Cuando un país recurre a organismos internacionales para dirimir sus diferencias legales, políticas o de cualquier otro tipo, constituye un explícito reconocimiento de la carencia de instancias mediadoras, dirimentes en capacidad de solventar los conflictos internos. Y ese es el caso de Ecuador. La ausencia evidente de instituciones solventes en objetividad y credibilidad jurídica, obliga al país a recurrir a los organismos internacionales -como la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH-, en busca de juzgamiento de sus acciones como nación.
La conflictividad que motivó y que se desprendió luego de la movilización popular de octubre pasado dejó una estela de dudas acerca del accionar del Estado ecuatoriano y sus organismos de orden -policía, FFAA, tribunales- que, en evidente colusión, actuaron en acciones de represión sostenida durante los días de la movilización indígena.
La CIDH visitó el país y entrevistó a diversos protagonistas de los hechos y reunió testimonio de múltiples fuentes que le permitieron evaluar la situación vivida en Ecuador y exponer sus criterios finales. En resumen, la CIDH señala la existencia de “detenciones arbitrarias, criminalización y estigmatización de manifestantes durante el paro”, que habrían tenido lugar en el país desde el 3 al 13 de octubre de 2019. La corte internacional condenó con energía “el alegado uso de la fuerza, así como la violación al derecho a la vida de las personas que fallecieron”. A su vez, la CIDH manifiesta en su informe que “el hecho de que algunos grupos o personas ejerzan violencia en una manifestación, no vuelve violenta toda la protesta, ni autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza o a practicar detenciones masivas”.
El organismo internacional toma nota “con preocupación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, que no tomaran en cuenta los protocolos interamericanos e internacionales establecidos para la actuación en dichas ocasiones, como demostrado por la utilización indiscriminada de gas lacrimógeno, incluso en espacios en los cuales madres estaban reunidas con sus hijos y por las distintas muertes registradas en el periodo”. Consecuentemente, recomendó que “el uso de la policía y de las fuerzas de seguridad debe centrarse estrictamente en la contención de actos de violencia”; así como garantizar el derecho a protestar, sin cualquier tipo de represión directa o detención arbitraria de los manifestantes pacíficos.
El informe insta a las autoridades a que investiguen de “forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes”. Esto es válido para denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población.
Al mismo tiempo, la CIDH expresa su preocupación porque se ha registrado un alto número de aprehensiones que suelen producirse de manera y bajo circunstancias que podrían sufrir cuestionamientos en cuanto a su legalidad bajo un sistema democrático de derecho. La corte condena enérgicamente la violación al derecho a la vida de las personas fallecidas, cuyo deceso habría ocurrido como “consecuencia del uso excesivo y arbitrario de la fuerza y actos de violencia dirigidos contra quienes se manifestaban y constituirían una amenaza inminente a los agentes de seguridad del Estado en el marco de las protestas”. En el trasfondo del conflicto, la protesta por la derogación del decreto 883 (suspensión de subsidios a los combustibles), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que no existió un previo proceso de consulta ciudadana “transparente y participativo” y que la medida habría sido impuesta sin medir el impacto en términos de progresividad.
Respuesta oficial
Las reacciones del gobierno ecuatoriano no se han hecho esperar. La ministra de gobierno, María Paula Romo, calificó de “sesgado” al informe de la CIDH. «Para quienes estuvimos en el país, quienes lo vimos con nuestros ojos, quienes sabemos lo que pasó, es un informe que tiene un sesgo», dijo. Al mismo tiempo, Romo, cuestionó la honestidad del organismo internacional: “Los organismos de derechos humanos tienen la obligación de tener una mirada realmente más honesta sobre lo que está sucediendo, que no adopte ningún sesgo, que sea capaz de tener un informe con neutralidad».
La CIDH recomendó a Ecuador que establezca un plan de atención y de reparación integral para las víctimas de las protestas, que dejaron una decena de muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Establecer, además, la reparación para sus familias. Así como garantizar que los periodistas no sean agredidos ni amenazados.
En relación con los mismos hechos, la ministra de gobierno lamentó que “Nadie más ha sido juzgado por la violencia y los delitos cometidos ese día”, en referencia a un incidente en el que se destruyó un retén policial. Romo no obstante, admite que el Estado ecuatoriano usó bombas caducadas durante el paro nacional. Estos artefactos son mas letales por intoxicación con cianuro, según expertos.
Romo enfrenta el tercer juicio político como resultado de su actuación durante la crisis de octubre. Con 49 firmas se presentó en la Asamblea Nacional un pedido de juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones en los hechos relacionados con el paro de octubre del 2019. Entre los presuntos incumplimientos constan el uso de bombas lacrimógenas caducadas contra los manifestantes, el lanzamiento de bombas lacrimógenas en un centro de paz y acogida humanitaria, la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación.
Es preciso anotar que las protestas de octubre pasado estallaron después de que el Gobierno de Lenín Moreno decretó un alza de los combustibles pactada con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de un crédito con el organismo. En términos de juzgamiento político, la oposición al régimen señala que el causante de la crisis de octubre es el gobierno de Lenin Moreno al tratar de imponer un decreto como el 883, impopular, inconsulto y negativo para los intereses de la ciudadanía.
