La protesta social en Chile que comenzó hace un mes con el rechazo estudiantil a una nueva elevación de tarifas de los pasajes del Metro -sistema ferroviario de transporte subterráneo de la ciudad de Santiago-, se convirtió en un rechazo masivo, multitudinario, al modelo político, económico y social vigente en el país que se encuentra consagrado en la Constitución redactada en 1980 por la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Ante la exigencia popular de plantearse una Asamblea Constituyente que conciba y redacte una nueva Constitución, el régimen chileno de Sebastián Piñera habló de un «congreso constituyente» que haga reformas a la Carta Constitucional vigente, una especie de enmienda al estilo gringo, lo que fue recibido como una burla por el pueblo chileno que continúa en las calles exigiendo un cambio estructural al modelo imperante en Chile.
La Constitución de Chile es un texto aprobado el 8 de agosto de 1980, durante la dictadura militar y sometido a ratificación en un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, siendo promulgado el 21 de octubre del mismo año. Tras la reforma de 2005, se autorizó a fijar su texto refundido, coordinado y sistematizado mediante un decreto supremo firmado por el entonces presidente Ricardo Lagos y sus ministros de Estado.
Los chilenos en estos treinta días de protesta social -sin liderazgos claramente identificados, pero sin un margen mayor de improvisación- han aprendido una lección histórica de enorme valor para la conformación de un nuevo país, al amparo de una renovada cultura política que siempre tuvieron los chilenos pero que nunca rebasó los límites de lo establecido. Esa nueva lección les enseñó que vivían en un país de mentira, falseado por la clase política heredera de la dictadura militar. Una apariencia de nación concertada en términos políticos con los militares y alcahueteada por los medios de comunicación, por analistas de turno y por la academia que sacralizó en sus investigaciones la falsa realidad nacional del país. Realidad que les hizo creer que Chile era el “Jaguar de América”, que podía devorar a sus competidores, -los tigres asiáticos y a todo gato latinoamericano- que se interpusieran en sus planes comerciales. Una simulación constitucional que les hizo creer que vivían en un “oasis de estabilidad”, y que eran los adalides del modelo económico neoliberal exitoso. Nada más falso y alejado de la realidad.
De cara al futuro, Chile enfrenta algunos escollos que deberá superar en la realidad: la actual Constitución es obra y gracia de las Fuerzas Armadas. Y como Chile es un país acostumbrado a consagrar mitos históricos, deberá desmitificar a ese cuerpo armado que desde siempre vio como superhéroes nacionales luego del triunfo en la Guerra del Pacífico -1879- que enfrentó y derrotó a la Confederación Perú Boliviana. Un ejército que se le consideró democrático, respetuoso del orden constitucional, que desde la Constitución de 1925 -de corte militar anterior a la 1980- fue una institución supeditada al poder civil, obediente y no deliberante. Situación que la historia desmiente en varias ocasiones ya que la FFAA chilenas intervinieron en política, dieron golpes de Estado, e incluso reprimieron a su pueblo como recuerda la crónica de la masacre de Santa María de Iquique -el 21 de diciembre de 1907- que costó la vida a más de 3 mil mineros en el norte del país durante una huelga en las oficinas salitreras. Otro ejemplo es la dictadura civil militar de Gabriel González Videla, en la década de los años cuarenta, que desató la primera gran represión popular con la instalación de campos de concentración en todo el país. Esto sin contar con las innumerables veces en que “las fuerzas del orden” intervinieron para reprimir a pobladores que luchaban por sus derechos a una vivienda digna durante los años sesenta.
La historia militar chilena
El Artículo 101 de la Constitución chilena señala que “Las Fuerzas Armadas, dependientes del Ministerio encargado de la Defensa Nacional, están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Existen para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional”. Asimismo, la Carta Fundamental establece su carácter de «obedientes y no deliberantes, profesionales, jerarquizadas y disciplinadas».
Sin embargo la historia entrega antecedentes que desdicen de aquello. El Gobierno de Domingo Santa María, en el año de 1882, contrató la formación prusiana que debía “mejorar la educación, reglamentos y trabajo de la institución”. Durante este proceso se profesionalizó la formación de la oficialidad con modernización de los contenidos de enseñanza de la Escuela Militar, la creación de la Academia de Guerra (la primera de América y la cuarta academia más antigua de su género en el mundo, siendo precedida por la escuela del Reino Unido (1799), Prusia (1826) y Francia (1876)). Asimismo se creó el Instituto Geográfico Militar, se instauró durante este período el Servicio Militar Obligatorio. En los últimos años y después de varios programas de reequipamiento importantes y su elevado financiamiento militar (destinándose el 2,1 % del PIB a las fuerzas militares del país en el año 2012, según la CIA), el Ejército de Chile se ha convertido en uno de los ejércitos más tecnológicamente avanzados y profesionales del continente.
