No deja de provocar estupor que en tiempos en que amerita disminuir los conflictos, bajar las armas, estimular actitudes distensas, la Alcaldesa de Guayaquil en presencia de la ministra de Gobierno haga un pedido extremo a la policía: “¡Disparen, señores, disparen! Porque solo en medio segundo está la diferencia de que ustedes sean los héroes o no de la historia”. El llamado se lo hizo a los efectivos policiales para que ante un ataque delincuencial usen sus armas de fuego y repelan la violencia con violencia. Acto seguido, la funcionaria municipal instó a “Que no les tiemble el pulso”, frente a una situación “en que la vida de una mujer embarazada estuvo en riesgo, como lo estuvo Diana; no lo duden un minuto, que disparen”.
La situación preocupa puesto que la alcaldesa de Guayaquil no es la persona indicada para ordenar a la policía a disparar bajo ninguna circunstancia. Si bien la joven Diana, como se sabe, estuvo en peligro y si la policía no actuó oportunamente, la institución debe responder por sus actos. Se supone que técnicamente existen protocolos establecidos que rigen la acción y reacción policial en cada circunstancia. Para eso existe capacitación, estudios en cursos especializados que se da a los efectivos policiales y, con mayor razón, a los postulantes a un cargo policial. Esa capacitación, seguramente, contempla cada situación en particular, sopesando el nivel de riesgo policial y de terceros. Esa situación no la puede comprender la Alcaldesa que acaso estimulada por la demagogia ante las cámaras quiere mostrar un rostro duro ante la delincuencia con fines de optimizar su imagen pública.
Comprendemos que no lo hace con el fin político de salir bien parada frente a sus coidearios, pero es un craso error estimular al uso de las armas a un cuerpo colectivo armado que, en un momento determinado, recibe la orden de usar sus pistolas, fusiles o ametralladoras, indiscriminadamente, para reprimir, al fin y al cabo lo dijo una autoridad: “usen las armas, no les tiemble la mano”.
El pedido es absolutamente improcedente, e incluso raya en la arrogación de funciones, puesto que la alcaldesa no es la instancia superior de la policía para dar órdenes o para hacer pedidos extremos, sino la ministra de Gobierno. Ministra que estuvo presente durante las afirmaciones vertidas por la alcaldesa de Guayaquil en la ceremonia en el Cuartel Modelo cuando se les dotaba de motos a la policía, pero no dijo nada, no advirtió del peligro que significa estimular a la policía a usar sus armas. Por el contrario, la ministra de Gobierno aludió a otro incidente similar ocurrido semanas atrás: “la Policía no solo puede usar la fuerza, sino que tiene la obligación de hacerlo. Cuando se trata de proteger una vida, la Policía no debe dudar. Ese es su papel y está facultada para hacerlo”.
No está en discusión si los policías ecuatorianos “tienen la facultad de usar su arma si la situación lo amerita, de acuerdo con principios de necesidad, legalidad y proporcionalidad”, pero se debe ser cautelosos puesto que al fragor de un acto represivo policial los efectivos policiales pudieren utilizar sus armas contra personas desarmadas que participan de una protesta social, por ejemplo. En ese caso se está justificando la violencia policial, la represión estatal bajo el improcedente argumento de que la policía tiene “derecho a defenderse”.
Sin duda, resultaría de mayor provecho para los fines de reprimir a la delincuencia y proteger a la ciudadanía que se hiciera hincapié en los protocolos existentes para ello, sin estimular en discursos fogosos y demagógicos el uso de las armas porque es el primer paso de una escalada de violencia imprevisible. En principio, la violencia no se combate con más violencia, porque esa es una espiral de nunca acabar.
Las autoridades de gobierno central y seccional tienen la obligación de promover el respeto a los derechos humanos, correcta aplicación de los protocolos policiales técnicos, tratándose de un cuerpo armado, a fin de “mantener y reforzar el profesionalismo de los policías, en una institución modernizada con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas que estén al servicio de la ciudadanía, en el respaldo a la calidad del servicio acompañados del bienestar y el respeto a los derechos de los ciudadanos”.
La delincuencia no se combate solo con balas o cárcel, se combate extirpando las causas sociales y económicas que la provocan: la falta de educación, la carencia de empleo, la ausencia de oportunidades profesionales para la juventud, la promiscuidad habitacional por falta de vivienda, etc. Desenfundar la pistola como si estuviéramos en el viejo oeste, donde la ley del plomo se impone, es desdecir todo fundamento de sociedad civilizada.
Foto El Comercio
