La oposición boliviana que cuestiona al gobierno democrático de Evo Morales, reelegido por cuarto periodo según resultados de las elecciones presidenciales recientes, ha desestabilizado al país.
El clima político ha llegado a su máxima tensión en el país altiplánico. Los bloqueos callejeros en la capital de La Paz y otras ciudades bolivianas han desembocado en enfrentamientos entre los jóvenes que salen a exigir la renuncia del presidente Morales y los sectores sociales que se han movilizado en apoyo del régimen y al proceso de cambio. Fernando Camacho, lider de un llamado Comité Cívico de Santa Cruz, se ha convertido en el principal referente del proceso desestabilizador y golpista en Bolivia, incluso por sobre de Carlos Meza, contendor de Eco Morales en las elecciones del 20 de octubre pasado.
La prensa internacional guarda silencio sobre los intentos golpistas de clara factura internacional y se enfoca en deslegitimar el proceso electoral ante la sospecha, no comprobada, de fraude en las elecciones presidenciales de octubre. Como prueba objetiva del golpe de Estado en marcha es la carta de renuncia que decidió entregar F. Camacho a Evo Morales.
La OEA se encuentra realizando una auditoría al proceso electoral solicitado por el gobierno de Morales, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas. El escenario es altamente inestable dentro del Estado plurinacional de Bolivia y las próximas horas son definitivas con una sonada en que el descontentó y la polarización crecen y dan paso a una tensión que se agudiza.
¿Qué está sucediendo en Bolivia?
Para algunos observadores la inestabilidad de Bolivia surge de la falta de credibilidad en el presidente Evo Morales. En el plebiscito del 21 de febrero el pueblo boliviano se había expresado contrario a una reelección presidencial. Morales demandó el resultado y un Tribunal Constitucional le dio la razón y modificó la Constitución por considerar que la reelección es su derecho humano y político. La sospecha de fraude en las elecciones del 20 de octubre, lo que hizo fue animar a la oposición a jugarse por la caída del régimen bajo la creencia de que las instituciones bolivianas ya no sirven. El tema va más allá del ámbito jurídico y tiene que ver con el ámbito político. El resultado de las elecciones del 20 de octubre dio como ganador a Evo Morales, en primera vuelta, y la OEA se encuentra auditando ese resultado. El informe de esa auditoría internacional es la única vía institucional que existe para dar solución a la crisis boliviana. Todo lo demás es una acción inconstitucional, golpista, que no contribuye a superar la crisis.
Este panorama se inserta en una estrategia internacional de deslegitimación del presidente boliviano. Esa estrategia se afirma en estimular el descontento popular que por natural desgaste del gobierno se produce, pero que no implica de manera espontanea un intento golpista. El golpismo nace en las esferas de la tramoya de Washington que no ve con buenos ojos el régimen boliviano y que ha encontrado la oportunidad de desestabilizarlo, como hace con el gobierno de Venezuela, dentro del contexto de la restauración conservadora que se trata de imponer en el continente latinoamericano.
Pese a que el gobierno boliviano ha manejado la economía con acierto, con una reducción importante de la pobreza, con un notable crecimiento e inversión en infraestructura, la oposición concentra el argumento desestabilizador en aspectos políticos de la no reelección presidencial. Bolivia era el tercer país más pobre de Latinoamérica y aumentó el 50% del PIB y el ingreso percapita en un 85%.
Hace 14 años el gobierno de Morales recibió al país en condiciones lastimosas, lo que hizo el régimen de Morales fue nacionalizar los hidrocarburos para que esa riqueza se quede en el país. Bolivia es hoy uno de los países que más crece en América Latina y el modelo de redistribiución económica ha hecho llegar el fruto de dicho crecimiento a los más amplios sectores sociales, según analistas, pese a la baja de los precios internacionales de las materias primas.
Otro de los factores que explica la confrontación en Bolivia es una histórica lucha racista entre el conjunto de los pueblos indígenas y sectores mestizos que manejaron el Estado de manera excluyente en el pasado. Se suma a este enfrentamiento un regionalismo existente entre oriente y occidente de la nación boliviana que agudiza la crisis.
Lo importante es visibilizar las salidas institucionales en Bolivia. Todo intento fuera de esa lógica es un proceso de golpe de Estado en marcha.
