Paola Pabón, la Prefecta de Pichincha acusada de “rebelión” salió en libertad el 25 de diciembre, pero su excarcelación no fue un regalo de Navidad. La revocatoria de la prisión preventiva dispuesta por la jueza Patlova Guerra, respondió a la reconsideración de los hechos investigados por la propia Fiscalía. Guerra, presidenta subrogante de la Corte de Justicia de Pichincha, resolvió revocar la prisión preventiva que pesaba contra Pabón y Christian G., desde el 15 de octubre, y la que mantenía V. Hernández, desde el 5 de noviembre. Pabón permanecía en el Centro de Confianza de Chillogallo desde el viernes 20 de diciembre pasado.
Según la Fiscalía, los procesados habrían participado en un presunto desconocimiento de la Constitución e intento de derrocar al Gobierno a través de actos violentos. En el transcurso de la investigación el caso cumplió varios momentos, detención de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, el dirigente de la Revolución Ciudadana, Christian G., y el ciudadano Pablo D., el día 14 de octubre. Al día siguiente se inició la instrucción fiscal de 90 días “por el delito de rebelión”. El 6 de diciembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian G.
Hernández, al momento de obtener su libertad, declaró que “siempre dijimos que aquí no existió un grupo armado, sino un pueblo indignado. Ahora Fiscalía va a tener que demostrar que participamos en acciones violentas y les digo desde ahora: no lo van a poder realizar, porque siempre nuestras acciones y planteamientos estuvieron enmarcados en la Constitución”, aseguró.
Luego de la reformulación de cargos establecida la mañana del martes 24 de diciembre, se analiza un delito con pena de cinco a siete años de cárcel. Pabón, al respecto, prefirió no pronunciarse sobre el anuncio de la Fiscalía. No obstante, indicó que hasta ahora no se ha encontrado ningún elemento que pueda sostener la denuncia que la Fiscalía hizo al inicio del proceso, y pidió que la justicia pueda actuar con independencia.
La exhortación de Pabón hace referencia a que la justicia actuaría a la saga. Primero presume, acusa, incita a los jueces y termina encarcelando a los acusados. Pasado un tiempo, al profundizar la indagación fiscal y obtener nuevos elementos de juicio, cambia sus iniciales excitativas fiscales y formula cargos de menor gravedad. Queda en evidencia que en ausencia de los elementos acusatorios enunciados por la Fiscalía, la entidad al no poder demostrar los hechos de los que habló inicialmente, tuvo que reformular cargos 70 días después de que inició la instrucción en la causa. Incluso, tras la decisión de la jueza Guerra de otorgar medidas sustitutivas a Pabón y Hernández -como el uso del grillete electrónico en lugar de prisión preventiva-, la Fiscalía dijo que analizará las acciones legales que sanciona el delito de prevaricato.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMAJ), rechazó el comunicado difundido por la Fiscalía General del Estado. Paúl Ocaña, abogado de la AEMAJ, destacó la carrera judicial de Guerra: «Rechazamos este acto intimidatorio e intromisión a la administración de justicia (…) que debe ser justa, sana y equilibrada», señaló. Ocaña acotó que si se inicia una acción en contra de la jueza, el gremio está dispuesto a defenderla.
El país observa cómo las resoluciones judiciales están condicionadas por decisiones políticas. En el trasfondo del caso subyace la intención, desde las esferas del poder, de dejar sin protagonismo electoral a Paola Pabón, eventual futura candidata en los comicios presidenciales del 2021.
En el frío e impersonal ajedrez de la política ecuatoriana todo tipo de movimiento del tablero puede darse, sin que nos deba causar estupor.
