La Organización de las Naciones Unidas, a través del Alto Comisionado, emitió un criterio sobre el papel jugado por los organismos de seguridad durante las protestas ciudadanas de octubre. La misión de expertos que visitó el Ecuador investigó en terreno las protestas acaecidas desde el 3 al 13 de octubre pasado y recogió denuncias sobre detenciones arbitrarias por parte de la policía y un uso desproporcionado de la fuerza, solicitando la investigación de estos casos.
Según la Oficina de la Alta Comisionada de ONU, víctimas y testigos entrevistados denunciaron el «uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia» contra los manifestantes. «El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes», destaca el informe. El informe también señala que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla.
El saldo constatado por la ONU habla de 9 muertos, 1.507 heridos y 1.382 detenidos. El informe de la ONU identifica como “patrón inquietante” a un gran número de detenciones arbitrarias que habrían sido ordenadas durante la crisis. Los afectados que fueron entrevistados denunciaron que durante los arrestos sufrieron «tratos crueles, inhumanos o degradantes y que no se observó el debido proceso al ser incomunicados los detenidos o trasladados a centros de detención no autorizados».
Michel Bachelet, comisionada de la ONU, dijo que los disturbios tuvieron “un alto costo humano” y que “las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas”, mientras que “los manifestantes no han de recurrir a la violencia”. Bachelet instó al “diálogo de todos los actores en Ecuador, a fin de prevenir nuevos conflictos” y “construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica”. Además el informe señala que más de 100 periodistas fueron agredidos durante las manifestaciones, tanto por parte de los agentes oficiales, como por los manifestantes.
El boletín emitido desde Suiza, por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) que anticipa el informe final de la ONU, generó la reacción oficial del gobierno. El Boletin englobó en un sugestivo titular la postura de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet: “Bachelet insta al diálogo para prevenir conflictos y crear una sociedad más inclusiva”.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, señaló que “la principal conclusión del comunicado es sobre la necesidad de que el diálogo incluya a todos los sectores sociales, de tal manera que se resuelva cualquier tipo de divergencia a través de métodos pacíficos y democráticos”. Sobre el uso progresivo de la fuerza, el Canciller dejó claro que se investigarán las acciones por parte de la Fuerza Pública, pero también la violación de derechos por parte de los manifestantes.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se pronunció sobre el informe señalando las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver en el tema del uso progresivo de la fuerza. “Basta considerar que no se utilizó, jamás, ni un solo tiro, no hubo ni una sola arma de fuego que fue disparada, las regulaciones fueron específicas. Jarrín insistió que el manejo de conflictos se realiza con armas no letales. “Que se investiguen los hechos. Pero que se diga innecesario, que nos digan qué otro método se utiliza para controlar un disturbio, un motín y las acciones de desestabilización”, señaló el funcionario.
La acotación de Jarrín resulta por demás innecesaria, puesto que el informe se refiere al uso progresivo de la fuerza por parte de la policía nacional, y en ese caso, debió ser la ministra del Interior, María Paula Romo, quien responda y explique sobre ese particular.
