La emergencia que vive el país adquiere ribetes dramáticos en Guayaquil al convertirse en la ciudad con el más alto número de casos confirmados de coronavirus, puesto que, según autoridades del gobierno central y de la OMS la epidemia alcanzó en el puerto principal un grado de «contaminación comunitaria». A eso se suma la situación de la Alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, que según certificado emitido por el Sistema Nacional de Vigilancia del Ministerio de Salud, dio positivo en un examen de coronavirus.
Pero ese no es el único mal que amenaza a la primera autoridad guayaquileña. La Alcaldesa enfrenta una crítica situación luego de su insólita decisión de obstruir las operaciones del aeropuerto internacional José Joaquin de Olmedo de la ciudad de Guayaquil, y ordenar la irrupción de vehículos municipales en la pista de aterrizaje con el propósito de impedir el arribo de dos vuelos internacionales de compañías europeas -Iberia y KLM- provenientes de España y Holanda, respectivamente, con aviones vacíos y aterrizajes autorizados por el gobierno central con la tarea de evacuar turistas europeos desde el puerto principal.
La primera autoridad municipal guayaquileña se expuso a sanciones de carácter legal, luego de una indagación previa que debe iniciar de oficio la Fiscalía General del Estado por el delito tipificado en el numeral 3 del Art. 366 del COIP, o en su efecto, por la acción de cualquier ciudadano que podría presentar la denuncia ante la Fiscalía, o puede hacerlo Iberia y KLM, o los abogados de los extranjeros impedidos de retornar a su patria.
El hecho traería sanciones aeronáuticas para el Ecuador y para la ciudad de Guayaquil, según Juan Carlos Faidutti, abogado experto en derecho aeronáutico: “Tomar las pistas del aeropuerto ponía, sin lugar a dudas, en peligro a cualquier tipo de avión, sea de emergencia o que tenía su itinerario ya determinado para aterrizar en la ciudad de Guayaquil, fue un acto que puso realmente en peligro la aviación nacional y extranjera”, dijo el jurista.
El Ministerio de Transporte de Ecuador señaló en un comunicado que “responsabiliza al Municipio de Guayaquil por la falta de vuelos de emergencia y de aquellos autorizados con anterioridad para llevar pasajeros extranjeros a su destino”, y se dijo además oficialmente, “rechazamos cualquier intento de violencia en las pistas internacionales que tiene el país”. La ministra Alexandra Ocles, Secretaria de Gestión de Riesgos, señaló: “Esta es una acción que seguramente va a tener consecuencias en el marco de la ley para quienes fueron los responsables de este acto”.
En Europa, un miembro del Parlamento europeo -José Ramón Bauzá- remitió una comunicación al Alto Comisionado para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea, señalando que “los vuelos contaban con autorización expresa del Presidente de la República, Lenin Moreno, y pregunta a los funcionarios europeos “qué medidas piensan adoptar para exigir responsabilidades a las autoridades ecuatorianas y qué medidas para evitar que se repitan actos similares de xenofobia contra empresas y ciudadanos extranjeros que puedan poner en riesgo su seguridad e integridad”.
Zona de turbulencias
Expertos internacionales señalan, además, que Ecuador podría perder la Categoría 1 en seguridad aérea. Entre las consecuencias que provocarían los hechos acaecidos en el aeropuerto de Guayaquil, se manejan los siguientes escenarios: Una demanda civil propuesta por Iberia y KLM contra del Municipio de Guayaquil o contra su Alcaldesa, por: a) los 400 mil dólares que costó la movilización de los aviones; b) por el monto que implique la mantención de 300 extranjeros que no pudieron abordar el avión, por todo el tiempo que dure la crisis, pues esos costos tienen que pagarlos en primera instancia las aerolíneas; y c) por el monto adicional que fijen estas empresas como indemnización por los daños y perjuicios civiles causados por la decisión de la Alcaldesa. Demandas civiles de cada uno de los extranjeros que no pudieron abordar los aviones en contra del Municipio de Guayaquil o su Alcaldesa por el riesgo de contagio al que han sido sometidos; por el lucro cesante que sufren al no poder regresar a sus actividades productivas, por el daño emergente que le causa los gastos presentes y futuros ocasionados por esta situación; por el daño moral que implica el sufrimiento de estar expuesto al contagio de una enfermedad mortal en una ciudad que es la más contaminada del Ecuador y carente de la infraestructura sanitaria que les permitiría salvar su vidas en caso de contagio. Acciones penales internacionales contra la Alcaldesa por cometer actos que atentan contra la seguridad de las aeronaves, poner en riesgo la salud y la vida de ciudadanos europeos, lo cual empeora si alguno de los extranjeros se contagia y muere. Sanciones Internacionales en contra del Ecuador por parte de la Comunidad Europea en el plano económico, diplomático y comercial por los actos de xenofobia que constituyen las decisiones de la Alcaldesa respecto de los ciudadanos de la Comunidad Europea que visitaron Ecuador y que fueron impedidos de abordar los aviones de Iberia y KLM. Estas sanciones serán ejemplificadoras y muy duras para evitar que otros países hagan lo mismo en el futuro (peor si alguno de los extranjeros retenidos se contagia y muere). La visa Schengen de turismo para los ecuatorianos, en los términos que la tienen peruanos y colombianos, es un sueño que ya no será posible. Aumento de la xenofobia en contra de los emigrantes ecuatorianos que viven en Europa, especialmente en España. Impactos muy negativos en la industria del turismo nacional, que podrían tener costos de decenas e incluso centenas de millones de dólares.
Es decir, el remedio peor que la enfermedad.
