Por Juan Carlos Coéllar*
En días pasados, el colectivo Plataforma Cultural que agrupa a más de 50 artistas, intelectuales, gestores culturales, entre los que me integro y reconozco, y organizaciones culturales del Ecuador, ha decidido redactar un mandato para presentarlo a la ciudadanía y a las autoridades nacionales y locales del país orientado a abrir un espacio de diálogo sin intermediaciones para la implementación de determinadas acciones que enfrenten la grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19 y para resolver la grave situación en que se encuentran la mayoría de artistas del país.
No me voy a referir en este artículo a las iniciativas y propuestas específicas del colectivo, pues en los próximos días serán difundidas y discutidas ampliamente. Deseo, más vale, aprovechar este espacio para examinar de manera general y crítica el contexto social en que estalló la crisis sanitaria y las expectativas que las organizaciones e indididuos que integramos este colectivo tenemos acerca de las acciones que se deberían ejecutar y las condiciones que se deberían generar para enfrentarla.
La crisis sanitaria ha desnudado las circunstancias de precariedad que existían previo al estallido de ésta en áreas vitales como la salud, educación y la economía. Es innegable que la pandemia y la aceleración exponencial de contagios y muertes, tomó a la gran mayoría de gobiernos del mundo de manera sorpresiva y desprevenida. Nadie imaginaba que se iba a producir una situación como la estamos viviendo. O por lo menos no en la magnitud que esta crisis ha evidenciado.
Sin embargo, no es menos cierto que dependiendo de determinadas condiciones pre-existentes, la pandemia ha podido gestionarse de mejor o peor manera. Los Estados que han escapado de algún modo de las medidas y estrategias neoliberales dominantes en el mundo desde hace por lo menos 40 años atrás, de desinversión sistemática en políticas sociales y privatización de servicios sociales básicos y de privilegio a los mecanismos de funcionamiento de mercado para la asignación de recursos, han presentado mayores fortalezas para enfrentar con más decisión las consecuencias derivadas de la pandemia. Hay pocos ejemplos de esto, pero es conveniente recordar los éxitos que han tenido los gobiernos y las sociedades de Islandia, Nueva Zelandia, Cuba, China y Alemania.
Al contrario, en aquellos países en los que el neoliberalismo, es decir la forma más extrema que ha asumido el capitalismo dominante y global, se ha aplicado como dogma de fe, las consecuencias para la población y para los sectores sociales más vulnerables han sido desastrosas.
Ese es el caso del Ecuador, que desde hace tres años ha venido aplicando estrategias y políticas de desinversión en políticas sociales (salud, educación, principalmente), despidos masivos de servidores públicos, ausencia de políticas de empleo, abandono de posiciones soberanas en lo internacional, endeudamiento descontrolado y aplicación de un programa de privatización de sectores estratégicos. Pero es más grave aún, pues a la gran cantidad de muertes y contagios provocados por la pandemia, mucho mayores que la información oficial ha proporcionado por las contradicciones de manejo de los datos y los subregistros que evidentemente no han podido ser incorporados, se añaden tres hechos que revelan la insensibilidad que ha tenido el actual gobierno en el manejo de la crisis sanitaria: 1) el pago de 324 millones de dólares por concepto de deuda externa precisamente en los momentos más álgidos de la crisis sanitaria; 2) el anuncio, en días pasados, del despido de 1.500 profesores vinculados a la educación pública; 3) el envío de la ley, mal llamada de “Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria”, para la aprobación en la Asamblea, que carga sobre las espaldas de la población con memores ingresos el peso para enfrentar la pandemia y que, tal como lo ha expuesto el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CEDES), signficaría, de ser aprobada, un retroceso y vulneración de garantías constitucionales y derechos laborales.
La terrible crisis que soportamos desvela, también, la precariedad y limitaciones de las políticas culturales del Estado dirigidas para la población en su conjunto y para los gestores y artistas culturales, en particular. El presupuesto del Ministerio de Cultura y Patrimonio ha venido, al igual que el correspondiente para las políticas sociales, disminuyendo de manera sistemática, en coherencia con la aplicación de medidas y orientaciones neoliberales en los últimos tres años. Las respuestas del ministerio responsable de las políticas culturales han sido precarias e insufientes. Ahí esta la iniciativa “Desde su casa”, duramente criticada por la gran mayoría de artistas y gestores culturales por no adecuarse a las demandas y necesidades del sector en la coyuntura de la crisis sanitaria. En la misma línea de precariedad e insuficencia se inscribe la estrategia presentada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio en la semana pasada, “Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura”.
