Los casos de corrupción oficial en tiempos de tragedia nacional en la compra venta pública de fundas para cadáveres rebasan todo calificativo. María Paula Romo, ministra de Gobierno, indicó en Twitter que había solicitado a la fiscal general, Diana Salazar, que investigue un caso de sobreprecio en la compra de insumos en el Hospital Docente de la Policía Nacional Guayaquil No.2, que forma parte del sistema de Seguridad Social de la Policía Nacional. Según la denuncia tardía de Romo, en dicha casa de salud se adquirieron 400 bolsas impermeables para fallecidos por Covid 19 a un precio de $ 130 dólares la unidad, es decir, con evidente sobreprecio. Anteriormente ese hospital policial había adquirido 5.000 mascarillas a un precio unitario de $ 10 dólares.
La fiscalía reaccionó y envió a la policía a allanar a la policía. En el allanamiento del hospital policial se detuvo a 8 personas para ser investigadas y se recogió indicios por el presunto delito de peculado. El tuit ministerial de Romo termina con una petición ingenua: que la Fiscalía determine “si la compra constituye delito”, y le ofrece la colaboración del Ministerio de Gobierno y de la Policía para investigar a la Policía.
Llama la atención el manejo mediático digital de la ministra en este caso. ¿Si está haciendo una denuncia fundamentada por qué no asistió personalmente a la Fiscalía a entregar lo que sabe del tema? Eso haría cualquier ciudadano, no se diga una ministra. La gestión ministerial resulta frívola, por decir lo menos, más aun en un gobierno que había ofrecido una “cirugía mayor” contra la corrupción. El caso reviste gravedad cuando se trata de la institución policial de la cual la Ministra de Gobierno es políticamente responsable, son sus muchachos quienes, presuntamente, cometen el delito que se debió detectar antes, si no ¿para qué existe la “inteligencia policial” y sus informantes, o no funciona en cuarentena?
La respuesta de la Fiscalía no se hizo esperar. El organismo ordenó el allanamiento a las instalaciones policiales del hospital N 2 de esa institución en Guayaquil, y la fiscal Diana Salazar redactó una enjundiosa carta dirigida al presidente Lenin Moreno en la que se manifiesta cansada de lo que describe como una “injerencia gubernamental en las atribuciones de la Fiscalía General del Estado”. Claro, un ente que se supone autónomo de la Función Judicial en un país con independencia de poderes. La fiscal Salazar se queja y advierte a Moreno sobre la “intromisión de la Secretaría Anticorrupción que dirige José de la Gasca” en los varios casos de sobreprecios en la compra pública de materiales e insumos médicos en el sistema de salud durante la pandemia de Covid en Ecuador.
Salazar le dice a Moreno que la Fiscalía, de oficio, con los fiscales provinciales se encuentra investigando actos de corrupción en las compras públicas durante el estado de excepción, en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), pero que las investigaciones «se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo». ¿El secretario anticorrupción, en la práctica, habría hecho el absurdo papel de “campana”? Según la fiscal Diana Salazar, el organismo gubernamental a cargo del funcionario José De la Gasca también entorpece el trabajo de la Fiscalía «por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujeto procesal». Y la carta continúa: «Este accionar causa preocupación, -dice la fiscal- por cuanto lejos de coadyuvar con la investigación penal, alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación». A confesión de partes relevo de pruebas, como dicen los leguleyos. Esto no es otra cosa que reconocer la injerencia del ejecutivo en la justicia. ¿La compra de cientos de fundas para trasladar cadáveres será necesaria? Un detalle adicional: si necesitan tantas fundas, ¿no es reconocer que existen más cadaveres sin contabilizar en las estadísticas o van a morir una significativa cantidad de personas, y hay que estar preparardos, o se trata simplemente de un negociado mortífero?
Otra carta impertinente
Y las cartas cadentes en cuarentena salen a luz pública. El doctor Juan Carlos Zevallos, Ministro de Salud, informó este fin de semana que la Fiscalía abrió una investigación en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito. El ministro confirmó ante la prensa la remoción del exgerente de esa casa de salud, doctor Pablo Izquierdo Pinos, quien fue nombrado a mediados de marzo pasado. Izquierdo en su despedida escribe una carta también enjundiosa que circuló en redes sociales, en donde explica su salida y señala que se debió a su oposición a “negocios millonarios”, y manifiesta: «Ante mi férrea negativa por segunda vez a recibir al mismo círculo de personas que lucran con la salud, he sido notificado directamente por el Ministro de Salud quien un día antes me dio su apoyo a mi gestión. Debe ser tal la influencia de estas personas en las más altas esferas de Gobierno que tenemos procesos en donde hay negocios millonarios, pero exponen a todo el personal al dar poca importancia a la compra de mascarillas N95 o equipos de protección personal. Realmente quiero exponer mi vergüenza y mi impotencia, al conocer que no disponíamos de lo más elemental para enfrentar esta pandemia y que fuerzas poderosas son las que gobiernan el hospital. Fichas de ajedrez que se mueven en un tablero corrupto de intereses que solo se dedican a un negocio de más de un millón de dólares».
Esos son los verdaderos héroes sin capa y sin protección de nadie, que desnudan la corrupción oficial que en tiempos de tragedia nacional no solo es “miserable”, como dice al respecto la fiscal, sino que también criminal como lo tendrá que establecer la ley. Los presuntos responsables de la compra de fundas para cadáveres en el hospital de la Policía Nacional en Guayaquil no pueden erguirse ahora como denunciantes e investigadores de algo que debieron detectar y prevenir antes de que ocurra. Eso no tiene presentación.
