El impacto de la crisis pandémica del coronavirus está causando estragos en el sector cultural. Junto con las medidas oficiales para contener la propagación del virus, se cuenta la prohibición de realizar diversas actividades culturales y de esparcimiento de la población de las cuales viven miles de ecuatorianos dedicados a la gestión cultural. Pero la crisis no afecta a todos por igual. Ante la restricción de circulación ciudadana se ven afectados con dramático impacto y merma económica los gestores culturales pequeños -como son los artistas independientes, libreros, actores, músicos, entre otros- que “viven en estado de precariedad permanente”. En cambio la emergencia es afrontada con mayor holgura por las grandes empresas culturales que, incluso, hacen uso de prerrogativas e incentivos estatales para su gestión comercial.
Este es el caso de la cadena de cine Supercines que acaba de firmar un contrato “de inversión en el sector de cinematografía y audiovisuales” con el Ministerio de Cultura, beneficiándose de “lo dispuesto en la ‘Ley Orgánica de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones y Generación de Empleo’, la cual, introdujo incentivos y exoneración tributarias”. El contrato asciende a la “suma de $ 18.232.790 millones para el establecimiento de 4 complejos multipantallas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Ambato”.
En un comunicado de prensa el Ministerio de Cultura señala que “Este inédito compromiso alcanzado para el sector cultural del Ecuador con la participación de la empresa privada apuntala y potencia las políticas públicas de dinamización de las actividades y la cadena de valor de las industrias creativas y culturales desarrolladas por el Plan de Fomento a la Cultura, Ecuador Creativo”.
Si bien es cierto que el fomento a las actividades culturales, la creación de incentivos y la apertura de nuevas opciones para la cristalización cultural del país forma parte del deber del Estado, no es menos cierto que esa situación debe beneficiar por igual a todos con privilegio, incluso, a los sectores culturales menos favorecidos por créditos o incentivos estatales.
No puede ser que un anuncio de la banca eatatal ofreciendo otorgar créditos a gestores culturales se convierta en un vía crucis con exigencias imposibles de cumplir, o con el desconocimiento de parte de los funcionarios de dicha entidad bancaria -Banecuador- que al momento de ser consultados por los interesados en el crédito no haya tenido la menor idea de dar una respuesta concreta al respecto. Se sabe que al momento de aplicar al crédito se le exige al gestor cultural hipotecas y garantías imposibles de presentar al banco. No existe coherencia en las políticas culturales públicas lo que se traduce en la práctica en una discriminación “natural” entre grandes y pequeñas empresas culturales. Esto ocurre en el país con evidente privilegio que “beneficia a los más poderosos, a los grupos empresariales mas fuertes y a las grandes transnacionales”, como es el caso de Supercines que obtuvo el super contrato con el ministerio de Cultura, mientras que la gran mayoría de gestores culturales independientes penden de su malaya suerte.
En carta abierta de la Asociación Nacional de Artes Escénicas, ANAE, dirigida al presidente Lenin Moreno señalan: «Señor Presidente, señores Ministros; así como los empresarios piden sin pelos en la lengua se les condone los impuestos, deudas tributarias o les bajen las cuotas de los servicios básicos; nosotros los artistas y gestores culturales les pedimos aplicar un plan de contingencia, es urgente que el Estado ecuatoriano, piense, diseñe y ejecute medidas que ayuden a los artistas y gestores culturales a atravesar esta crisis…Seguimos sin poder vender nuestros trabajos artísticos en las instituciones públicas, los contratos son de palabra y varias veces nos toman el pelo y a última hora nos suspenden las funciones…Si las actividades están paradas ¿De dónde nos abastecemos? ¿Con qué dinero podemos comprar medicinas? ¿Cómo pagamos nuestras obligaciones (agua, luz, arriendo, impuestos)? ¿Hasta cuándo esperamos para que el arte y la cultura estén en la agenda pública?”
Las políticas públicas atadas a “líneas de incentivos para las grandes cadenas en perjuicio de los pequeños y medianos proyectos culturales”, ha causado estragos en el sector cultural, más aun en el contexto de la crisis pandémica del coronavirus que viene a dar el zarpazo final a miles de trabajadores de la cultura en la total indefensión, sin seguridad social y sin acceso a créditos. En tanto, como bien señala Pablo Salgado, promotor cultural, en su red social Facebook: “se exoneran impuestos -a la renta y a la salida de divisas- a los grandes grupos empresariales. Esta concepción de la economía de la cultura (la naranja) beneficia a los más poderosos, a los grupos empresariales más fuertes y a las grandes transnacionales.”.
Entre el coronavirus y las políticas públicas culturales discriminatorias están matando al sector cultural. Por la emergencia sanitaria todas las salas y centros culturales están cerrados, miles de trabajadores de la cultura sin trabajo, sin crédito y sin esperanza inmediata de salir del drama. La emergente carta abierta de los sectores culturales lo confirma: «vivimos un estado de precariedad permanente, no contamos con seguridad social, no tenemos acceso a créditos…nos vemos abocados a un abandono e incertidumbre».
La cultura ha sido y sigue siendo para los organismos oficiales la última rueda del coche, de un coche que ahora trasladará el cadaver de la cultura en el país. Es hora de bajar de las tarimas a los políticos demagogos y que pongan fin a una campaña millonaria y vergonzante de promesas incumplidas y de burlas orquestadas al ritmo de la música oficial.
La crisis ofrece una inmejorable oportunidad de corregir lo que estamos haciendo mal como sociedad. La crisis es una oportunidad para un país que sepa aprender y salir de ella. Con el fin del coronavirus debemos poner fin al neoliberalismo que no es solo un virus económico, sino una política global que está matando más gente en el mundo que cualquier otra pandemia.
