En 2006 se publicó el libro Asociación de Profesores de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 30 Años: 1976-2006. Hay varios artículos relativos a la educación y particularmente sobre la realidad universitaria del país. Incluye un artículo mío titulado “La universidad ecuatoriana: entre el profesionalismo y el mercado” que también lo publiqué en el Boletín del THE (https://bit.ly/2ROBML9).
En mi texto contrastaba dos momentos: las décadas de 1960 y 1970 caracterizadas por la masificación y politización de las universidades, el activismo estudiantil, el ataque a las universidades públicas por su “izquierdismo”, las limitaciones en recursos; y las décadas de 1980 y 1990, cuando las preocupaciones cambiaron, por la proliferación de universidades: a fines de los 70 había 15 universidades estatales, 4 privadas y solo 1 internacional, mientras en 2005 existían 66 universidades, de las cuales 40 eran privadas. Por cierto, varias de las universidades fueron aprobadas por congresos a los que no importó la violación a la misma Ley de Educación Superior.
La masificación se agudizó en 1969, cuando fueron abolidos los exámenes de ingreso para las universidades, a consecuencia de las activas movilizaciones de los bachilleres en las calles, en las que murieron varios jóvenes, por la represión en Guayaquil. De acuerdo con distintos estudios de la época, esa supresión contribuyó al deterioro de la calidad académica de las universidades públicas. La politización y el izquierdismo, si bien convirtieron a las universidades en antenas sociales del país, igualmente afectaron la rigurosidad en los estudios.
Sin embargo, la proliferación de universidades privadas tampoco solucionó el mejoramiento académico. Las universidades de “garaje” resultaron peores para la formación de profesionales; el título pasó a ser una mercancía, al compás del modelo neoliberal-empresarial que se afirmó en Ecuador durante las mismas décadas finales del siglo XX.
Con la primera Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas y la creación del CONUEP en 1982, (CONESUP desde 2000), se dio un paso de enorme importancia para la organización, funcionamiento y supervisión de las universidades, así como para la promoción de las investigaciones académicas. Pero ese paso fue estrangulado por la economía neoliberal-empresarial. A tal punto se readecuaron los estudios universitarios con orientación al mercado, que en pregrado, las carreras de administración y comercio llegaron a representar el 26.14% del total y en postgrado el 26.21%.
Con la nueva Constitución de 2008, otra Ley de Educación Superior y la creación de la SENESCYT, se avanzó como nunca antes. Fueron cerradas casi una veintena de universidades de “garaje”, se implementó el sistema de acreditación y seguimiento a las universidades, se potenció la investigación y la producción científica, fue reforzado el criterio de titulaciones de cuarto nivel, se trazó una línea futura de lo que debía ser la educación superior. También hubo serios límites, sobre todo en cuanto a la burocratización del trabajo docente y varios dogmatismos sobre la calidad universitaria y la supervisión. Sin embargo, la idea de potenciar universidades con altos niveles académicos e investigativos también respondió a las reorientaciones económicas y políticas del país, que dejaron atrás los conceptos neoliberales.
Desde 2017, con el retorno del modelo neoliberal-empresarial, la visión sobre la educación superior se modificó. También revivieron los intereses universitarios privados, en tanto se recortan o descuidan las inversiones estatales, se cuestionan las herencias de la educación durante la década pasada por el simple apuntalamiento de la “descorreización”, e incluso aparecen posiciones políticas que pretenden la desaparición de la Senescyt y el retorno al libre ingreso a las universidades. Sería un retroceso a la época anterior a la fundación del CONUEP.
Confabulan para ello, la ausencia de visiones estructurales sobre el futuro de la educación en primaria y secundaria, y la carencia de perspectivas sobre cómo orientarlas para que la educación superior no sea presionada en contra de las exigencias académicas, que son las que deben prevalecer. Tampoco hay sentido para ofrecer otras alternativas, con decidida intervención del Estado, para invertir en instituciones y carreras que potencien tecnicaturas y profesiones medias. El revivido neoliberalismo nuevamente solo exige el recorte del “gasto” público, que provoca, inevitablemente, el recorte de recursos para la educación.
