La cultura de la violencia se ha impuesto como una forma de ser de nuestra sociedad. Asistimos a una exacerbación del enfrentamiento social con aumento de la beligerancia que resulta ser la forma más frecuente de dirimir el conflicto colectivo de clases o de sectores grupales de la sociedad declarados en una lucha de intereses sectoriales. Dos países han puesto la nota informativa en tal sentido en los últimos días, Ecuador y Chile, cuya respuesta a la crisis imperante ha lanzado a las calles en protesta a millones de ciudadanos y la respuesta del Estado ha sido la represión sistemática, a cargo de los organismos de seguridad.
En Chile, el presidente Piñera declara que el “oasis de estabilidad” que decía ser el país, de la noche a la mañana “está en guerra”. En Ecuador los ministerios “del orden” -Defensa e Interior- anuncian una preparación en escala para enfrentar al enemigo vandálico que protesta en las calles. Y en ambos casos se anuncia el uso progresivo de la fuerza.
En el país del sur, Chile, se estableció hace pocas horas una Agenda de orden público, que endurece el uso de la fuerza. Dentro de los diez puntos que anunció el presidente Piñera, se habla de presentar un proyecto de ley anti saqueo, que contempla sanciones más duras para robos; agilizar el proyecto de ley anti encapuchados, con sanciones más drásticas para quienes se tapen las caras durante las manifestaciones, además de la redefinición de desorden en vía pública, como barricadas y similares, que entorpezca libre tránsito. Paralelamente, Piñera, indicó que se conformará un equipo especial, constituido por la Fiscalía, Carabineros y la PDI, que permita hacer un mejor trabajo de inteligencia preventiva e investigativa. A esto se suma que se aumentará significativamente, más que duplicar, la capacidad de vigilancia aérea que tienen servicios operativos policiales. Con esto, según enfatizó Piñera, “se busca reforzar las denuncias y entregar información útil sobre vándalos”.
En Ecuador, tuvo lugar el 30 de octubre pasado un encuentro continental de seguridad pública con participación de algunos ministros de la región. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró ante la presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro: “En esta ocasión, Ecuador considera de especial relevancia focalizar las discusiones en torno al pilar de cooperación internacional con el propósito de promover la discusión y actualización de las estrategias coordinadas de seguridad pública frente al desafío estratégico que representa la delincuencia organizada transnacional (DOT)”. Estas palabras fueron pronunciadas en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar en Quito y otras ciudades del país con un saldo de diez muertos, 1.340 heridos y 1.192 detenidos de acuerdo al más reciente balance de la Defensoría del Pueblo. La ministra de Gobierno María Paula Romo declaró ante la prensa en las últimas horas: Pasado un mes de la jornada de violencia, hubo un intento de golpe de Estado, pero había sectores que estaban expresando descontento. Lo que pasó es un conflicto político y de seguridad. Hubo un plan para atacar al Gobierno y desestabilizar al Estado. Hubo violencia espontánea y otra violencia organizada. La justicia tiene que actuar como un tercero imparcial, no se trata de un problema entre las personas que actuaron en la protesta y el Gobierno. Estamos trabajando en temas de inteligencia en los que no me puedo explayar dando detalles, coordinamos con otras instancias de inteligencia de la región.
La violencia, noticia destacada
En sus espacios diarios, los medios informativos ecuatorianos, de manera sesgada, dan principal difusión a los hechos violentos, reproduciendo la versión oficial muchas veces sin contraste de fuentes. Labor de difusión encabezada por el canal del Estado -léase del gobierno-, ECTV. La prensa audiovisual cuenta con el seguimiento informativo de la prensa impresa, en temas como crímenes, accidentes, violencia institucional y violencia informal de la delincuencia como noticia destacada. Canales estatales y privados están dedicados a difundir escenas violentas en sus espacios informativos y recreativos. Por ejemplo, TC Televisión y Canal Uno, entre otros, mantienen programas especializados en mostrar una ciudad desnuda ante la violencia, crónica viva que muestra los efectos de la violencia en una sociedad atrapada en un espiral violentista sin límites. En los espacios televisivos la exhibición de escenas con algún tipo de violencia se muestran con una frecuencia de segundos, según estudios de contenido. Es de tal magnitud la proliferación de escenas violentas, con la gratuidad de la reiteración, que se han convertido en el ingrediente de acción de la programación diaria que forma parte de la cultura de masas. Bajo la vertiginosidad de la televisión, se suceden hechos desconectados en la realidad, pero que bajo la vorágine televisiva se traslapan en un solo hecho social que se muestra en la pantalla en un collage indiscriminado de violencia. Aunque las formas de transmisión de los valores que configuran la cultura de la violencia son múltiples, ninguna ha alcanzado el nivel de influencia como el que en las últimas décadas ha proporcionado la televisión. En la perpetuación de la mística de la masculinidad vinculada a la violencia, la televisión ha popularizado y comercializado la violencia gratuita (que es presentada además como divertida), lo ruin, el enriquecimiento a costa de los demás, la fuerza física y el desprecio hacia otros seres, hasta el punto de convertir estas actitudes en valores normalizados.
La violencia que se presenta en los medios es más influyente en función de diversas condiciones de los protagonistas agresivos y de las consecuencias de la acción, considerándose, además, que los niños son especialmente vulnerables a la visión de la violencia, según señalan estudios especializados en el tema. Vivimos virtualmente todos los días en los medios de comunicación: asesinatos, violencia doméstica, abuso contra niños y ancianos, y suicidios.
Nuestras sociedades latinoamericanas viven una evidente descomposición cultural cuando el conflicto social no alcanza a resolverse y la guerra declarada por el Estado, o contra la institucionalidad de un país, se convierte en la política por otros medios.
No habrá solución al conflicto social dentro del marco institucional, si es la propia institucionalidad del Estado, a través de medios informativos -propios o privados sin mayor control-, la que exacerba la violencia social con respuestas que deben ser políticas y en ningún caso policiacas o militares.
