Una pléyade de economistas ecuatorianos, la mayoría de escuela neoliberal, se ha reunido para redactar un escrito que titula Emergencia Económica Nacional, en el que bogan por la aplicación de nuevas medidas económicas, valiéndose de la crisis para recetar “ajustes” que insisten en medidas rechazadas por el pueblo en octubre y nuevas recetas sacadas de su bolsillo empresarial.
Que el Ecuador enfrenta una situación grave, lo sabemos, y que la recesión global está mermando los ingresos de divisas a nuestro país, también lo sabemos. Y que las exportaciones petroleras se contraen al ritmo de la caída de la demanda mundial y que el desplome del precio del crudo sacude las finanzas públicas y dispara el riesgo país, tampoco es novedad. A esto se suma que el turismo se ha parado junto con otros servicios, mientras que el dólar se fortalece por el nerviosismo global. Y que nuestra economía se ve impactada adversamente porque recae sobre una economía sin ahorro.
El déficit es dramático, sin acceso a nuevos créditos. La poca liquidez se destina a mantener el funcionamiento básico de los servicios públicos. El gobierno no tiene capacidad de asistir a la economía expandiendo el gasto público o reduciendo impuestos. La empresa privada experimenta una brutal contracción de la demanda como consecuencia de las medidas para prevenir la expansión del coronavirus. La cesación temporal de una parte de la actividad económica nacional y por tanto del empleo parece inevitable, especialmente de negocios que se nutren de la interacción física de personas. Todo aquello, ya no es noticia nueva. Lo que también está claro es que la crisis no tiene porqué pagarla el que menos tiene. El virus del clasismo en las medidas sugeridas al gobierno por la pléyade de economistas neoliberales, es evidente.
En su comunicado los economistas consideran que el paquete de medidas anunciada por el gobierno ayuda a aliviar transitoriamente su problema de caja, pero es claramente insuficiente. Y a renglón seguido, sugieren que se hace necesaria una tregua política para proteger la dolarización. Y, finalmente, lanzan el salvavidas al régimen: Es imperioso que la Asamblea Nacional otorgue al Gobierno facultades excepcionales para que pueda actuar con la celeridad y velocidad del caso, y esté en capacidad de adoptar respuestas en aras del interés nacional, a cambio el gobierno debe comprometerse a actuar con transparencia y someterse a una rendición de cuentas.
Algunas medidas de su recetario neoliberal sugeridas para un plan económico son las siguientes: Es indispensable que el gobierno cuente con el apoyo decidido de instituciones multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID, CAF, OMS, etc.). El esfuerzo fiscal, por tanto, debe poner el énfasis en la reducción del gasto corriente. Sugerimos, en particular, un recorte del gasto en nómina de $2.000 millones, el cual, dadas las circunstancias, en lugar de basarse en despidos masivos, debería hacerse vía una reducción inmediata del 20% en los sueldos y salarios de los empleados públicos. Sería un absurdo que Ecuador mantenga precios artificialmente bajos para la gasolina y el diésel, subsidiando el contrabando. Recomendamos que se sustituya este nefasto subsidio general con uno directo al transporte público. El mercado nacional de combustibles debería abrirse a la competencia, llevando los precios de la gasolina y el diésel a niveles internacionales y eliminando el monopolio de refinación estatal. Un marco legal temporal que permita que los empleadores lleguen a acuerdos con sus empleados para evitar la quiebra de aquellas empresas que, pese a sus problemas actuales, son viables y, así, evitar la destrucción innecesaria de puestos de trabajo. Amparados en dicho marco, empleadores y empleados dispondrían de la más amplia gama de opciones para acomodar los acuerdos a la situación específica de cada empresa. El gobierno podría facilitar el proceso proveyendo servicios de mediación y arbitraje si las partes lo solicitan. Asimismo, la figura legal de responsabilidad limitada necesita estar en plena vigencia para que las empresas que ya no son viables entren en un proceso de bancarrota y liquidación ordenado y eficiente. Las autoridades económicas y financieras deben diseñar, en coordinación con bancos y cooperativas, medidas que alivien las obligaciones, permitan evitar un deterioro generalizado de la cartera y contribuyan a sostener la frágil economía ecuatoriana. Un recargo temporal a las importaciones del sector privado que no se utilicen en los procesos locales de producción y esté destinado exclusivamente, a través de un fideicomiso, a una compensación de la misma magnitud a las exportaciones no minerales del sector privado. Un grupo de reformas estructurales indispensables para que la economía recupere su dinamismo. La primera es una reforma laboral integral que favorezca la creación de empleo formal y encuentre un balance apropiado entre la eficiencia económica y la equidad social. La segunda es una amplia reforma tributaria que simplifique la estructura de impuestos y la haga más amigable al empleo y la inversión. En particular, sugerimos (i) la eliminación programada y gradual del ISD; (ii) la reducción de la tasa de impuesto a la renta corporativa a un nivel comparable al de los países con los que competimos, y la reducción inmediata de los aranceles a bienes necesarios para la producción nacional. Ello debería ser compensado por un aumento de la tasa del IVA, que no afecta los costos de producción y que le otorgaría al gobierno un margen para asistir directamente a las familias más vulnerables.
El documento lleva la firma de Vicente Albornoz Guarderas, Jaime Carrera, Simón Cueva, Alberto Dahik, Augusto de la Torre, José Hidalgo Pallares, Patricio León, Abelardo Pachano, Mauricio Pozo, César Robalino y Walter Spurrier.
El recetario no constituye nada nuevo. Ya es habitual que entre las recomendaciones que el economicismo neoliberal hace al régimen está el debilitamiento del Estado, mediante desinversión estatal y despido de servidores públicos, como fórmula mágica para privatizar sus funciones. Eso en el contexto de acatar, obedientemente, las disposiciones del FMI y demás organismos multilaterales. Entre las obediencias está la idea de insistir en poner fin al subsidio a los combustibles, incendiaria medida que fracasó en octubre pasado. Así como la elevación del precio de las gasolinas que, sin duda, desataría una inflación incontrolable. Otra de las obedientes sugerencias es la flexibilización laboral para generar condiciones de inestabilidad de los trabajadores que convenga a los intereses de los empleadores. Salvataje bancario con medidas tendientes a impedir el deterioro de cartera vencida de los bancos y reducción de impuestos a los empresarios (ISD, IR) y aumento del IVA, son otras de las conocidas sugerencias hechas al gobierno central.
La crisis pandémica es una excelente y postrer oportunidad que tiene el régimen de Lenin Moreno de hacer prevalecer una agenda social y no una neoliberal. No se puede servir a dios y al diablo. El presidente debe dar los pasos necesarios para decidir por lo popular y evitar que a río revuelto el neoliberalismo se trate de imponer de contrabando. ¿Será capaz?
