En un abierto plan intervencionista en la región latinoamericana que tiene como propósito fundamental el derrocamiento por la fuerza del régimen venezolano de Nicolás Maduro, el gobierno de los EE.UU inició una nueva fase de presión contra el país caribeño. La reciente estrategia desplegada incluye la acusación al presidente de Venezuela como “narcotraficante” -sin que se hayan enseñado pruebas concluyentes-, lo que supone justificar la movilización de “una fuerza naval militar hacia el Caribe y el Pacífico oriental, cerca de Venezuela”.
El operativo militar estadounidense incluye el desplazamiento de buques destructores, barcos de combate, aviones y helicópteros que fueron enviados a realizar tareas de «vigilancia» cerca del territorio venezolano. Este emplazamiento militar se produce una semana después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. acusara al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y una varios otros altos dirigentes de tráfico de drogas y otros delitos.
El intervencionismo norteamericano en la región es una nueva prueba de que EE.UU no se resigna a perder influencia en un territorio que considera “su patio trasero”, menos aún en Venezuela, principal proveedor latinoamericano de petróleo en el mundo. La acción del Pentágono de intentar una intervención militar en Venezuela se produce en el contexto de la más grande pandemia mundial que puso al planeta en emergencia, lo que demuestra la poca importancia que Trump da a la crisis sanitaria en su país que se convierte en el primer foco de infección planetaria. En una actitud oportunista y perversa el régimen estadounidense no abandona sus pretensiones hegemónicas en Latinoamérica y no está dispuesto a deponer las tretas políticas en medio de la emergencia sanitaria privilegiando por encima de todo sus pretensiones geopolíticas en la región.
La estrategia intervencionista se enmarca en un abierto plan político militar que ya no oculta sus intenciones. En las últimas horas personeros del régimen gringo han declarado que está en marcha un plan de “transición a la democracia» para Venezuela, el que incluye que tanto Nicolás Maduro como Juan Guaidó, a quien Washington reconoce como mandatario interino, “den un paso al costado para que un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado se encargue de organizar unas elecciones libres y justas”.
La respuesta venezolana no se hace esperar. «El Gobierno Bolivariano reitera que Venezuela es un país libre, soberano, independiente y democrático, que no acepta, ni aceptará jamás tutelaje alguno, de ningún Gobierno extranjero», reza un comunicado de la Cancillería, que califica la propuesta como un «adefesio». Poco después, el vicepresidente de Venezuela, Jorge Rodríguez, calificó el anuncio como «un intento de desviar la atención» sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos con la crisis sanitaria por la covid-19. Maduro, en tanto, rechazó las acusaciones, las cuales calificó de falsas y acusó a Donald Trump y a su gobierno de comportarse como «cowboys racistas del siglo XXI».
El continente latinoamericano ve con estupor el carácter terrorista del Estado norteamericano que, sin reparar en nada, está dispuesto a desatar una guerra en plena emergencia sanitaria mundial. El supuesto combate al narcotráfico es un pretexto oportunista El despliegue de buques de guerra cerca de la nación venezolana y los movimientos de tropas especiales constituyen una grave amenaza para la paz de los países del área.
