El país ve con estupor cómo el manejo oficial de las cifras provenientes de las estadísticas de contagio, defunciones y recuperaciones de casos de coronavirus no reflejan la realidad, o no coinciden entre sí. La desinformación que esto supone, sin duda, genera incertidumbre con el consiguiente malestar popular que se observa en el bajo índice de credibilidad hacia las autoridades que indican los sondeos de opinión ciudadana.
El sociólogo Álvaro Sáenz, PHD en Administración y con experiencia práctica en investigación estadística, afirma que “la información se mueve en un marco de alta incertidumbre y relatividad, sin embargo ha sido necesaria y útil para conocer la enfermedad”. Sin duda que para conocer los indicadores de la pandemia se tuvo que recurrir a fuentes que, por no haber estado preparadas para la emergencia, generan incertidumbre y relativa confiabilidad en sus datos. Más aun tratándose de “sistemas de salud gubernamentales” que no contaban con “un sistema robusto de información”, como reconoce Sáenz, generándose una realidad inevitable, que la información sea “imprecisa y voluble”.
La información “requiere de una rigurosa crítica de las fuentes y de las formas de recabarla”, señala Sáenz. ¿Pero quién realiza esa crítica? El cuestionamiento técnico a las fuentes oficiales también requiere de elementos solventes, caso contrario la crítica no sale del ámbito político y eso no es suficiente. Se suma la imposibilidad de acceder a las fuentes técnicas oficiales, por las medidas del propio estado de emergencia, y por el silencio de fuentes médicas que reconocen el temor de dar a conocer lo que saben de la realidad de la emergencia por temor a represalias administrativas.
En el campo técnico, “el número de casos registrados depende en gran medida de la cantidad de pruebas aplicadas. Mientras no se hagan los test de coronavirus a una población numerosa habrá subregistro”, señala Sáenz. No obstante, tampoco se conoce con certeza la cantidad de test importados por el Estado para realizar dichas pruebas. La ex ministra de Salud renunciada del cargo, afirmó que llegaría una cantidad importante de pruebas y luego esa información fue desmentida por el ministro reemplazante. En este punto, es obvio que se requieren las pruebas para medir el estado de la pandemia en la población, y al no contar con la cantidad requerida de test realizados siempre habrá un subregistro de contagios poblacionales.
“Casi ningún gobierno toma las muestras en función de investigar el estado de la epidemia sino que, por la urgencia, siguen la demanda de exámenes de la población que sospecha estar infectada”, señala Sáenz. Lo que significa que siempre las autoridades van a la saga de la realidad de la emergencia. La dificultad de anticiparse a los nuevos contagios hace que sea imposible predecir de manera objetiva el desarrollo de la evolución patológica del virus, y por tanto, la proyección de los impactos sociales de la pandemia.
La emergencia sorprendió a todas las instituciones del Estado; por ejemplo, si bien el Registro Civil es la instancia que lleva un registro convencional de defunciones “muchos fallecimientos por causa de coronavirus están escondidos tras otras causas de muerte”. Y si “la información convencional de defunciones (registros civiles) permite hacer inferencias importantes”, dicha información estuvo silenciada en el primer mes de la emergencia en cuarentena. Solo se conoció hace pocos días por la presión ciudadana y la de algunos medios informativos, particularmente en el caso de Guayaquil.
A las limitaciones técnicas que dificultan un manejo menos incierto y relativo de las cifras, habrá que sumar el manejo político informativo que sea hace, oficialmente, de la estadística de la pandemia. Esta realidad se expresa en dos circunstancias: “Los gobiernos -según Sáenz- tienden a presentar las cifras en función de las medidas previstas antes de obtener los datos y pocas decisiones se toman a partir del análisis de la información”. Por eso es que la población tiene finamente un coctel informativo que se caracteriza por datos de personas recuperadas que se recogen con criterios divergentes, unos tienden a sobre registrar deseosos de lograr una quimérica población inmunizada, y otros subregistran apegados a las “altas hospitalarias” que solamente consideran a quienes fueron internados en casas de salud.
Según un monitoreo realizado por el Observatorio Social de Ecuador se registran 22.719 casos confirmados de personas contagiadas por covid-19. En las últimas 24 horas 11.536 nuevos casos. Se han realizado 56.513 pruebas y se registra un total de 1.636 personas fallecidas; sin embargo se especifica que esta cifra no toma en cuenta los datos del registro de defunciones a cargo de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación.
En el mundo 2.789.315 personas han sido contagiadas. En Estados Unidos se registran más de 880.000 casos; por otra parte en España, Italia, Francia, Alemania y Reino Unido se registran más de 860.000 casos en conjunto. Son 195.313 personas las que han fallecido, según las cifras de Johns Hopkins University. Ecuador pasó a ser el segundo país de Sudamérica con más casos confirmados después de Brasil (+ de 52.000) y por encima de Perú (+ de 21.000) y Chile (+ de 12.306), sin embargo es el primer país con la tasa de mortalidad más alta de la región (3.28) por cada 100.000 habitantes, calculada sólo sobre la cifra de muertes confirmadas por covid-19 al día de ayer (560 personas). Es uno de los 20 países más afectados por la pandemia.
En nuestro país 6 provincias concentran el 90% de los casos: el 68% de los casos se registran en Guayas, le siguen Manabí (8%), Pichincha (7%), Los Ríos (3%), El Oro (2%) y Azuay (2%). Las otras 18 provincias registran casos pero representan en conjunto el restante 10% de los casos. Son 1.366 personas que registran el alta hospitalaria. Hasta ayer: 1) el 55% de los casos son hombres y el 45% mujeres; 2) el grupo de edad con mayor cantidad de contagios es el de 20 a 49 años (6.717 casos); 3) en la región Costa se registran 8.954 casos, en la Sierra 2.034, en la Amazonía 141 y en Galápagos 54 casos. Se han realizado 56.513 pruebas a nivel nacional, sin embargo se alerta que el 24 de abril el Estado Ecuatoriano incorporó a las cifras oficiales un total de 22.093 pruebas adicionales a las 34.420 que había anunciado hasta el 23 de abril. Cabe señalar que pese a este significativo incremento de pruebas y resultados, el porcentaje de pruebas aún represadas se redujo de 11.037 a 10.656, es decir del 32% al 20%.
El opaco reflejo de la realidad en las estadística, sigue siendo una referencia informativa que amerita tomar con reserva crítica.
