El gobierno de Sebastian Piñera enfrentó esta semana un estallido social de magnitud en la capital chilena en protesta por el alza de pasajes del Metro y ante eso optó por una acción y una línea discursiva autoritaria y agresiva. La medida extrema de decretar el Estado de Emergencia fue decidida en una reunión del equipo de Piñera junto a varios de sus ministros, incluido el de Defensa, Alberto Espina, convocado la noche del viernes a La Moneda.
Miles de estudiantes, trabajadores, profesionales, mujeres, dueñas de casa, pobladores, jóvenes, protestaron de manera multitudinaria y extendida este viernes en prácticamente toda la Región Metropolitana. En gran cantidad de estaciones del Metro se produjo la evasión del pago del encarecido pasaje de este transporte (en estos días salieron estudios que dan cuenta de que es uno de los más caros del mundo), en muchas comunas hubo una intenso cacerolazo a las 20:00 horas, se produjeron manifestaciones espontáneas en calles, plazas, barrios y lugares públicos, todo gatillado por la alza en el precio del pasaje del tren subterráneo, pero también por recientes alzas en la tarifa de la luz (10%), abusos de parte de cadenas de empresas, conocimiento de situaciones como que el propio Presidente Sebastián Piñera durante años no pagó contribuciones y malas cifras en materia de seguridad pública.
En la línea discursiva autoritaria seguida en estos días, Piñera justificó: “Es muy simple y profundo, esto es para asegurar el orden público y mantener la tranquilidad de los habitantes de Santiago”.
Después de días de que él mismo y sus ministros no hicieron alusión alguna al origen de las protestas, ni abrieron espacio para revisar un elemento como el alza en los pasajes del Metro, el mandatario indicó que “nuestro Gobierno va a convocar a un diálogo transversal, para atenuar y aliviar la situación de nuestros compatriotas que se han visto perjudicados con esta alza”.
La situación chilena parece un guión calcado con la situación que ha vivido Ecuador estos días. Aplicación de medidas económicas neoliberales, alza de tarifas de la transportación urbana y cuando se produce el estallido social, un llamado tardío al diálogo. El gobierno chileno, en lugar de abrir una puerta a empatizar con un reclamo ciudadano por el alza del precio del pasaje del Metro y un evidente descontento por otras alzas y una situación de continuo abuso hacia la población, y señalar caminos de respuesta y solución, Piñera invocó la Ley de Seguridad del Estado, ordenó un amplio repliegue represivo protagonizado por Carabineros, trataron de “delincuentes” a los manifestantes, criminalizaron la protesta, y apuntaron a “preservar el orden”. La vocera de La Moneda, Cecilia Pérez estuvo en la misma línea: “Son delincuentes. Eso es lo que son cuando agreden a guardias indefensos, cuando destruyen el Metro y cuando golpean a pasajeros…”. Las protestas de miles de personas en decenas de estaciones del Metro, en calles de la ciudad y otros puntos, fueron calificados por el titular de Interior como “hechos de violencia y vandalismo”.
Distintos sectores políticos y sociales llamaron a una continuar las movilizaciones sociales y ciudadanas después de la revuelta social de este viernes. La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) llamó a una jornada de Protesta Nacional para el próximo lunes contra el valor de la tarifa del transporte público del país. La organización llamó a “copar y evadir” el pago del pasaje en estaciones del Metro de Santiago.
Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas (JJCC), dijo que esa organización rechaza “rotundamente la respuesta del gobierno de Sebastián Piñera ante las más que comprensibles manifestaciones del pueblo contra las alzas”. El dirigente político se refirió a los casos de jóvenes que resultaron heridos por perdigones disparados por Carabineros durante las manifestaciones. Frente a esto, señaló que “estos casos son la muestra más clara de que el gobierno pretende imponerse mediante el miedo”.
La presidenta de la Confech, Emilia Schneider, respaldó en redes sociales “los actos de desobediencia que se han llevado a cabo estos días, llamando a continuar con mayor fuerza esta movilización por una nueva política de transporte para nuestro país”. Se indicó que la convocatoria es “a todos los estudiantes de Chile, a la CUT (Central Unitario de Trabajadores), la UCT (Unión Clasista de Trabajadores), y a todas las organizaciones sociales y sindicales, a movilizarse en una jornada de protesta nacional el lunes 21 de octubre, a lo largo y ancho del país para exigir un transporte público digno y de calidad”.
Sánchez, además, recordó las masivas protestas estudiantiles que afectaron el primer mandato de Piñera, asegurando que el gobierno, “no aprendió nada del 2011”. Con los estudiantes, el pueblo chileno ha demostrado que no tiene miedo a manifestarse masivamente en las calles.
