Este 8 de enero del 2020 se cumple un nuevo aniversario del crimen cometido por el Estado ecuatoriano en la persona de los hermanos Restrepo, en manos de la Policía Nacional durante el gobierno de León Febres Cordero. El hecho ocurrió la mañana del 8 de enero de 1988, cuando Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismendi, hermanos de 17 y 14 años respectivamente, salieron de su casa con destino a recoger a un amigo.
La triste y vergonzosa efeméride del 8 de enero es ocasión para reflexionar acerca de la vigencia de la democracia en Ecuador. Esa democracia simulada que nos hizo creer que luego de que la dictadura militar de los años setenta negociaba su retiro del poder, el país habría de acceder a una convivencia de respeto a los derechos humanos, a la justicia social y a una verdadera democracia en los ámbitos políticos, económicos y sociales.
El “caso Restrepo” -como lo calificó la prensa-, junto a otros hechos que hieren y avergüenzan la conciencia de los ecuatorianos, constituye muestra fehaciente de que la democracia en el país ha sido un triste simulacro en manos de un Estado excluyente, regentado por una clase política sin sentido de patria.
La desaparición de los hermanos Restrepo, junto a la desaparición en 1990 del escritor Gustavo Garzón, además de miles de compatriotas desaparecidos como si se los hubiera tragado la tierra, el crimen de la profesora Consuelo Benavides, en lo politico; además, en lo económico, el feriado, o mejor, el arranche bancario a millones de ecuatorianos y la expulsión de millones de personas al exilio forzado a los EE.UU y Europa, entre otros hechos, constituyen la demostración ineludible de que el Ecuador no retornó a una democracia real en el año de 1978. Por el contrario, decir “retorno” a la democracia equivale a afirmar que el país, antes de la dictadura del triunvirato militar, vivía una auténtica democracia, lo cual, según diversos acontecimientos políticos, desmienten semejante eufemismo.
En los años ochenta el crimen de los hermanos Restrepo se constituye en el más grave suceso antidemocrático de las últimas décadas en el país. Un hecho en que los diversos estamentos de seguridad nacional -ministerio de Gobierno, Policía Nacional, órganos de inteligencia, entre otros-, atentan contra los derechos humanos de dos niños y su familia deteniéndolos ilegalmente y luego cegando su vida bajo la figura de desaparición forzada. Si bien el Estado ecuatoriano reconoció haber cometido un crimen de Estado e indemnizado a la familia, ningún monto económico resarce el dolor de los Restrepo que, en incansable lucha y búsqueda de sus hijos, vieron perder a Luz Elena Arismendi de Retrepo, madre de los niños, como una mártir más del oprobioso capítulo en el que se cegó la vida de dos inocentes menores en territorio ecuatoriano.
Reflexionar hoy día en memoria de estas víctimas de la arbitrariedad de un Estado policiaco en manos de un gobierno neoliberal como fue el de Febres Cordero, es levantar una vez más una voz de protesta y alerta porque esta democracia simulada no haga posible, nuevamente, crímenes de esa naturaleza. En tiempos en que la manipulación de la justicia, el forjamiento de pruebas judiciales para eliminar física y políticamente a los contendores políticos, los crímenes de Estado no deben ser permitidos en el país con semejante impunidad que aun persiste en el caso Restrepo.
Evocar la memoria de Carlos Santiago y Pedro Andrés es mantener encendida la llama de la verdad por la justicia para que se nos diga, definitivamente, qué ocurrió con sus preciosas vidas y donde están sus restos inolvidables. Ningún otro homenaje es posible sin antes clamar por esa insoslayable respuesta que nos debe este país considerado democrático.
