Uno de los más conspicuos representantes del pensamiento político social, Vladimir Ilyich Lenin, decía que las fuerzas armadas son el aparato armado del Estado. “El ejército permanente y la policía son los instrumentos fundamentales de la fuerza de poder del Estado. Pero ¿puede ser acaso de otro modo?”.
José Hernández -analista del portal 4 Pelagatos- trata de responder a esta interrogante señalando que “ese otro modo” en Ecuador se evidencia cuando “la primera evaluación dice que las Fuerzas Armadas, lejos de jugar su papel -disuasivo y de control- fueron desbordadas por los eventos y sus soldados, en casos, fueron humillados y vejados”, durante las protestas indígenas. La inquietud de Hernández acerca del rol de las FF.AA. cobra sentido y estaría dando pábulo a pensar que la afirmación leninista tiene sus excepciones.
No obstante, en caso de confirmarse esta hipótesis de Hernández, el editorialista de 4 Pelagatos intenta una explicación: ¿qué pasó con inteligencia militar?, se pregunta, y se responde a sí mismo: “Los militares que siempre han tenido una gran capacidad de pre-ver y pre-venir los acontecimientos, dieron esta vez la impresión de padecer la situación, no de dominarla”. Por qué, es la pregunta clave.
Constatar que las FF.AA. ecuatorianas no están en capacidad de jugar el rol histórico que, según Vladimir Ilyich Lenin, les asigna la sociedad capitalista es una novedad no muy novedosa. Entonces, ¿cuál debe ser el rol de las FF.AA. en caso de convulsión nacional interna? Debería estar claro su papel disuasivo según la doctrina de la seguridad nacional, caso contrario en la práctica ecuatoriana “quedan enormes dudas sobre la capacidad disuasiva que tienen las Fuerzas Armadas”, discurre Hernández.
Finalmente, Hernández arriba a una conclusión genética: “Se sabe que los militares no dispararán contra el pueblo. Esto hace parte de su ADN”. Según ese ADN, los militares Roque Moreira Cedeño, ex Jefe del Comando Conjunto y Javier Pérez Rodriguez, ex Comandante del Ejército, fueron removidos de sus cargos por el presidente Moreno porque no habrían seguido una línea institucional a la altura de los requerimientos del Gobierno nacional los días del paro indígena.
Para dilucidar si ese ADN reside en los genes militares conforme a la Constitución ecuatoriana, investigamos la versión de algunos personajes que han vertido opiniones acerca del tema. Una primera hipótesis de aproximación al análisis es que desde el retorno a la democracia, las Fuerzas Armadas han tenido un papel preponderante en el manejo del Estado, tanto que en la Constitución de 1998 se fijó entre sus funciones ser «garantes» de la democracia. Veamos cómo se evalúa su rol en el período democrático.
El exministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal, señala que los militares ecuatorianos heredaron de la dictadura del triunvirato militar la condición de jueces “con capacidad de intervención por encima del orden democrático”. Pero que la Constitución del año 2008, en vigencia, reordenó el rol a las FF.AA. bajo los principios constitucionales de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, al punto de asignarles una misión fundamental en la defensa de la soberanía e integridad territorial.
Este reordenamiento no hace más que corregir una tendencia castrense que el politólogo Iván Romero define como una secuela evidente de que las FF.AA. se quedaron “enraizadas al poder político como asesores permanentes del Ejecutivo” y desde allí se han pronunciado en ciertas ocasiones “como árbitros de la democracia”. Y en determinadas ocasiones “se atribuyó algunas decisiones fuera de su competencia”, como el golpe de Estado contra Abdalá Bucaram y Jamil Mahuad y el retiro del apoyo a Lucio Gutiérrez. El General José Gallardo Román, exministro de Defensa, justifica dichas intervenciones “puntuales”, y no cree que las FF.AA. hayan tenido “capacidad dirimente, sino que han buscado evitar un desorden que derive en una guerra civil” y considera que hasta hoy las FF.AA. siguen defendiendo el orden de la patria. Sin embargo, reconoce que el golpe contra Mahuad “sí afectó a la institucionalidad de las FF.AA”.
El General René Yandún, comandante del Teatro de Operaciones Norte en la guerra del Cenepa, desde la firma de Paz en 1998, “el país llegó a alcanzar la estabilidad necesaria para su desarrollo y las FF.AA. avanzaron en su profesionalización, pero considera que han. perdido protagonismo” en la vida nacional.
Dicha falta de protagonismo tiene explicación en los cambios instaurados por el gobierno de Rafael Correa respecto al papel de las FF.AA. dentro del Estado. El gobierno de la revolución ciudadana transfirió la política de seguridad desde el Estado a la sociedad civil, la ciudadanía. Los cambios institucionales se expresaron también en la desarticulación de la Honorable Junta de Defensa Nacional dedicada a la adquisión de equipos, cuya responsabilidad recayó a partir de entonces prácticamente en el ministro de Defensa. Otros roles novedosos asignados a las FF.AA fue “la reconstrucción vial del país, el manejo de Petroecuador o la seguridad en los pozos, oleoducto y poliductos”.
Y he aquí un dato interesante. Aunque en la Constitución la misión de las FF.AA. es la defensa de la soberanía e integridad territorial, en mayo del 2014 la Asamblea Nacional reformó la Ley de Seguridad Pública para que apoyen de forma complementaria las operaciones de la Policía, en temas de seguridad interna. Alberto Molina, analista militar, ha señalado que se quiere legitimar ese cambio modificando el art. 158: “Las FF.AA. tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía e integridad nacional y, complementariamente, apoyar en la seguridad integral del Estado de conformidad con la ley”.
Otra opinión contrastante es la de el analista Simón Pachano, quien reflexiona: “Pensemos que venga un gobierno autoritario, como los que ha habido mucho en América Latina, y utilice a las FF.AA. para la represión interna, con la justificación de que está controlando la seguridad ciudadana”.
Ese es un riesgo posible que encontraría resistencia en el ADN de las FF.AA. de ser respetuosas y garantes de los derechos de su pueblo.
