El descontento popular en diversos países de América Latina que pone de manifiesto el agotamiento del modelo socio político imperante -neoliberal- acusa una doble crisis: la desconfianza creciente en las instituciones oficiales y el descrédito manifiesto de los partidos políticos llamados a canalizar el clamor popular. Chile es un ejemplo de ese fenómeno, a partir de las protestas de octubre pasado en que el Gobierno del presidente Sebastián Piñera –que bate un récord de impopularidad desde el retorno a la democracia, con un 12% de apoyo– no logra reestablecer el orden público en Chile. Tampoco las medidas sociales que ha impulsado en estos casi 90 días de emergencia, ni la decisión de prácticamente la totalidad de la clase política de avanzar en una nueva Constitución han logrado detener la violencia.
La crítica social apunta a las fuerzas represivas policiales y militares, acusadas de unos mil casos de abuso, según cifras de la Fiscalía, y la policía parece sobrepasada. El descontrol institucional es tal, que se requiere que “los que tienen cargos dirigentes actúen con urgencia, antes de que el desvarío de los vándalos y el fascismo nostálgico de Pinochet ocupen la escena”, manifestó el diplomático chileno Juan Gabriel Valdes, y advirtió que “cada día que pasa, Chile se acerca más a un colapso total del orden público que solo puede acabar en un golpe militar o al menos en que el poder caiga en los militares, aunque ellos no lo quieran”.
El rechazo popular a las instituciones oficiales y políticas -de izquierda y derecha- nace en el acuerdo de ambas en dar solución parcial a la crisis y desoír el clamor ciudadano que reclama una asamblea constituyente. El Partido Comunista y parte del Frente Amplio de izquierda, Unidad Social rechaza el acuerdo por una nueva Constitución alcanzado en el Congreso, que contempla un plebiscito en abril para decidir si reemplaza la carta de 1980, como apoya un 85% de los ciudadanos, según las encuestas. “Es una propuesta hecha a medida de los partidos políticos”, señala Unidad Social en su declaración en demanda por una asamblea constituyente. Aunque una parte de la oposición se ha mostrado abierta a las peticiones del Ejecutivo, sobre todo de la Democracia Cristiana, otros sectores han adelantado su rechazo.
El malestar de la ciudadanía con las instituciones tiene doble matiz. Por un lado, el rechazo a las instancias del Estado que pretenden apaciguar la protesta con promesas de reformas parciales, en tanto que los chilenos exigen cambios de fondo con una nueva asamblea constituyente y la salida de Piñera del poder. Al mismo tiempo la demanda popular enfoca su crítica y desconfianza con los partidos que transaron con el gobierno una salida parcial a la crisis. En este sentido la ciudadanía castiga transversalmente a la clase política.
Según cifras del Servicio Electoral, los partidos políticos chilenos pierden casi 15.000 afiliados desde el inicio de las protestas de octubre pasado. De acuerdo con las cifras del Servicio Electoral, 14.786 personas renunciaron a sus agrupaciones hasta el 31 de enero de este año, sobre un total de 500.000 afiliados en todo el sistema. La cifra de los últimos tres meses equivale al total de deserciones de todo 2018. El éxodo de afiliados coincide con el desplome en la confianza de las instituciones, las que hasta el momento no han logrado dar una respuesta que apacigüe los ánimos de una ciudadanía que semana a semana sale a las calles a exigir cambios en uno de los países más desiguales del mundo.
En un inventario institucional se evidencia que uno de los partidos más afectados es Revolución Democrática, una de las principales colectividades del Frente Amplio, un nuevo referente de izquierda que surgió tras las movilizaciones estudiantiles de 2011, y que en tres meses de revueltas perdió 2.446 afiliados, lo que supone un 6% de su militancia. Entre los desertores del Frente Amplio está el Partido Humanista, que representaba un 15% de la fuerza de este conglomerado en el Parlamento. “Seguramente, a parte importante de su militancia no le pareció correcto firmar el acuerdo con los partidos tradicionales”, explica el académico chileno, Mauricio Morales.
El Partido Socialista es otro de los afectados del éxodo de militantes, donde 1.890 personas decidieron desafiliarse, entre ellos, dirigentes históricos como el diputado Marcelo Díaz, vocero del Gobierno durante el segundo mandato de Michelle Bachelet. La Democracia Cristiana también acusa el golpe desertor con 1.185 afiliados que dejaron la tienda desde 1990 al 2010.
El oficialismo también registra desertores. El partido Vamos Chile, coalición de centroderecha que trajo de vuelta a Sebastián Piñera a La Moneda en 2018, perdió 3.934 militantes, de ellos 1.685 pertenecen a Renovación Nacional y 1.567 corresponden a la UDI, partido derechista más duro. Mientras tanto su líder, Sebastian Piñera, registra un escandaloso 6% de aprobación a su gestión, según encuestas. Estas cifras concuerdan con el 2% de chilenos que manifiesta confiar en los partidos políticos. Cifras que confirman que la gente está más disponible a movilizarse pero que confía cada vez menos en los partidos políticos y las instituciones, debido a que mucho tiempo han sido manejadas por cúpulas o élites.
