan algunos escenarios. El primero, es que se cierran cinco meses de ventas del total del año y en ese caso a partir de julio comenzarían las compañías a reactivar sus transacciones; y en el segundo caso, más pesimista, las ventas se cierran por 7 meses y la reactivación comercial comenzaría en el último trimestre de este año con la recuperación del nivel de sus de ventas.
El IVA y el Impuesto a la Renta son los tributos con mayor recaudación en el año anterior (8%), pero existirán bajas importantes en estas recaudaciones, la cifra calculada es entre 2.600 y 3.200 millones de dólares. En concreto, hay una baja del 13.5% de las recaudaciones con respecto al año 2019, según el SRI. Esta situación tributaria como punta del iceberg, oculta un hecho funesto: al no haber ventas, las empresas quedarán sobre estoqueadas y las importaciones van a caer dramáticamente, procovando iliquidez y desempleo. Las empresas grandes y medianas que representan el 95% de la recaudación anual en materia del Impuesto la Renta dejarán de tributar por este concepto entre 1.600 y 1.900 millones de dólares, es decir entre un 24% y un 30%.
Esta es la razón, según manifiesta el sector empresarial, su oposición a la Ley Humanitaria que consideran un nuevo impuesto. Los empresarios aplican una regla directa: si producen menos invierten menos, y por tanto, van a tributar menos al Fisco. Nadie se hace empresario para perder o quebrar. Se trata de un número reducido de empresas, pero las mismas representan el 95% de las recaudaciones. Un cálculo matemático hecho por los empresarios señala que la contribución humanitaria solicitada por el Gobierno, sumada la contribución temporal que se expidió en diciembre, más la tasa de Impuesto a la Renta, (12%), más la participación laboral con la caída de las ventas prevista, el próximo año la tasa efectiva del impuesto a la Renta será del 56% y las empresas que logren ganar más del 50% lo destinarán al pago de impuestos, según sus propios informes.
El país enfrenta otro problema que se arrastra desde siempre: la evasión tributaria. Un vicio que se expresa con otro, la falta de cobro de las deudas tributarias. El país, según cálculos tributarios, pierde 200 millones de dólares mensuales por falta de implementación de procesos inteligentes de recaudación. Para resolver el problema los empresarios proponen una reingeniería de los procesos tributarios basada en la aplicación de sistemas tecnológicos como Análisis de Datos, entre otros, que optimiza los controles para efectos tributarios y corrige la ineficiencia en el cobro de recaudaciones con procesos eficientes. Pero ese ideal se frustra ante una realidad: en un escenario económico en el que las ventas pueden caer hasta en un 70% a nivel mundial, se perderá más de la mitad del empleo, y desde el punto de vista de la liquidez las empresas tienen una sobrevivencia de entre 28 y 32 días.
Otros escenarios
El régimen de Lenin Moreno pretende llegar a conseguir 2.000 millones de dólares en créditos internacionales incluyendo el de los organismos multilaterales y el FMI, y para eso el ministro de Economía, Richard Martínez pagó no solo el capital, sino también intereses de la deuda de los bonos en una cantidad que asciende a 320 milloes de dolares, pero que según opinión política de los propios empresarios fue de 791 millones, en la práctica. Más aun, con la promesa de pagar 811 millones de dólares hasta el mes de agosto del 2020.
Por eso el sector empresarial considera que la ley de reordenamiento económico que se vota hoy en la Asamblea Nacional es una ley de la “caotización de las finanzas públicas”, según expresión de Nebot. Según el político guayaquileño el gobierno debe buscar en otro lado el dinero para cubrir el déficit fiscal y enfrentar la emergencia. La sugerencia empresarial es que el Estado ponga fin a los contratos ocasionales y no los renueve, con lo cual ahorraría 360 millones de dólares. El sector propone la emisión de títulos de crédito tributario que son billetes a fecha de uno a seis años y que servirían para cancelar deudas que se tengan con el gobierno. Otra iniciativa empresarial es la focalización de los subsidios, manteniéndolos al transporte, a los agricultores y pescadores artesanales y al consumo de gas doméstico.
Del futuro de las empresas depende la vida de los trabajadores y la de sus familias. El resto del mundo lo ha entendido así y la tendencia es propender a la ayuda estatal a los pueblos y no el subsidio ciudadano al Estado. Pero Ecuador lo entiende al revés. Es de esperar que, más temprano que tarde, el régimen comprenda que la vida del país depende del trabajo, y este depende en este momento, tanto de la medicina como de la economía bien administrada.
