Ecuador logró una tregua a la crisis, a través de un diálogo entre el Gobierno y las nacionalidades y pueblos indígenas organizados en la CONAIE, en representación de todo el país. En un texto de acuerdo se lee: «Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el Decreto 883. Para lo cual se instalará una comisión que elaborará el nuevo decreto, integrada por las organizaciones movimiento indígena, participantes en este diálogo y el Gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo en Ecuador. Y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país».
La mesa de diálogo resultó ser todo un símbolo que representa la confrontación de las cosmovisiones de dos mundos antagonizados -el indígena y el mestizo- que pretenden ser unitarios en su declaración constitucional. Ecuador acudió al “diálogo por la paz” en ausencia de actores esenciales de la sociedad ecuatoriana. En la cita faltó la presencia de los trabajadores sindicalizados, no hubo nadie del ámbito de la cultura y tampoco del sistema legislativo que es el foro natural de la diversidad ideológica del país. La ausencia de la Asamblea Nacional es la ausencia de la diversidad de la clase política ecuatoriana un fenómeno recurrente que equivale al descrédito expresado en el “fuera todos”.
Al quedar fuera del diálogo directo con el Estado el sector sindicalizado de trabajadores ecuatorianos, quedan también al margen de la agenda de discusión las medidas neoliberales planteadas en las reforma laborales que pretende llevar adelante el régimen. Epílogo inquietante, puesto que las pretensiones políticas y económicas del gobierno asumidas del sector empresarial, inciden en la dinámica laboral del país y afecta a millones de ecuatorianos.
Otro ausente fue el movimiento «correísta», sin representación política en el diálogo, un sector esencialmente de clase media y apoyado por sectores marginales que, sin liderazgo presente, quedó fuera de la fiesta. De ese modo le pasó factura a la falta de alianzas con el movimiento indígena que caracterizó al anterior gobierno de Rafael Correa.
Esta vez, el conjunto de la sociedad ecuatoriana fue representada por un movimiento de nacionalidades y pueblos indígenas, liderado por una dirigencia clara en sus objetivos, unida en sus propósitos y determinante en sus decisiones. Un colectivo que, en la defensa de sus intereses populares, cuestionó las bases mismas de un Estado excluyente, reclamando la consolidación práctica del Estado Plurinacional que ostenta la Constitución vigente. Ese Estado de exclusión estuvo representado en la arrogante incomprensión de sus representantes: un Presidente dedicado a repetir eslóganes dictados por sus asesores de comunicación y a esgrimir argumentos personales débiles e insostenibles en la inteligencia popular.
“Somos constructores de un verdadero Estado Plurinacional, de derechos, con libertad de pensamiento organizado para todos”, alegó Jaime Vargas, Presidente de la CONAIE. En seguida, Miriam Cisneros, en representación de la mujer indígena, reiteró: “Queremos que el Estado ecuatoriano responda a las necesidades de los pueblos y necesidades del Ecuador, cuando hablamos de un estado plurinacional, no somos consultados nosotros. Estamos siendo violentados ¿Qué pasa en un estado plurinacional?”, se preguntó.
El encuentro nacional permite algunas conclusiones. En el escenario político ecuatoriano vuelve a irrumpir la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas con protagonismo de oriundos amazónicos, superando el viejo péndulo que ha oscilado, históricamente, entre la costa y sierra ecuatorianas. Un encuentro simbólico, puesto que en su desarrollo la reunión de diálogo se convirtió en un encuentro con fuertes rasgos de asamblea ancestral en la que se habla con frontalidad y cuyos acuerdos se convierten en ley, costumbre ajena al mundo institucional mestizo. No en vano el vocero indígena, Jaime Vargas, instó al mandatario Lenin Moreno: “Cambie la estructura de todo el país, presidente”, propuso.
El epílogo de este capítulo de la historia ecuatoriana, no obstante, es una realidad singular e inquietante, puesto que, el próximo mandatario del Ecuador tendrá que surgir del conjunto del proceso político constitucional establecido y no solo de las decisiones que pueda tomar un sector étnico. En ese mismo sentido, la crisis de representatividad institucional habla de una carencia de liderazgo político en capacidad de movilizar a todo el país, evidencia de ello es la ausencia de interlocutores válidos de la “clase política” tradicional en la palestra de la discusión por el poder.
