La pandemia de coronavirus ha generado una situación dramática y altamente peligrosa en los centros de reclusión de personas como prisiones, cárceles, hospitales y orfanatos, al punto que provocó la reacción de Michell Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la ONU.
En declaraciones para la televisión internacional Bachelet dijo: “La pandemia de Covid 19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centro de detención de migrantes así como residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión. Hay un grandes riesgos de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. En muchos países los centros de detenciones están superpoblados y las personas que albergan están peligrosamente hacinadas. La separación física y el autoaislamiento en esas condiciones son prácticamente imposibles. Es por ello que hago un llamado a los gobiernos para que actúen de manera urgente para proteger la salud y la seguridad de las personas en detención. Entiendo que los gobiernos están bajo mucha presión, que existe una gran demanda de recursos y que tienen que tomar decisiones muy difíciles, no obstante de ello les insto a que no olviden a los que están presos, o en lugares de reclusión para personas con enfermedades mentales o las residencias de ancianos o los orfanatos, en caso contrario las consecuencias podrían ser catastróficas. Las autoridades deberían buscar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al Covid 19 como los reos enfermos y los mayores. Para reducir drásticamente la población de las prisiones y que el distanciamiento físico sea posible se debería también considerar la liberación de los presos poco peligrosos, algunos países ya han empezado a hacerlo. Ahora más que nunca los gobiernos deberían liberar a todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes. Covid 19 plantea un enorme desafío a toda la sociedad, al tiempo que los gobiernos toman medidas firmes para el distanciamiento físico. Es vital que esas medidas sean implantadas, pero estoy muy preocupada por el hecho de que algunos países están amenazando con imponer sentencias de prisión para los que no obedezcan. Esto por supuesto puede exacerbar la grave situación en las prisiones y ayudará muy poco a contener la expansión de esta mortal enfermedad. El encarcelamiento debería ser una medida de último recurso, particularmente durante esta crisis”
Se conoce que en Ecuador existen casi un millar de detenidos por infringir el toque de queda: nos hacemos la pregunta de rigor ¿a dónde los han llevado, en qué centro de detención se encuentran y bajo qué medidas de seguridad?
Hacinamiento carcelario
Las cárceles y prisiones ecuatorianas han sido históricamente tugurios hacinados que están muy lejos de ser lugares de rehabilitación social habiéndose convertido en “universidades del delito y la indignidad”. Un informe de la situación carcelaria en el país revela que el hacinamiento ha pasado del 38% al 40% de la población recluida. Este problema hace crisis en las ciudades de Quito, Guayaquil, Ibarra y Latacunga. Por ejemplo, el Centro de Detención Provisional de El Inca, en el norte capitalino, tiene capacidad para 800 personas, pero actualmente están recluidas 2.097 con una sobrepoblación del 162%. Un caso dramático lo constituye la cárcel de Latacunga donde cada semana llegan entre 50 y 100 nuevos detenidos. El común denominador de las cárceles del país es una realidad caracterizada por la insuficiente infraestructura y recursos para abastecer a “tantos detenidos”. En Guayaquil se encuentra el caso extremo en la Penitenciaria del Litoral que tiene “la mayor sobrepoblación” de las cárceles del país y que ya no admite más reclusos. Un hecho significativo es que las actuales autoridades penitenciarias del país no autorizan el ingreso a equipos de prensa para constatar la real situación de miles de detenidos que sobreviven en muy malas condiciones.
Estudios realizados en los centros de reclusión del país establecen que en los últimos diez años el número de personas detenidas en cárceles ecuatorianas “se triplicó”. Hasta hace pocos años la población carcelaria era de 11.279 recluidos y en la actualidad son 39.558 a escala nacional, según la Defensoría del Pueblo. El informe constata que hay un abuso de la llamada “prisión preventiva”, usada como recurso que muchas veces vulnera el derecho a la defensa en libertad y la presunción de inocencia. Este recurso “legal” es usado frecuentemente en casos de juicios políticos durante la vigencia del actual gobierno central. En otros casos opuestos no se hace uso oportuno de la prelibertad. Según las normas penales (art. 698), este beneficio se aprueba para las personas que cumplieron el 60% de la sentencia. En la cárcel de Latacunga hay personas que ya cumplieron con el 80% y 90% de la pena y aún no salen de la prisión. La prelibertad es la única forma de reducir la población carcelaria, más aun en las actuales condiciones de peligroso hacinamiento que convierte a las cárceles del país en focos de contaminación viral.
Fotografía El Comercio