La nueva constitución
En 2019, como consecuencia de las masivas manifestaciones ciudadanas de octubre y noviembre, se anunció la búsqueda de una nueva Constitución, mediante un plebiscito de entrada, la creación de una convención constitucional que funcionará entre nueve meses a un año, y que creará la nueva carta fundamental que será ratificada en un nuevo plebiscito.
El analista chileno Esteban Vilchez Celis, señala que el primer escollo que se encuentra en ese camino neoconstitucional se resume en una tesis clara: “las Fuerzas Armadas chilenas son, en los hechos, esencialmente desobedientes y deliberantes; premisa menor: en tales condiciones, representan un peligro serio para la democracia y para la vida e integridad física de todos los chilenos y chilenas; conclusión: la nueva Constitución debe someterlas real y eficazmente al poder civil constituido”.
El primer obstáculo vencido es que el pueblo chileno, despues del estallido social de este mes, logró derribar la pretensión de los sectores de derecha que esperaban con un tercio mantener intactas regulaciones constitucionales actuales: se ha logrado un acuerdo por el cual se elaborará una nueva Constitución, desde cero. La nueva normativa constitucional deberá contar con un apoyo de 2/3 de los integrantes de la Convención Constituyente. Eso significa por fin sacudirse el país de una Constitución que sienta las bases del sistema económico cruel y responsable de desigualdades.
Vilchez Celis, recuerda que el artículo 101 de la actual Constitución chilena señala que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes. No obstante, un breve repaso de la historia de Chile nos demuestra que en realidad nunca lo han sido. «Antes de que se afianzara la independencia de Chile, nadie podrá negar los afanes golpistas de muchos de los involucrados y el amor a los cañones y no a los votos para decidir quién debía gobernar», señala Vilchez.
En el año de 1891 el derrocamiento del presidente liberal José Manuel Balmaceda, y su suicidio, fueron el producto de la intervención de militares apoyando la posición del Congreso. El 3 de septiembre de 1924 se produjo el famoso “ruido de sables” en el que los militares reclamaban diversas mejoras y el 9 de septiembre, los militares le pidieron al presidente Alessandri que disolviera el Congreso. Alessandri renunció. El 23 de enero de 1925 se inició, previa asonada militar, el regreso de Alessandri. Casi de puño y letra de Alessandri nació la Constitución de 1925, nada de asambleas constituyentes. Al pueblo no se le pregunta, se le norma. En la década de los años setenta se dieron las célebres declaraciones de Pinochet diciendo que si le tocaban a uno de sus hombres “hasta ahí llegaba el Estado de Derecho”. Un ejemplo actual de la amenaza militar: a propósito de los cuestionamientos a la forma en que ha actuado durante las protestas Carabineros, su General Director, Mario Rozas, ha dicho que “no dará de baja a nadie, aunque lo obliguen”.
Convendremos, entonces, en que los uniformados, desde siempre, deliberan y se mandan solos o, lo que es lo mismo, obedecen mientras tengan ganas, dice Vilchez. Representan, por ende, un peligro para la vida e integridad física de chilenos y chilenas. “Es un contrasentido absoluto, porque los civiles los financiamos, les damos salud y armas, y somos los que corremos riesgos con ellos», dice el analista chileno. Tiene razón cuando afirma que el ejército de Chile ha matado a muchos más chilenos que extranjeros. Hay demasiados reportes que hablan del actuar desproporcionado y abiertamente violatorio de los derechos humanos ejercido por uniformados militares o policiales.
Vilchez Celis propone una nueva regulación constitucional: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros serán esencialmente obedientes del poder civil, representado en la Presidencia de la República” o “No podrán deliberar sobre la situación política nacional bajo ninguna circunstancia”. La violación de estas normas debería autorizar al poder civil para destituir, debido proceso de por medio, directamente a mandos superiores o incluso medios. También debería haber un inciso: “Es parte esencial de su misión la protección de los derechos humanos de toda la población civil, estimándose como un delito de gravedad similar a la traición la violación de ellos”.
Una reflexión final: los militares deben entender que las armas son prestadas, que sus sueldos los pagan los que se las prestan y que, en consecuencia, traición es la palabra que mejor define la actuación de quienes, armados y financiados por la civilidad, torturan, violan, mutilan, detienen niños o abusan sistemáticamente de civiles. “La nueva Constitución chilena deberá contener mecanismos jurídicos de altísima eficiencia para su protección y sanción. Y uno de ellos es que los uniformados entiendan que deben obedecer al poder civil siempre. Si no lo entienden, habrá que repensar el sentido y utilidad de su existencia, porque si ellos nos agreden en lugar de proteger, es mejor prescindir de su existencia. Costa Rica ya lo hizo. No es imposible”, concluye Vilchez.
