Cuando el mundo creía ver superadas las dictaduras militares de Hugo Banzer en Bolivia, Jorge Videla en Argentina, Augusto Pinochet en Chile, Alfredo Stroessner en Paraguay, entre las más represivas que mancharon de sangre al continente sudamericano en la década de los años sesenta y setenta, Ecuador exhibe un serie de imágenes confirmadas por Amnistía Internacional que dan cuenta de un estado policiaco en plena vigencia, dentro de un estado constitucionalmente de derecho.
Ecuador se revela como un estado represivo en manos de un gobierno formalmente democrático elegido en elecciones libres por su pueblo, que en el transcurso de dos años hizo un viraje a su plan de campaña por el que fue elegido. Este Estado que ha ensayado respuestas represivas frente a las demandas populares se rige hoy por políticas neoliberales que son más que una fórmula económica y política, hasta convertirse en una cultura de exclusión popular y ahora en una doctrina represiva policial.
Amnistía Internacional verificó y usó como prueba cinco videos en los que se ve a fuerzas policiales ecuatorianas reprimiendo a manifestantes desarmados con excesivo uso de la fuerza. La agencia de noticias Reuter difundió en una nota de su corresponsal Carlos García, la noticia de que los videos que verificó Amnistía Internacional muestran imágenes de agentes policiales golpeando a manifestantes indefensos mientras que otros oficiales presencian las agresiones sin detenerlas. La policía ecuatoriana continúa utilizando medios extremos para intentar controlar a la airada multitud, entre otros, nuevos bombardeos con gas lacrimógeno, disparos con balas de goma y golpizas con porras contra manifestantes y periodistas. Amnistía Internacional señala a las fuerzas policiales ecuatorianas por hacer uso de la fuerza durante la represión de las protestas contra el paquetazo, mostrando como evidencia las imágenes de las agresiones policiales.
Jaime Vargas, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, denunció en la cadena de televisión RT, que entre los elementos de represión usados por los uniformados policiales “hay granadas que al activarse expulsan más de cien bolas de goma”. Vargas lamentó que el llamado al diálogo por parte del presidente Moreno se sustente “en una de las peores masacres del Ecuador con un saldo de cinco muertos, 929 detenidos y 554 heridos”.
Estos hechos de represión han convertido a Ecuador en un Estado policiaco. La propia televisión ecuatoriana ha mostrado imágenes del velatorio de dirigente indígena de la CONAIE, Segundo Inocencia Tucumbi, muerto en las cercanías a una universidad en el norte de Quito en las manifestaciones cuando fue impactado por una bomba lacrimógena policial, según testigos, el 9 de octubre durante el paro convocado por la CONAIE. Según versión de diario El Comercio de Quito, Inocencio Tucumbi es originario de la provincia de Cotopaxi, integrante de una de las organizaciones indígenas en la localidad de Yanahurco de Juigua en el cantón Pujilí, Cotopaxi, y desde su juventud se dedicó a labores agrícolas, de jornalero y albañil. Tucumbi murió, según testimonio de Jaime Pallo oriundo de la comunidad indígena, cuando las fuerzas policiales irrumpieron en los exteriores de la Universidad Salesiana, en contra de los manifestantes indígenas y una bomba lacrimógena disparada por un efectivo policial impactó en la cabeza de Tucumbi. “A nosotros nos siguieron hasta la Universidad Salesiana de Quito. Los policías nos siguieron con bombas; y los policías en los caballos dispararon a mi padre en la cabeza. ¡Que todo el Ecuador sepa la verdad!”. Ese es el testimonio de Angel Tucumbi, hijo de la víctima. El cuerpo sin vida de Tucumbi fue llevado a la morgue del Hospital Eugenio Espejo en donde el personal médico de esa casa de salud comunicó telefónicamente del hecho a sus familiares.
La ministra de gobierno dijo que la muerte del dirigente “se produjo por una caída” y se disculpó ante las cámaras en una cadena de televisión: “Esto no puede suceder, los incidentes no van a volver a repetirse de ninguna manera y no tienen ninguna justificación. Una vez que terminen las protestas, se investigará lo sucedido”, dijo la ministra Maria Paula Romo. La Defensoría del Pueblo confirmó la muerte del dirigente indígena, mientras organismos de derechos humanos pidieron al Gobierno “transparentar datos de las víctimas”. La muerte del dirigente indígena Segundo Inocencio Tucumbi pone en entredicho a los miembros del Gabinete presidencial.
