Por unanimidad el Consejo Provincial de Pichincha adoptó la decisión de acogerse a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en favor de Paola Pabón. En la práctica esta resolución implica que la Prefecta de Pichincha conserva su cargo titular mientras que Alexandro Tonello asumirá como prefecto subrogante.
La CIDH había determinado el 2 de diciembre que “tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisión considera que la información aportada demuestra prima facie que las personas beneficiarias se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en grave riesgo”.
El Consejo provincial, al acogerse a este dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya no discutirá los días de ausencia en el cargo de la prefecta que deberá ejercer su derecho a la defensa en el juicio que se le sigue por presunta “rebelión” durante las manifestaciones contra el régimen de Lenin Moreno en octubre pasado.
La defensa de Pabon espera que la Corte Provincial de Pichincha se pronuncie este lunes acerca de la prisión preventiva de la Prefecta, en espera que la liberación se conceda por revocatoria plena o mediante una medida sustitutiva, como puede ser la prohibición de salir del país y obligación de presentarse ante un juez cada cierto tiempo.
La CIDH había solicitado al gobierno ecuatoriano que se adopten todas las medidas tendientes a proteger los derechos a la vida e integridad personal de Paola Pabon, Virgilio Hernandez y Christian Narváez implicados en el mismo juicio. En tal sentido, la defensa espera que si a la Prefecta le revocan la medida de prisión preventiva el lunes, pueda asumir la Prefectura el martes; caso contrario, Pabon puede seguir siendo prefecta titular de Pichincha hasta que la Corte le dicte sentencia condenatoria ejecutoriada en firme.
La justicia ecuatoriana debería acatar las medidas cautelares porque, según la CIDH, la prisión de Pabon implica que existe un motivo politico para removerla de su cargo, conforme los considerandos de la corte interamericana que suponen que la prisión preventiva de la Prefecta “es consecuencia de un hostigamiento político”.
Juristas especializados en el tema -como Christian Pino- consideran que la resolución aprobada por el Pleno del Consejo Provincial de Pichincha, con el fin de mantener en el cargo a la prefecta Paola Pabón, está respaldada en las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de la funcionaria. Por lo tanto la CIDH y el Consejo de Provincial pretenden hacer respetar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y determinar la responsabilidad de los estados que vulneren esos derechos. Precisamente sería el caso de Paola Pabón quien, además del derecho a la vida y a su integridad física, tiene en riesgo sus derechos políticos. Esto último sería el motivo central de la prisión de Pabón.
Consecuentemente, el Consejo Provincial -en sesión de este viernes pasado- entendió que la mejor manera de garantizar los derechos políticos de la prefecta Pabón es ratificar la subrogación de la Prefectura en el viceprefecto Alexandro Tonello, hasta cuando la titular retorne a ocupar el cargo, en opinión del experto Pino. El jurista coincide con el criterio de que la única razón para que Paola Pabón pierda su cargo de prefecta es que se dicte en su contra una sentencia condenatoria definitiva, en materia penal. Si no se produce este evento, Pabón no podría ser destituida de su cargo.