En este contexto, ¿cuáles son las expectativas que en un futuro cercano y mediano, tenemos los artistas, intelectuales, gestores culturales y organizaciones culturales?
1.La unidad nacional, tan nombrada en estas circunstancias de crisis sanitaria, no es el resultado mágico que se desprende de una declaratoria y discurso. Es la consecuencia de una gestión gubernamental coherente y sensible con la defensa y promoción de los derechos de la población más necesitada del país. No puede cargarse el enfrentamento de la misma en las espaldas de los grupos y sectores sociales de ingresos medios y pobres. Al contrario, la crisis sanitaria es una oportuniad para exigir a los grupos empresariales y bancarios que se han beneficiado de las condiciones legales, normativas y de estímulos financieros y comerciales que éste y el anterior gobierno pusieron y ponen en marcha, los que cubran, de manera principal, con sus recursos económicos las necesidades que se requieren en esta coyuntura.
2.El gobierno nacional, éste o el que se elija en el próximo año, conjuntamente con otros gobiernos de América Latina, debe acoger la iniciativa de varios grupos y centros de investigación y de defensa de derechos del subcontinente, de renegociación de la deuda externa, para dirigir esos recursos liberados a acciones urgentes de reforzamiento de medidas de mitigación sanitaria y salvaguarda de la salud de la población provocada por el COVID 19.
3.Paralelamente, con la renegociación de la deuda externa, se deberá solicitar a organismos multilaterales y de cooperación internacional, de manera urgente, líneas de crédito importantes en condiciones que no vulnere la soberanía de los Estados ni se apliquen medidas de reducción del gasto y de inversión pública. Esos recursos económicos, se canalizarían para crear mejores condiciones de salud, de infraestructura y equipamiento y de capacidad de intervención estatal en la perspectiva de que existan nuevos rebrotes de la pandemia.
4.Diseñar e implementar, con la participación de intelectuales, artistas, gestores culturales y organizaciones culturales del país, líneas de políticas, proyectos e iniciativas culturales, orientadas a dos aspectos clave a saber: 1) resolver de una vez por todas las condiciones de precariedad laboral y seguridad social en que se debaten la mayoría de artistas culturales del país; 2) Fortalecer las respuestas culturales y de entretenimiento dirigidas a la ciudadanía, con creatividad e imaginación, a fin de contribuir a enfrentar las consecuencias sicológicas de inseguridad personal y familiar y abatimiento que inevitablemente la pandemia ha generado en la población. Las autoridades nacionales deben incorporar en sus decisiones que la cultura forma parte intrínseca del bienestar de la población. Para ello se requieren recursos económicos, que a más de imaginación y creatividad en el uso de plataformas virtuales y con el apoyo de medios de comunicación, dada la imposibilidad de congregaciones masivas, posibiliten una respuesta adecuada a las necesidades de la población y de los artistas y gestores culturales que participarían en los proyectos. Estos últimos no quieren caridad sino que sus remuneraciones sean dignas y correspondientes al reconocimiento de su trabajo y propuestas.
Abrir un diálgo con autoridades nacionales, locales y ciudadanía para intentar incluir las iniciativas que este colectivo ha trabajado y acordado entre sus organizaciones, artistas, intelectuales y gestores culturales en las políticas públicas culturales, sociales y económicas del Estado no puede ser visto como una injerencia en otras dimensiones “extrañas” a la cultura pues todas ellas nos afectan como ciudadanos y ciudadanas, y porque no podremos imaginar y proponer formas artísticas y estéticas alternativas a los modos de vida tan precarios de la existencia sino exigimos respuestas integrales a las múltiples crisis contemporáneas, en las que la situación provocada por el COVID 19 es hoy por hoy, quizás, la punta más visible del iceberg de una civilización que se desmorona.
Juan Carlos Coellar* Sociólogo y gestor cultural. Integrante del colectivo Plataforma Cultural. Ex Director del Centro Cultural Metropolitano, ex Subsecretario de Protección Especial del MIES. Fue Viceministro Coordinador de Patrimonio Cultural y Natural, Cónsul del Ecuador en Barcelona y Consejero Cultural de la Embajada del Ecuador en España.
