La situación de Chile sigue en un cuadro de dramáticas violaciones a los derechos humanos con denuncias en todo el territorio nacional en contra de la actuación de agentes de la policía uniformada (carabineros) y las fuerzas armadas que han desatado la más brutal represión que se tiene noticia en la región. Este viernes, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifró en 6.199 las personas heridas en las semanas de movilizaciones ciudadanas, de ellas 726 son menores de edad y 938 mujeres. Además de los 22 muertos (en cinco casos estarían vinculados agentes del Estado: carabineros y militares), y los más de 200 mutilados en los ojos por balines policiales. Se reportó, desde el INDH, que se presentaron 335 acciones judiciales. 14 amparos, 5 querellas por homicidio, 57 acciones judiciales por violencia sexual y otras 236 por torturas cometidas por agentes del Estado. El INDH anunció diversas querellas por violaciones a los derechos humanos. La jefa del organismo en la Región Metropolitana, Beatriz Contreras, dijo que “estamos muy preocupados por las vulneraciones a los derechos humanos observadas, porque afectan a grupos de especial protección como son niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas adultas mayores, entre otros”.
En tanto, la situación política no registra variaciones y en las últimas horas un acuerdo de partidos políticos para la realización de un plebiscito y el paso hacia una nueva Constitución, pudo opacar las demandas sociales y ciudadanas que gatillaron la revuelta y pudo poner en segundo plano el tema de las “masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos” -como lo señalan más de 200 abogados- que tiene contra la pared a Carabineros y donde se habla de “una responsabilidad política” del Presidente Sebastián Piñera.
Las demandas ciudadanas son claras: terminar con los abusos, elevar las pensiones y los salarios, resolver el problema de la deuda universitaria, bajar o congelar tarifas de transporte y otros servicios, otorgar apoyos a los adultos mayores, garantizar acceso a salud, educación y vivienda dignas, encarar el tema de la desigualdad en el país, y hacer cambios en el sistema político e institucional, básicamente cambiando la Constitución y haciéndolo a través de una Asamblea Constituyente.
No obstante, en una maniobra que denota la incomprensión presidencial hacia la situación que reclama el país, Piñera habla de un “Congreso constituyente”, es decir, de una instancia dentro de la actual constitución que solo maquille ciertas reformas y deje intacto el cuerpo y el espíritu de fondo de la Constitución de 1980. Un documento que sacraliza la privacidad de la salud, de la educación y de la seguridad social, y deja en la indefensión a una abrumadora mayoría de los chilenos. Para aclarar el punto, la ciudadanía demanda una Asamblea Constituyente, con nuevos miembros, que conciba y redacte una nueva Constitución que refleje la realidad del país y recoja la participación y el sentir de los más amplios sectores, tradicionalmente marginados del “oasis de estabilidad” que fingió ser Chile. Durante los 17 años de dictadura y los 29 de democracia formal, el país aplicó un modelo económico concebido y heredado de la dictadura militar pinochetista basado en un retrogrado paradigma neoliberal.
La semana que termina, Chile mantuvo la protesta social y hubo un repudio generalizado a la salida a las calles de elementos del Ejército y la Armada, al establecimiento del Toque de Queda y el Estado de Emergencia, y al conjunto de medidas autoritarias que implementó el gobierno y varias de las cuales siguen vigentes, como el despliegue represivo y activo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), que ahora están incorporando a funcionarios retirados.
Durante este viernes miles de personas se movilizaron y protestaron en Santiago, Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco, Antofagasta, en la continuidad de las manifestaciones ciudadanas, que incluye caceroleo, corte de calles, barricadas y otras actividades en comunas y barrios. En la capital tuvo lugar la convocatoria de “La marcha más grande de Chile”, para rendir homenaje al joven mapuche Camilo Catrillanca y reforzar las demandas populares. En varios lugares se siguieron desarrollando cabildos, muchos producto de iniciativas espontáneas de vecinos, pobladores, profesionales, jóvenes y militantes de partidos políticos.
Chile no da vuelta atrás. En muchas de las acciones sociales se insiste en las demandas laborales, de pensionados, salariales, de acceso a la educación y la salud, de reforzar políticas culturales, otorgar condiciones para que la gente pueda acceder a viviendas dignas, apoyo a los adultos mayores en cuestiones como acceso a medicinas y abaratamiento del transporte.
En algunas de las movilizaciones de este viernes se desplegaron carteles, rayados y se escucharon cánticos y consignas criticando el acuerdo de partidos políticos en torno de un próximo plebiscito, con el reclamo de que no participó el mundo social y que fue entre “cuatro paredes” sin representaciones del pueblo y sus organizaciones. Se constató una vez más el rechazo a la “clase política” y a los acuerdos cupulares.
