Luego de que la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia contra el ex presidente Rafael Correa y ex funcionarios de su régimen, conjuntamente con empresarios privados implicados en el supuesto delito de “cohecho para cometer otros delitos”, («con recepción de dinero para otorgar contratos de varias formas y que los empresarios dieron dicho dinero con cruce de facturas y en efectivo”), el ex mandatario enfrenta un complejo panorama en su carrera política. La sentencia dictada en el llamado caso Sobornos 2012-2016 condena a Correa a 8 años de prisión con pérdida durante 25 años de sus derechos políticos, ofrecimiento de disculpas públicas e incautación de sus bienes. Los condenados perderán sus derechos una vez que se ejecute la sentencia.
Y ahora el país se pregunta por el futuro político de Rafael Correa, quien aparece en las encuestas con una significativa “intención de voto” de no menos de un 30%, en caso de presentarse como candidato a una dignidad pública.
El catedrático especialista en derecho penal, Pablo Encalada, ex asesor de la Fiscalía General y del Consejo de la Judicatura despeja las dudas en entrevista para un medio público, y analiza las perspectivas judiciales y políticas del ex mandatario ecuatoriano, una vez que se expuso la sentencia oral en el mencionado juicio.
Perspectivas judiciales
En primer lugar -señala Encalada- resta que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia “notifique por escrito la sentencia”. Cuando esto ocurra al cabo de 10 días, las partes muy probablemente soliciten “la suspensión condicional de la pena”, que no plantearon antes. En seguida de notificada la sentencia por escrito se puede presentar un recurso que se lo llama «horizontal», que es el de aclaración o ampliación. “Este recurso no busca que se revoque la sentencia, sino solamente que los mismos jueces aclaren algún punto que no está claro en la sentencia”, explica Encalada.
Luego de aplicado este recurso -que se lo utiliza para “ganar tiempo”- se planteará la apelación al fallo. Para acoger la apelación se designa por sorteo otro tribunal de la Corte Nacional que en cinco días tiene que convocar a una audiencia para resolver dicha apelación. Pero los plazos nunca se cumplen en ese sentido. Solo después de resuelta la apelación se plantea el siguiente recurso de casación, que es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular la sentencia judicial. Solo después de resuelta la casación, la sentencia se la considera ejecutoriada o definitiva. Todo esto puede durar cinco o más meses.
Mientras tanto no se puede ejecutar ninguna de las medidas del fallo porque la sentencia no está todavía “en firme”. Hasta eso los sentenciados siguen con aplicación de las medidas cautelares actuales. Bonilla continúa de asambleísta, Mera con arresto domiciliario, los empresarios siguen con grillete y Correa residiendo en Bélgica. Mientras no haya sentencia ejecutoriada en firme, los procesados siguen gozando de todos los derechos y deben ser tratados como personas inocentes, aclara Encalada.
Destino político de Rafael Correa
En caso de ejecutarse la sentencia antes de que se inscriban las candidaturas para las elecciones del 2021, Rafael Correa y los otros procesados “no pueden ser candidatos porque hay una prohibición constitucional”. La Constitución es expresa en señalar que nadie puede ser candidato a ninguna dignidad de elección popular si es que ha sido condenado “por un delito de corrupción”, en este caso se refiere al presunto «delito de cohecho». Pero si las inscripciones de las candidaturas son abiertas mientras aun no se define el proceso con la sentencia en firme, Correa no tendría impedimento a postularse, menos a presidente de la Republica porque ya fue electo y reelecto en ese cargo.
El ex mandatario tiene dos órdenes de prisión vigentes -una por el caso Balda y otra por el caso Sobornos- y aunque la sentencia no esté ejecutoriada en firme la orden de prisión preventiva sigue vigente, por tanto no puede venir al país. Pero si Correa inscribe su candidatura -por ejemplo para Asambleísta- se acoge a la “inmunidad electoral” que contempla un artículo del Código de la Democracia vigente por el cual a los candidatos “no se los puede privar de la libertad ni continuar con los procesos penales”. En ese caso Correa podría venir a Ecuador, hacer campaña y antes de que se proclamen los resultados debería volver a Bélgica, porque una vez proclamados los resultados se termina la inmunidad que lo protege.
En el caso hipotético de que Rafael Correa gane las elecciones y sea electo ya no podría posicionarse porque el momento en que venga a recibir sus credenciales lo detendrían y se iría a la cárcel, ya sin inmunidad electoral. Además, la Asamblea Nacional podría iniciar un juicio político para determinar la destitución del cargo que hubiere ganado.
La opción más clara y viable para Rafael Correa es que pueda venir al país, inscrito como candidato -en el Consulado de Ecuador en Bélgica- a alguna dignidad popular, hacer campaña y movilizar a sus seguidores promoviendo a su organización y conseguir captar votos para su proyecto político.
La historia lo podría absolver algún día, por ahora el juicio de esa historia es una utopía.