El estado policiaco que hoy impera en Ecuador ha recurrido a diversos recursos propagandísticos y comunicacionales para manejar la crisis. Entre los más evidentes está el uso de la distorsión de la verdad con versiones oficiales que no coincide con testimonios que hablan de muertos y centenares de heridos.
En otro caso, se evidencia el uso de la desinformación a través de noticias falsas o sobredimensionadas. El gobierno esta semana habló de la detención de 19 extranjeros -venezolanos y colombianos- en las cercanías del aeropuerto internacional de Quito, que según la versión oficial portaban armas, fotos y datos sobre actividades del Presidente y Vicepresidente de la República lo que fue considerado como parte de “un plan terrorista”. A las pocas horas de la noticia, la Fiscalía General del Estado tuvo que abstenerse de formular cargos y dejar en libertad a 15 de los 19 extranjeros por falta de evidencias y los cuatro restantes quedaron bajo arresto domiciliario hasta la realización de una audiencia en los próximos días en la cual se les formulará cargos por portar celulares conteniendo fotografías con imágenes del presidente Lenin Moreno. La versión de los detenidos es que ellos son taxistas del sistema Uber y que los celulares son elementos de su trabajo.
Entre otros elementos probatorios del estado policiaco imperante en Ecuador, están diversas imágenes fotográficas difundidas en redes sociales mostrando la represión policial. Ejemplo de ello son las fotos del asalto a una vivienda de propiedad privada, cuando la policía antimotines ingresa persiguiendo a manifestantes que trataron de protegerse de la represión. Los elementos policiales irrumpen y lanzan gases lacrimógenos en un domicilio del barrio San Juan en Quito, con riesgo de muerte de sus habitantes que desesperados trataban de evitar la asfixia por acción de los gases que invadieron sus viviendas.
El ex mandatario Rafael Correa se expresó en un video difundido en las últimas horas, exhortando a las FF.AA. a desacatar las órdenes del poder ejecutivo y pidió elecciones anticipadas para superar la crisis. Correa señaló: “La fuerza pública tiene ya que aplicar la objeción de conciencia, no puede seguir reprimiendo a sus hermanos, protegiendo no a la patria, sino a un gobierno acabado por su propia traición, mediocridad y entreguismo y que tendrá que responder por tanta represión”
Estado de propaganda
El gobierno ecuatoriano, en opinión de los ciudadanos, ha trivializado los hechos de la grave represión policial ejercida de manera indiscriminada contra población inocente y desarmada en las calles y casas de la capital ecuatoriana. En cambio, escandaliza hasta el ridículo, acontecimientos sobredimensionando los hechos, como es el caso de los 19 extranjeros, apelando a un estado de propaganda incesante y difundiendo spots en la prensa oficial y en la prensa comercial contratada para esos fines.
El régimen se muestra incapaz de dar respuestas políticas a la crisis y recurre a respuestas policiacas represivas. El presidente Lenin Moreno llama a un diálogo como un distractor de la opinión pública proponiendo conversar “sobre el destino de los fondos ahorrados al suprimir los subsidios a los combustibles”, en consecuencia que sector indígena de la CONAIE quiere discutir la derogatoria del decreto 883 que pone fin a dicho subsidio. Es decir, se trata de una propuesta de diálogo de antemano fallida. La ciudadanía consultada en sondeos de opinión dice en un 72%, que se “suspenda” la vigencia del decreto 883 y el diálogo se inicie desde donde estaban las cosas antes de promulgar las medidas.
El gobierno, en el fondo, no se muestra dispuesto a revisar las medidas económicas y en particular el decreto 883 que determina la eliminación del subsidio a los combustibles. El dirigente socialcristiano Jaime Nebot denunció que “el gobierno dice que el precio de la gasolina y diesel será marcado al precio de la importación internacional, sin impuesto ni aranceles, sin IVA”. Pero en la realidad, según Nebot, “en el decreto 883 se copia textualmente y se mantiene un malhadado reglamento normativo de Petroecuador que dice textualmente que los precios de los combustibles, diesel y gasolinas, se va a fijar al costo de producción de Petroecuador…y a eso le van añadir tributos y le van añadir un margen de comercialización que va desde le cero al ciento por ciento”. Es decir, se evidencia un ocultamiento de información sobre las reales intenciones de las medidas económicas decretadas por el régimen.
Frente a los graves acontecimientos que tienen sumido a Ecuador en un estado policiaco, ha llegado la hora de que la Organización de Naciones Unidas ONU, inicie una investigación imparcial y profunda sobre los hechos represivos que tienen lugar en territorio ecuatoriano y exija al gobierno respetar los protocolos internacionales sobre derechos humanos.
REPRESION POLICIAL EN QUITO
