Entre las medidas económicas que decretó el gobierno -dizque para enfrentar la emergencia- hay una que provoca mayor inquietud; es la que se refiere a la creación de un fondo de solidaridad. Se creará una Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria que asegure la atención en salud, provisión de alimentos y la protección del empleo en la emergencia actual. Una de las fuentes de financiamiento de dicha cuenta provendrá de las empresas y sus trabajadores. Es decir, una colecta entre empresarios y operarios para reunir dineros destinados a palear la insuficiencia económica frente a la pandemia. La pregunta obvia, en tiempos de corrupción, es ¿Quién administrará esos fondos? La sugerencia del gobierno es que sea “la ciudadanía”. Pero esa denominación ciudadana, dicho así en abstracto, no tiene nombre ni apellido. La propuesta es que esa cuenta no estará bajo la administración del régimen, sino de representantes de la sociedad civil que se encargarán del control de los ingresos, aunque no se explicó cómo se los seleccionará.
Se suele apelar a la tradición cuando se trata de designar a un colectivo para determinados fines cívicos. Ese colectivo no es otra cosa que una “junta de notables”. Es decir, ciudadanos destacados que se hacen notar por su probidad, supuestamente. Notables porque destacan en la sociedad como personajes rancios, circunspectos. Conservadores a carta cabal, inamovibles en sus creencias, principios y fines. La sociedad echa mano a los notables, que por lo general son preoctogenarios; una especie en extinción.
La historia del Ecuador registra a inicios de la época republicana la primera junta de notables que, en 1830, concibió y dio forma al Estado soberano llamado República del Ecuador y que, según cuenta la historiografía, fueron designados por “asociación espontánea”. Esa republicana costumbre, de clara estirpe colonial, tiene como antecedente a los consejos de ancianos que entre las culturas ancestrales tenían lugar en el ayllu. Los curacas, jefes políticos indígenas, eran sabios milenarios que vivían acumulando sabiduría para orientar a la tribu, a su comunidad que, precisamente, hacía una vida comunitaria. Ellos lideraban los consejos de ancianos, (la voz curaca viene de kuraq, el de mayor edad). Era un líder paternalista que ejercía gran influjo en su comunidad.
En la modernidad, la asamblea de notables fue un colectivo convocado por el rey de Francia, similar a los Estados Generales electos por el soberano en lugar de ser elegidos por el pueblo. Allí se acuñó la tradición de apelar a los notables de una sociedad para fines de cogobernanza. Por ejemplo, en Argentina se formó una junta de notables que lo eran por su tarea de desatascar al país de una grave crisis en los años ochenta.
La leyenda cuenta que existió el Consejo de Ancianos en el ficticio gobierno de La Aldea de los devotos a las aves. Ellos eran responsables de crear miles de reglas, pero dicho consejo no era muy fiable; a menudo sus decisiones eran tomadas de forma repentina. Todos los miembros del consejo parecían ser muy viejos, el más joven tenía 75 años de edad, y estaba formado por hombres y mujeres. Cada miembro de ese consejo debía usar sombrero con forma de cuervos que los hace ver como si un cuervo estuviese posando en sus cabezas.
En Ecuador reciente tuvimos una experiencia polémica con la conformación de un colectivo de notables, denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que en su expresión más controversial fue presidido por un anciano, Julio César Trujillo. Como un detalle de su absoluta carencia de autonomía respecto del poder, en su primera visita realizada al Palacio de Carondelet el vocero J.C. Trujillo, dijo al manifestar sus mejores deseos para el año 2019 al presidente Lenín Moreno: “Tenga la seguridad de que en el Consejo Transitorio usted tiene un respaldo para preservar la vida constitucional del Ecuador”.
Hoy el país se pregunta ¿con qué solvencia y autonomía se elegirá a los notables administradores de la Cuenta Nacional de Asistencia Humanitaria?
No se trata de prejuzgar nada ni a nadie, pero las experiencias pasadas con juntas de notables elegidas a dedo, con la mayor subjetividad y parcialidad posible, ha dado desastrosos resultados. Su denominación ha tenido mucho de concurso galante: seleccionados los elegidos por sus méritos aparentes. Quien ostente esa dignidad notable deberá estar libre de sospecha de ser obsecuente al régimen. Precisamente, para evitar que se diga al final del día que se trató de una asociación ilícita para delinquir.
La soberanía debe estar en manos del pueblo, quien debe administrar su propias decisiones y, por tanto, sus recursos para hacerlas cumplir. El asunto del protagonismo de la ciudadanía va en serio. Hay quienes todavía presumen que al pueblo se le puede seguir dirigiendo o “arriando” desde arriba. Menosprecian y subvaloran la inteligencia del pueblo y con tales actitudes solo se contribuye a alimentar la indignación ciudadana. Se suele crear juntas de notables cuando se nota con claridad la incapacidad material y moral del Estado y sus representantes, de administrar los destinos del país. Cuando la desconfianza popular crece, solemos echar mano a los notables.
